El año comenzó con intensa actividad en los dos tribunales federales de la provincia: se avecinan varios narcojuicios relevantes, con numerosos procesados por comercio de cocaína y marihuana en distintas localidades y también por operaciones desde unidades penales. Entre las causas figuran la organización que lideraba el productor Leonardo Airaldi y la banda que, según la investigación, dirigía desde la cárcel el peruano Wilber Figueroa Lagos.
Para el 19 de febrero está previsto el inicio de un juicio contra dos bandas investigadas en un mismo expediente en el Juzgado Federal de Victoria, que será juzgado por el Tribunal Oral Federal de Paraná. La pesquisa, iniciada en abril de 2023 por la División Toxicología de la Policía de Entre Ríos, puso al descubierto una compleja organización dedicada al comercio de marihuana y cocaína en Victoria. Con el avance de las averiguaciones, se determinó que la estructura estaba dividida en dos facciones; una de ellas operaba desde la Unidad Penal N° 5 y estaba liderada por Jonathan Luque, quien coordinaba el transporte terrestre de estupefacientes desde Paraná hacia Victoria para su fraccionamiento y venta.
En la banda vinculada a Luque están procesadas ocho personas: Luciano Torres y Ayelén Montojo, señalados como los principales eslabones bajo el liderazgo, encargados de la recepción, almacenamiento, fraccionamiento y distribución de los cargamentos en Victoria, principalmente desde un domicilio conocido como “La Cueva”, donde se halló la mayor cantidad de droga. Jorge Sebastián Andino fue identificado como transportista y proveedor; las vigilancias lo ubican realizando viajes desde Paraná para entregar bultos y retirar dinero. Carlos Alberto Torres (padre) está imputado como financista y custodio del dinero ilícito: en su domicilio se secuestraron casi 5 millones de pesos. Mirta Alejandra Rossi (madre) y Magdalena Brassesco habrían cumplido funciones de vendedoras al menudeo y, en ocasiones, de custodias de la droga; escuchas telefónicas las vinculan directamente con la venta de “panes” (marihuana) a clientes. Carlos Mariano Torres (hermano) fue señalado como vendedor y colaborador; se registraron conversaciones con Luciano coordinando entregas y pagos. Mateo Jeremías Torres (otro hermano) está imputado como vendedor y colaborador en el fraccionamiento; en su poder se encontró una balanza digital y picadores.
La otra facción tenía como líder a Juan Alexis Millen. Su liderazgo y base de operaciones se situaban en la Unidad Penal N° 7 de Gualeguay y, además, el grupo operaba en el barrio Las Flores de la ciudad de Paraná. Formaban parte de esa organización Priscila Millen, Facundo Millen y Paola Busto. Al igual que la rama de Luque, se dedicaban al comercio tanto de marihuana como de cocaína. Si bien al comienzo la investigación describía una estructura unificada que se abastecía a través de Jonathan Luque, con el tiempo quedó demostrado que existían estas dos ramas operativas diferenciadas.
El golpe definitivo a la organización se produjo el 19 de diciembre de 2024, cuando múltiples allanamientos simultáneos permitieron el secuestro de más de 9 kilos de marihuana, 815 gramos de cocaína, balanzas de precisión, elementos de corte y una suma superior a los 5 millones de pesos en efectivo.
El juicio está previsto para este jueves, aunque no todos los imputados podrían sentarse en el banquillo: el Tribunal instó a las partes a buscar acuerdos de juicio abreviado. La fiscalía general, a cargo de José Ignacio Candioti, evalúa en este tipo de causas negociar acuerdos con los acusados que tuvieron roles menores y llevar a debate oral a los jefes de la organización narcocriminal.
Caso Airaldi
Tras el rechazo del recurso de casación presentado por la defensora de Leonardo Airaldi, Mariana Barbitta, contra la resolución que ordenó la acumulación de las dos causas contra el productor agropecuario de Diamante (una de Santa Fe y otra de Entre Ríos), todo estaría listo para que el 24 de febrero comience el juicio contra Airaldi y otras 13 personas.
El fiscal general Candioti y los defensores en la audiencia preliminar de diciembre.
Como informó ANÁLISIS, el 24 será el primer día de las ocho audiencias. Están citados en total 51 testigos, quienes declararán sobre las dos causas acumuladas: la investigación sobre la organización que traficaba drogas en Diamante y Paraná, y la causa de Santa Fe vinculada a los 30 kilos de cocaína encontrados en la casa del puestero de Airaldi en Puerto Gaboto. La investigación en el Juzgado Federal de Paraná demandó varios años y concluyó con el procesamiento de los sospechosos por comercio de cocaína. La causa de Santa Fe está relacionada no sólo por el imputado principal, sino porque allí se habría logrado confirmar las sospechas iniciales del expediente en Entre Ríos: que Airaldi, con su puestero José “Pete” Torres, participaba del trasiego de grandes cargamentos de cocaína provenientes de Paraguay, transportados en embarcaciones o aeronaves en acuerdos con organizaciones narco de Rosario, utilizando sus campos e islas en el Delta (zona de Las Cuevas), así como su infraestructura y personal.
Candioti, junto con el fiscal adjunto Juan Podhainy, acusarán a la banda; en este caso también se evalúan posibles acuerdos con los eslabones más bajos de la organización. Los otros acusados son: Cristian Sánchez, Sebastián Agustín Armocida, Joel Damián Schonfeld, Gonzalo Olivero, Juan Andrés Erbes, Marino Martínez, María Soledad Touzet, Emanuel Enrique Cuello, José Nicolás Godoy, Armando Marcelo Balcaza, Roberto Fabián Coronel y Carlos David Schumacher.
De Buenos Aires a Concepción del Uruguay
Para abril, el Tribunal Oral Federal de Concepción del Uruguay tiene previsto juzgar a una banda desbaratada en 2023 y liderada por Wilber Figueroa Lagos, el peruano condenado en la conocida causa Narcomunicipio: según la acusación, era el enviado del proveedor del Bajo Flores de Buenos Aires para cobrar la deuda de Daniel Celis, quien se habría financiado con un acuerdo político con el exintendente, ya fallecido, Sergio Varisco.
La investigación se inició a partir de información de Gendarmería Nacional sobre ventas de drogas en un domicilio de Concepción del Uruguay y permitió detectar una organización criminal encabezada por Figueroa Lagos que se proveía en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, para luego transportar la droga hacia Concepción. Desde allí se distribuía a otros puntos de Entre Ríos y, en menor medida, a consumidores finales.
Desde la cárcel, Figueroa Lagos siguió en contacto con grupos peruanos de Buenos Aires y organizaba la llegada de cargamentos de cocaína a Entre Ríos.
Según la imputación, contaba con la colaboración de Elena Micaela Salas, Marta Susana Páez, Cristian Alberto Domínguez, Johanna Heydi Medrano Mendoza y Yhosselei Shirley Gallo González. El 29 de noviembre de 2023 se detuvo a un colectivo de larga distancia en el que se trasladaban Gallo González y Medrano Mendoza con algo más de un kilo de cocaína; ese hecho desencadenó allanamientos que terminaron con resultados positivos y la detención del resto de los imputados.
En la acusación se señaló que Figueroa Lagos “era el organizador y financista de dichas actividades ilícitas, desde la Unidad Penal N° 1 del Servicio Penitenciario de la Provincia de Entre Ríos situada en la capital provincial. Entre sus funciones estaba la de planificar y gestionar los viajes de quienes oficiaban de ‘mulas’, la distribución y manejo del dinero”.
Gallo González estaba con prisión domiciliaria y se fugó a la República del Perú, donde fue detenida el 13 de mayo de 2025. Desde el Juzgado Federal de Concepción del Uruguay, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, se gestionó el pedido formal de extradición para juzgarla.
El debate comenzará en abril, con la acusación de la fiscal general subrogante Josefina Minatta.
La fiscal federal de Concepción del Uruguay, Josefina Minatta, subroga en la fiscalía general del Tribunal Oral Federal y tiene a su cargo la acusación en los juicios.
Otra causa importante dio lugar la semana pasada a un acuerdo de juicio abreviado cuya homologación se conocerá próximamente. Involucraba a nueve personas acusadas de integrar una organización destinada a la distribución y comercialización de drogas en Villaguay, Concordia y Concepción del Uruguay. Varios imputados mantienen vínculos familiares —parejas, hijos, hermanos, sobrinos o tíos— y a cuatro de ellos se los acusa de operar desde el interior de dos cárceles ubicadas en Concepción del Uruguay y Gualeguaychú.
Luis Eduardo Tenis, Marcos Benítez y su pareja Liliana Estefanía Ramírez fueron señalados como organizadores. Maximiliano Daniel Benítez, Nélida Vanesa Vallejos, Andrés Ismael Ramírez, Juan Alberto Arellano y Héctor Fabián Bogao están acusados de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravada por la intervención organizada de más de tres personas. En tanto, Eliseo Lucas Rafael Arellano fue señalado como coautor del mismo delito agravado, además, por el lugar de comisión.
Cabe destacar que ambos Tribunales están integrados por tres jueces: tras las jubilaciones de Lilia Carnero y Roberto López Arango, todavía no fueron designados nuevos magistrados. Los actuales son Noemí Berros, Mariela Rojas y Jorge Gallino. En algunos procesos, el Tribunal se completa con vocales de otras provincias; es el caso del juicio por Airaldi, en el que participará el juez santafesino Luciano Lauría.
