El ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación, Aníbal Fernández, reveló que desde el gobierno nacional se analiza reformar la legislación vigente (Ley Nº 23.737) para avanzar en dejar de perseguir penalmente a los consumidores de estupefacientes e incluirlos en un sistema de salud. La medida sería un primer paso hacia la despenalización que deberá ser debatida en el Congreso.Fernández hizo el anuncio ante el foro de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en la asamblea extraordinaria del Consejo Económico y Social de aquel organismo que sesionó en Viena. Destacando que seguía instrucciones de la presidenta Cristina Kirchner, expresó: “Debemos terminar con un sistema que atrapa al consumidor y lo criminaliza sin darle tan siquiera el derecho a la salud”, no obstante advirtió que “no es posible despenalizar (el consumo) si antes el Estado no asegura una red social, de salud y laboral que contenga a los más vulnerables”. Así sostuvo: “Vamos a revisar las normas. En nuestro país, a diferencia de Brasil, Uruguay, Suiza o España, que persigue al que tiene un problema de salud igual que al traficante. Esto no puede seguir así y no va a seguir así.” RepercusionesEn la provincia opinaron del proyecto Patricia Caro, de la Fundación Ave Fénix, y Mario Sarli, coordinador técnico del Programa de Prevención y Asistencia a las Adicciones que depende de la Dirección de Integración Comunitaria que encabeza Marcelo Báez.Caro opinó: “Tenemos una ley sumamente benévola con respecto al adicto, que ni siquiera cuando delinque por ser un adicto va preso”, y agregó “de hecho en nuestro país no hay presos por ser adictos, hay presos adictos por cometer otro tipo de delitos comunes como robos o hechos de violencia”. Además señaló que “la falla fundamental en nuestro país está en no tratar al adicto ni al adicto que está preso por otros delitos, por lo cual sale más adicto que cuando entró; y a la medida de seguridad curativa que prescribe la ley vigente, en la mayor parte de las ciudades del país incluida Paraná, no hay dónde aplicarla porque debe tener un período mínimo de dos años y acá el Estado por orden judicial paga sólo un año de tratamiento, por lo cual no se recupera ningún adicto”.Caro consideró que “el adicto en este momento tiene que acreditar que la tenencia es para uso personal, y esta es una tenencia mínima”, y dejó para el análisis: “En el momento en que la tenencia se despenalice, dado que la ley no establece cuánto es el uso personal, yo puedo tener 50 gramos de marihuana y decir que es para uso personal y la ley no puede hacer nada conmigo; pero nadie puede controlar -porque la ley no se puede meter conmigo- si yo de esos 50 vendo la mitad”. Así, advirtió que estaría fomentándose “el tráfico hormiga o minitráfico con lo cual va a aumentar el número de adictos”.Finalmente, Caro opinó que “antes de entrar a analizar si cambiar la ley, que es una de las mejores que hay en el mundo, lo que hay que hacer de una vez por todas es montar suficientes instituciones del Estado gratuitas para rehabilitar adictos”.Por su parte Sarli señaló que el anuncio fue “una manifestación del ministro Fernández, que sostuvo la inconsistencia de la ley para ayudar a la recuperación de los adictos”, y añadió que lo que se quiere es “modificar la Ley 23.737” que prescribe que “una persona que es descubierta con estupefacientes en su poder para consumo personal queda obligada a realizar una medida de seguridad curativa o educativa para ayudar a su recuperación, que en la mayoría de los casos no se cumple o se la realiza para tratar de hacer desaparecer la causa penal correspondiente”.El especialista señaló que “el problema de las adicciones es un tema de Salud, no podemos pasar de la penalización a la despenalización porque eso facilitaría e incrementaría que aumente el consumo”, y opinó que “se deberían, desde Salud, intensificar los programas de prevención”. En este punto evaluó que se deben asignar más recursos para lograr acciones coordinadas de los distintos actores sociales y estatales para brindar “una respuesta sincronizada destinada a lograr una prevención armonizada y no por instancias que trabajen por separado”.
