Este domingo, el Gobierno reglamentó la Ley de Inocencia Fiscal, tras el revuelo generado en los últimos meses por la actualización del 100.000% en el monto de las multas automáticas, que había encendido las alarmas sobre todo entre las pequeñas y medianas empresas. Las pymes manifestaron una fuerte preocupación por el impacto que esas sanciones podrían tener en su actividad cotidiana.
La implementación del Capítulo III, del título II de la Ley 27.799 se oficializó esta madrugada mediante el decreto 93/2026, publicado en el Boletín Oficial.
Ante la situación planteada por las pymes, el Gobierno ordenó eliminar la automatización en la emisión de intimaciones para los contribuyentes que no sean considerados relevantes para la recaudación nacional. La medida busca modificar los procedimientos sancionatorios y atenuar el efecto sobre las pequeñas y medianas empresas, otorgándoles un trato diferencial en la aplicación de multas.
En consecuencia, las intimaciones automáticas no se remitirán de forma indiscriminada a todos los contribuyentes: el análisis será caso por caso, excluyendo a las pymes de la automatización y permitiéndoles corregir su situación antes de recibir una sanción formal. Esta diferenciación administrativa pretende evitar que los actores económicos de menor tamaño sean sujetos a las mismas reglas que los grandes contribuyentes.
En lugar de intimaciones automáticas, se enviarán recordatorios para que el contribuyente regularice su situación antes de que se inicie la instrucción del sumario para la aplicación de la multa.
Desde el Ejecutivo explicaron que este mecanismo reemplaza la intimación automática por un aviso previo, incentivando la regularización voluntaria y buscando un equilibrio entre la fiscalización y la protección de la actividad económica de las pymes.
Además, las pymes quedarán exentas de sanciones cuando presenten la declaración jurada y paguen el tributo en tiempo y forma o, en su defecto, adhieran a un régimen de facilidades de pago. Aquellas pequeñas empresas que detecten errores en sus declaraciones tendrán un plazo para rectificarlos: si lo hacen antes de que ARCA identifique la diferencia, esa situación no será considerada una “discrepancia significativa” y no perderán la presunción de exactitud.
El consenso alcanzado en el marco de la Ley de Inocencia Fiscal pretende proteger a las pymes sin resignar la capacidad del Estado para controlar y fiscalizar. La instrucción de no automatizar la emisión de multas para los contribuyentes menos relevantes busca preservar el equilibrio entre la recaudación fiscal y la protección del empleo y la producción. Se remarcó que los procedimientos de control y sanción deben aplicarse con criterios de razonabilidad, evitando que la automatización genere injusticias o agrave la situación de los sectores más vulnerables.
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Cómo deben hacerse las operaciones con los dólares del colchón y qué pasa con los monotributistas
El Ejecutivo también definió los pasos para que los argentinos incorporen al circuito formal los dólares guardados fuera del sistema bancario y detalló los incentivos para quienes tributen bajo el Régimen Simplificado de Ganancias (RSG). La medida apunta a canalizar hacia el sistema financiero los aproximadamente USD 170 mil millones que se encuentran fuera del circuito formal, una cifra cercana al triple de los depósitos privados actualmente registrados en el país.
Las autoridades esperan que la reglamentación fortalezca el crédito y contribuya a la reactivación económica. El decreto introdujo además cambios en los umbrales penales vinculados a la evasión fiscal: el mínimo para que una evasión simple sea considerada delito pasó de $1,5 millones a $100 millones. Las causas anteriores a la publicación del decreto pueden solicitar la aplicación de la ley penal más benigna, siempre que la norma haya sido publicada en el Boletín Oficial. El nuevo umbral se ajustará anualmente mediante un método específico.
En lo operativo, el decreto establece que, para utilizar los dólares fuera del sistema, los contribuyentes deberán “bancarizarlos”, es decir, integrarlos al sistema financiero nacional. Esa bancarización podrá realizarse tanto en el origen como en el destino de los fondos.
Una fuente de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) explicó a Infobae que los contribuyentes podrán optar por depositar los dólares en su cuenta bancaria antes de transferirlos o girar el dinero directamente a otra persona, siempre que el circuito sea trazable.
La exigencia responde a recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y del Fondo Monetario Internacional (FMI), que sostienen que la trazabilidad de los fondos reduce los riesgos asociados al lavado de activos y a la financiación del terrorismo.
La magnitud del ahorro informal fue destacada por Caputo en diálogo con Radio Mitre, donde estimó que existen USD 170 mil millones fuera del sistema, mientras que los depósitos privados alcanzan los USD 67 mil millones. El ministro afirmó: “Hay casi tres veces el nivel de depósitos que hay en el sector privado en los colchones. Imaginate si eso fuera en los próximos meses al sistema financiero, ni te digo todo, la mitad de eso, los problemas de la Argentina se solucionarían”.
Para adherir al RSG, la normativa exige ingresos anuales menores a $1.000 millones, un patrimonio inferior a $10.000 millones y no estar calificado como gran contribuyente. Solo se computan los ingresos propios, sin considerar los percibidos como intermediario. Entre los beneficios para quienes se incorporen al régimen figuran la presunción de exactitud y el efecto liberatorio del pago, además de precisiones sobre los supuestos en que se aplica la figura de discrepancia significativa.
El impacto para los monotributistas es especialmente relevante. Los pequeños contribuyentes que quieran ingresar dólares al sistema deberán inscribirse previamente en el RSG; de lo contrario, quedarán sujetos a posibles controles fiscales. Una fuente oficial advirtió: “Los pequeños contribuyentes tendrán que evaluar qué les conviene más: sacar los dólares del colchón y pagar más impuestos o no hacerlo y correr el riesgo de ser investigados”. Las autoridades confían en que la mayoría de este sector optará por regularizar su situación.
Queda pendiente confirmar si los lineamientos de la reglamentación satisfacen las expectativas de las entidades bancarias privadas o si la Unidad de Información Financiera (UIF) deberá dictar nuevas instrucciones, en un contexto de transición en su conducción. Se espera que en los próximos días ARCA publique nuevas Resoluciones Generales para ajustar y precisar el régimen en marcha.
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