Un nuevo aumento de tasas a nivel municipal reavivó las tensiones con las cadenas comerciales, que desde hace más de un año vienen advirtiendo por el fuerte incremento de la presión tributaria en diversas localidades del país. En este caso, el Municipio de Pilar aplicó un aumento significativo en la Tasa de Protección Ambiental que cobra por cada ticket emitido en las grandes cadenas de supermercados, repercutiendo finalmente en los consumidores.
La normativa vigente reemplazó el esquema de monto fijo por módulos y estableció una alícuota del 2% sobre cada operación, calculada sobre el importe neto del Impuesto al Valor Agregado. Las cadenas comerciales recibieron la notificación oficial con efectos desde el 1 de diciembre de 2025, lo que generó un fuerte malestar en el sector y motivó el envío de una carta formal a la Secretaría de Hacienda local para solicitar una revisión urgente del régimen.
La modificación surge de la Ordenanza Fiscal e Impositiva N°112/25, que eliminó el sistema de módulos para todas las operaciones perfeccionadas desde el 1 de diciembre en adelante. Según la comunicación municipal, los agentes de percepción —las cadenas— tienen tiempo hasta el 15 de diciembre de 2025 para adaptar sus sistemas y volver a cumplir sus obligaciones con normalidad. Ese plazo provocó preocupación entre los supermercados, que sostienen no contar con margen suficiente para implementar los cambios necesarios.
La medida adquirió mayor relevancia porque la nueva percepción del 2% se aplica sobre cada venta realizada en supermercados, hipermercados, shoppings, hoteles, industrias, empresas de servicios y universidades privadas designadas como agentes de recaudación. El tributo incide directamente en el precio final que pagan los vecinos de Pilar, al sumarse a cada ticket sin un mínimo no imponible. Ese punto fue duramente cuestionado por el sector, dado que quedan alcanzadas todas las operaciones, incluidas las de bajo monto.
La noticia motivó que la Asociación de Supermercados Unidos (ASU) remitiera una carta a la secretaria de Hacienda, Anahí Moretti, para solicitar una audiencia “en forma urgente”. En el documento, firmado por el director ejecutivo Juan Vasco Martínez, la entidad advirtió que la aplicación de la alícuota del 2% genera “graves perjuicios” para los vecinos de Pilar y explicó que los supermercados afrontarán problemas operativos severos por la falta de tiempo, de especificaciones técnicas y de reglamentación complementaria.
ASU sostuvo que la medida provocará un encarecimiento directo de los productos vendidos dentro del municipio, ya que el 2% se suma a cada operación y se traslada de inmediato al consumidor. La entidad destacó que los vecinos perderán poder adquisitivo, especialmente en compras habituales de bajo monto, y volvió a señalar que la ausencia de un mínimo no imponible perjudica a quienes realizan operaciones pequeñas, porque la tasa se aplica sobre cualquier importe.
Al igual que cuando rigió un monto fijo —que había ido aumentando y se ubicaba en torno a $60—, los supermercados informarán a los consumidores sobre estos cambios mediante cartelería, salvo que el municipio decida dar marcha atrás con la medida.
Otro efecto señalado en la carta fue el impacto sobre las campañas comerciales con precios redondos, una práctica central en diciembre. La entidad puso como ejemplo una caja navideña publicada a $10.000, que pasará a costar $10.165,28 al incluir la percepción. Cabe aclarar que el 2% se aplica sobre el precio neto de IVA. Según ASU, esa diferencia generará malestar en los clientes y provocará que algunos cancelen compras en la línea de cajas por no contar con el dinero extra o por el enojo ante el cargo adicional.
De hecho, el esquema de monto fijo vigente hasta ahora ya generaba reclamos entre los consumidores, quienes en la línea de caja solían cuestionar la tasa, indicaron las fuentes consultadas.
El documento de ASU también señaló que la nueva percepción contradice los principios del Régimen de Transparencia Fiscal, que exige que el cliente conozca de antemano cuánto pagará por cada concepto incluido en el precio. Al aplicarse la tasa en la línea de cajas, los supermercados sostienen que pierden claridad en la comunicación de precios y afrontan un escenario de confusión entre los compradores.
En materia operativa, la entidad afirmó que el Municipio informó el fin del sistema por módulos recién el 3 de diciembre, aunque la medida rige desde el día 1. Esa simultaneidad, según las cadenas, las dejó sin tiempo para “desconectar” el régimen anterior y preparar el nuevo. La carta detalló que cualquier cambio en los puntos de venta exige un proceso extenso que incluye diseño, cotización, aprobación presupuestaria, desarrollo, instalación en laboratorio, validación, correcciones y despliegue en todas las tiendas. Por ese motivo, la asociación pidió un plazo mínimo de tres meses desde la entrega de las especificaciones técnicas completas por parte del Municipio.
ASU informó además que, al 4 de diciembre, no había recibido reglamentación sobre mínimos no imponibles, exclusiones ni los diseños de registro necesarios para confeccionar los archivos que deberán presentarse en el Portal de Autogestión. Sin esa información, los equipos de sistemas no pueden iniciar desarrollos. La entidad advirtió que incluso resulta complejo determinar el importe neto en ventas a consumidor final, porque los tickets no discriminan ese cálculo.
Competencia desleal
El sector alertó sobre un problema adicional: la competencia desleal. El nuevo régimen alcanza únicamente a supermercados, hipermercados y otras actividades específicas, mientras que comercios como almacenes, locales de electrodomésticos, casas de deporte, pañaleras, bazares, ferreterías, pinturerías, pet shops, jugueterías y carnicerías no deben cobrar el 2%. Según la entidad, esa diferencia perjudica directamente a los supermercados, sobre todo en productos de alto valor. Para ilustrar la situación, mencionó que una heladera de $1.500.000 suma casi $25.000 adicionales por la percepción, lo que desalienta la compra frente a comercios no alcanzados.
ASU también evaluó el impacto en operaciones con billeteras digitales y promociones bancarias. En el caso de Modo, los reintegros se calculan sobre el total cobrado sin distinguir conceptos, por lo que el supermercado recibe un monto menor pero debe ingresar igualmente el 100% de la percepción al Municipio. Ese desfasaje genera costos adicionales para las cadenas.
Otro punto citado fue el posible encarecimiento de compras a proveedores radicados en Pilar, que podrían aplicar la percepción del 2%. La asociación recordó que una resolución previa había excluido a los supermercados cuando actuaban como agentes, pero señaló que el Municipio aún no definió si mantendrá esa exclusión. Si el régimen no contempla excepciones, aumentarán los costos de abastecimiento.
Además, ASU indicó que el artículo 323 de la Ordenanza Fiscal menciona los servicios vinculados a la tasa, mientras que el artículo 331 establece que los fondos integran recursos de Libre Disponibilidad, lo que amplía el margen de uso de la recaudación.
Ante ese conjunto de factores, ASU solicitó dejar sin efecto la nueva aplicación del tributo. En caso de no recibir una respuesta favorable, pidió suspender o prorrogar la entrada en vigencia hasta el 1 de marzo de 2026 para disponer del tiempo técnico necesario de adecuación.
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