Durante el primer semestre de 2025, el Servicio Penitenciario Federal registró 22 muertes en sus instalaciones, según el informe semestral de la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin). Este documento revela un deterioro constante en las condiciones de detención, destacando un predominio de fallecimientos por causas no traumáticas y un promedio de edad bajo entre los casos violentos.
Las muertes ocurrieron en 13 de las 29 unidades penitenciarias federales. El Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza fue el que concentró la mayor cantidad, con cinco casos, seguido por los complejos de Marcos Paz y Campo de Mayo, que registraron tres cada uno. De los 22 fallecidos, 21 eran hombres y una mujer; entre ellos se encontraba un joven chileno de 21 años que falleció por quemaduras.
El promedio de edad de los fallecidos fue de 54 años. Sin embargo, en los casos de muertes violentas, que suman tres, esa cifra desciende a 23, lo que subraya la preocupación por la vulnerabilidad de la población joven en contextos de encierro. El informe también detalla que 15 de los fallecidos cumplían condena firme, mientras que los restantes se encontraban en prisión preventiva.
Un aspecto crítico del informe es la responsabilidad del Estado en las muertes no traumáticas. De los 22 casos, 16 se atribuyen a problemas de salud, tres a causas violentas, y en tres no se pudo obtener información suficiente para su clasificación. La Procuvin ha presentado una denuncia por la muerte de un detenido con linfoma de Hodgkin, para investigar posibles negligencias médicas o abandono.
Desde 2013, la Procuraduría realiza un seguimiento sistemático de las muertes en los establecimientos del SPF. Los datos de este año son preocupantes: aunque en 2023 se registraron 30 muertes anuales, en 2024 esa cifra se elevó a 40, y las proyecciones para 2025 indican que podría superarlas si no se implementan medidas urgentes. La fiscalía considera “inusual” el número de 2023 y advierte que el aumento posterior sugiere un posible retorno a niveles críticos.
Los datos confirman una constante inquietante: el sistema penitenciario federal sigue enfrentando serias deficiencias en el acceso a la salud, la prevención de la violencia y en las condiciones materiales de los internos. La Procuvin enfatiza que cada muerte en contexto de encierro requiere una investigación penal para evaluar la posible responsabilidad estatal, ya sea directa o indirecta.
En un entorno político que busca endurecer el régimen carcelario, el informe es especialmente relevante, ya que señala que la mayoría de las muertes no son resultado de conflictos internos, sino de condiciones estructurales de abandono. La fiscalía especializada sostiene que estas muertes no deben naturalizarse y que es esencial implementar políticas urgentes de prevención y rendición de cuentas.
