El Ministerio Público Fiscal ha decidido abrir una causa penal tras la presentación del Tribunal de Cuentas de Entre Ríos. Esta acción se basa en un informe de auditoría elaborado por la Comisión Fiscalizadora del Instituto Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper), que alertó sobre la presunta existencia de sobreprecios en la contratación de servicios de provisión de prótesis para sus 300 mil afiliados.
El fiscal Gonzalo Badano se encargará del caso, que representa la primera causa penal relacionada con la gestión de Iosper bajo la dirección de Fernando Cañete, quien estuvo al frente hasta diciembre de 2024, junto con otros seis directores sindicales: Adriana Hepp, representante de los docentes y avalada por la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer); Adrián Gómez, que representa a los municipales, procedente de la Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales (Festram); Clara Luz del Valle Quintero, por los jubilados en representación de la Federación de Jubilados y Pensionados de Entre Ríos; Ángel Iturria, que aboga por los activos y retirados de la Policía; Carina Alejandra Isaurralde, en nombre de los trabajadores del Iosper; y Fabián Monzón, que representa a los activos del Poder Ejecutivo a través de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN).
La intervención, liderada por el abogado Mariano Gallegos desde diciembre, centró sus críticas en la forma en que Iosper contrató los servicios de provisión de prótesis, sospechándose que estaban inflados en su precio.
La Comisión Fiscalizadora, designada por el Poder Ejecutivo en Iosper, comunicó al Tribunal de Cuentas de Entre Ríos sobre las irregularidades detectadas en prestaciones de prótesis que fueron pagadas pero no entregadas a los afiliados. Esta maniobra, catalogada como “irregularidades”, supuestamente involucró a la anterior gestión de la obra social y a la Asociación de Proveedores de Ortopedia, Cirugía e Insumos de Entre Ríos (Apocier). Los resultados de una auditoría interna revelaron que, al 10 de diciembre pasado, Iosper tenía un total de 1.022 cirugías abiertas en el sistema, es decir, “pendientes” debido a la falta de entrega de los elementos requeridos (prótesis/material protésico), con un total de 1.441 solicitudes. Hasta esa fecha, Iosper cumplió con el pago de la cápita sin objeciones.
La Fiscalizadora señala que el acuerdo entre Iosper y la Asociación de Proveedores de Ortopedia estaba establecido en la resolución N°121/2016 del directorio de la obra social. En su primera cláusula, se estipulaba que el prestador se comprometía a proporcionar a los beneficiarios de Iosper las prótesis y materiales protésicos necesarios, sin límite de cantidad ni cupos mensuales, con un plazo máximo de entrega de 48 horas.
El informe destaca que la modalidad de contratación fue “por cápita”, lo que significa un pago fijo por cada beneficiario, asumiendo ciertos riesgos entre las partes. En caso de baja demanda por parte de los afiliados, Iosper abonaba de más, mientras que el prestador asumía costos adicionales en caso de alta demanda.
Además, se documentan observaciones previas del Tribunal de Cuentas respecto a los beneficios que obtuvieron los proveedores, quienes podían dejar “en espera” al afiliado que necesitara una prótesis.
Se detalla que existe un proceso específico según el tipo de lesión, en el que se identifica la institución que puede cubrir la necesidad. Pasado este paso, el afiliado acude a la institución correspondiente, que se encarga de solicitar la cirugía y la prótesis para la auditoría. Inicialmente, el sistema muestra que el proceso está “iniciado” con un formulario específico.
Una vez que es revisado por el auditor médico, el estado cambia a “en Observación”, con tres posibles resultados: autorización, rechazo, o mantenimiento en observación por la falta de documentación. Esta prolongación del proceso puede deberse a razones económicas del prestador, en lugar de las necesidades del afiliado. En muchos casos, se requería cotización del elemento a un único proveedor, lo que complicaba aún más el proceso de adquisición.
El informe sostiene que esta demora se tradujo en una cobertura del 40% de las solicitudes requeridas en el mes, acumulando pedidos insatisfechos. Cuando la demora era evidente, el estado cambiaba a “Autorizada”, aunque la situación no se modificaba realmente, ya que la prótesis seguía sin ser entregada.
Se argumenta que esta complicidad entre el prestador y el Instituto minimizaba el riesgo de pérdidas mensuales para el primero, proveyendo solo hasta un límite determinado, ignorando así las estipulaciones contractuales y sin ningún tipo de sanción por parte del Instituto.
Esta situación desfavorable expuso a los afiliados a retrasos significativos en sus cirugías y, al Instituto, le implicó un perjuicio económico que deberá ser cuantificado, ya que los días de demora coincidían con pagos correspondientes a tratamientos. En algunos casos, se recurrió a acciones legales que generaron costos adicionales, obligando al Instituto a adquirir prótesis de otro proveedor cuando debían haber sido provistas dentro de lo que ya se había pagado.
El informe concluye que es crucial continuar con una segunda revisión para identificar aquellos casos en los que la necesidad de atención médica ya no es vigente, ya sea por decisión del afiliado de recurrir a recursos propios o por su fallecimiento, debido a los significativos retrasos de la obra social.
La Fiscalizadora indica en su dictamen más severo que la información recopilada revela una maniobra dilatoria, beneficiando al prestador para cumplir el contrato dentro de los límites establecidos, retrasando las prestaciones que excedieran la cantidad acordada. Este proceso generó una situación crítica, acumulando requerimientos de salud insatisfechos y trasladando la decisión de su efectividad al prestador, en vez de al Instituto, que debía ser el encargado de gestionar el acceso de los afiliados.
Las irregularidades, señala el informe, aumentan de magnitud al observarse la cantidad de prestaciones insatisfechas entre afiliados que, además de sus aportes obligatorios, están dispuestos a pagar una cuota adicional con la esperanza de obtener un mejor plan de salud.
