Los Arenales son hoy son propiedad del empresario Sergio Lisfchitz y del que este gobierno desistió por decreto 7.560 en noviembre de 2005. La nota de la fiscal se da a raíz de la presentación de la doctora Ema Barbagna, que promovió junto a otros abogados acciones judiciales por considerar que el decreto es “inconstitucional” . Ahora bien, Mizawak aclara que la Fiscalía “no otorgó nada, simplemente desistió de un proceso por considerar que en aras del interés general de los vecinos de esta provincia, no son convenientes los pleitos judiciales entre el Estado provincial y los municipios”. Entiende, en cambio, que “trabajo mancomunado beneficia a todos” y por eso espera que “las tratativas para sumar una playa más a la ciudad a través de un acuerdo con la Municipalidad y el propietario llegue a feliz término”. A mediados del año pasado, la Comuna informó que iniciaría negociaciones con el propietario de Los Arenales –donde se construye un barrio privado– con el fin de que el público pudiera tener acceso al río en el lugar, pero aún no hay novedades al respecto. COSTOS. Sostiene Mizawak que “el juicio nunca estuvo detenido” en su gestión, sino que “como faltaba notificar a demandados en Buenos Aires, la cuestión se demoró por no ser correctos los domicilios y entonces se efectuaron una serie de diligencias judiciales para ubicarlos”. En eso estaban cuando el Poder Ejecutivo opta por “instruir el desestimiento” –que fue aceptado por los demandados– pues “estamos frente a un problema complejo, como todo litigio de resultado incierto, con antecedentes administrativos contradictorios y que comprometen la situación del Estado provincial”. Remarca la fiscal que, de continuar el juicio “lo terminarán pagando los contribuyentes, gane la Municipalidad o la provincia, habrá costosos honorarios y planteos de daños y perjuicios por el inversor privado, adquiriente en subasta judicial y autorizado mediante decreto municipal al desarrollo del emprendimiento”. CONFLICTO. Explica la fiscal que en 1994 el entonces intendente Julio Solanas y el presidente del Banco Municipal, contador Centurión, deciden vender el inmueble en cuestión mediante un crédito bancario con garantía de hipoteca pero el comprador (Bunge, representante de Los Arenales SA en formación) no paga las cuotas. Se inicia un juicio por ejecución hipotecaria –en trámite en el Juzgado Civil y Comercial 4–, el terreno sale en venta en subasta pública y lo adquiere por remate Sergio Lifschitz. Después, en 2000, el intendente Sergio Varisco le otorga un permiso de uso para que lleve adelante el emprendimiento inmobiliario Amarras del Sol (barrio privado) por decreto 641, pese a que la comisión de aplicación del Código de Edificación Municipal hace observaciones. En 2003, la Fiscalía de Estado a cargo del doctor Sergio Avero, “pese a tratarse de una acción real de reivindicación, que se debe entablar únicamente ante el actual poseedor”, promueve un juicio contra la Municipalidad de Paraná, el Banco Municipal, Paraná Fiduciaria SA, Sergio Lifschitz, Miguel Bunge, Los Arenales SA en formación, Mirta Martino y Víctor Badano. Pero como “la Fiscalía en su anterior gestión no integra totalmente la litis por cuanto faltaba notificar demandados”, el tema se fue demorando hasta que en noviembre de 2005 el gobernador Jorge Busti firmó el decreto instruyendo a la fiscal a que desista del juicio. INVITACIÓN. La Asamblea Ambiental de vecinos, que está analizando acciones para “recuperar” a Los Arenales como playa pública, resolvió en la sesión del martes 6 invitar a la fiscal de Estado, Claudia Mizawak, a dialogar con los vecinos en la asamblea a realizarse el martes que viene. Y para más adelante piensa convocar a una reunión ampliada con la participación de todos los actores en el proceso. La Asamblea de vecinos se conformó en agosto de 2006 para pensar el proyecto termal para el Parque Nuevo. Ahora, están estudiando la cuestión de Los Arenales.
