Un nuevo capítulo se escribió esta semana en Paraná en unatrama en la que con una nitidez hasta ahora inédita se vinculan el narcotráficoy la política . El juez federal Daniel Alonso ordenó el allanamiento a laMunicipalidad de la capital entrerriana, donde secuestraron los teléfonos delintendente Sergio Varisco y su hija Lucía. El magistrado investiga las amenazascontra su colega Leandro Ríos, que sigue a cargo de la causa de narcopolíticaen la que fue procesado el intendente de Cambiemos y parte de su equipo degobierno. El periodista Daniel Enz, director del semanario Análisis, recibió unmensaje similar al de Ríos y se constituyó en querellante en este caso.
La gravedad de las amenazas tiene que ver con la profundidadde la investigación que desentrañó la relación política y el tráfico deestupefacientes entre el narco Daniel Celis y Varisco, junto a otrosfuncionarios del municipio.
Altas fuentes de la justicia federal consultadas por LANACION señalaron que la causa será elevada a juicio antes de fin de año. Setransformará en un caso testigo a nivel nacional de cómo el narcotráfico sefiltró por las grietas del Estado y sobre todo a través de las zonas grises delfinanciamiento de la política, con un sistema de punteros vinculados alnarcotráfico que financian campañas política, realizan obras y manejan parte delos hilos de una intendencia. El caso tiene una gravedad que muchas veces no sedimensiona como tal.
Las amenazas
Se pudo determinar que uno de los teléfonos estaba en elmunicipio de Paraná ese día y a la hora que se hicieron las amenazas y seordenó el secuestro de los teléfonos del intendente y su hija porque en elhorario en el que se produjeron las amenazas tuvieron una actividad bastantellamativa.
Ambos, tanto Enz como el magistrado realizaron sendas denuncias.El periodista de Análisis se constituyó como querellante con el abogado RamiroPereira. Las amenazas al teléfono celular de Enz se produjeron horas después deque tratara el tema de la causa de narcopolítica en el programa Cuestión deFondo.
Otro elemento, según señaló el periodista a LA NACIÓN, esque la amenaza se produjo unos días antes que la Cámara Federal, integrada porlos jueces Mateo Busaniche, Cintia Gómez y Beatriz Aranguren, confirmara elprocesamiento contra el jefe comunal y el resto de los imputados, entre ellos,”Tavi” Celis.
Narcopolítica
El esquema de funcionamiento de la política y su relacióncon el narcotráfico es lo que se aborda en el expediente N° 961/2016.”Quedó plasmado una peligrosa relación entre las actividades políticoelectorales y el negocio ilícito del tráfico de estupefacientes”, señalala causa luego de que Varisco sellara un pacto con Celis, quien fue procesadopor narcotráfico el 3 de julio de 2016.
La afirmación del juez Ríos se basó en un cuaderno que fueencontrado en la casa de la mujer del narco, donde además se secuestraron 3,4kilos de cocaína. En ese cuaderno figura la anotación con fecha 28 de abril de2018 de un viaje para abastecerse de cocaína y se “hace alusión a los40.000 pesos que le entregaron a Lemos en una reunión que mantuvo en laMunicipalidad de Paraná”. A estos apuntes se suman una escuchas telefónicasy mensajes de WhatsApp que fueron obtenidos por la Policía Federal tras allanarla celda de Tavi en la Unidad Penal N°1 de Paraná.
En estas escuchas, en su mayoría conversaciones entre Celisy su pareja, queda probado el acuerdo político que Varisco tenía con estedirigente narco. Según el expediente, esa relación fue más amplia e incluyó elinvolucramiento del intendente y funcionarios y concejales del municipio en lacomercialización de cocaína.
El magistrado señala que “el pacto político (entreVarisco y Celis) de 2015 y 2017 se transformó en un acuerdo comercialilícito”. Estas sospechas se traslucen en las conversaciones y mensajes deCelis desde la cárcel, con su teléfono Samsung que le secuestran el 6 desetiembre de 2017. Un día antes, el narco le hace saber al concejal Hernández“su fastidio” por la falta de “ayuda” del intendente. Lopresiona con que va a dar una entrevista a un canal porteño para contar todaesta trama.
“El 5 de septiembre de 2017 se pudo corroborar queCelis y el intendente habían llegado a un acuerdo económico por la suma de50.000 pesos por mes”, señala el escrito judicial.
“Por fin una buena. Arreglé con el intendente”, leescribe por mensaje de texto Lemos a su pareja, que está en prisión. Tras losallanamientos, y el secuestro de cocaína y los cuadernos y escuchastelefónicas, el juez decidió llamar a indagatoria este lunes a Varisco, a quienen el Concejo Deliberante un sector de la oposición le pidió su renuncia.
