La Defensoría General ha firmado convenios de colaboración que refuerzan las iniciativas destinadas a promover el respeto por los derechos humanos de las personas con restricción de libertad.
El Ministerio Público de la Defensa (MPD) de Entre Ríos implementará nuevas acciones para fortalecer la prevención de la tortura y los tratos crueles hacia aquellas personas privadas de libertad en la provincia. En una reunión reciente, el defensor general, Maximiliano Benítez, selló convenios con representantes del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT) y su contraparte provincial.
Junto a la delegación del CNPT, el MPD firmó un convenio marco de colaboración, así como otro específico que permite a la Defensoría General utilizar el Sistema Informático de Prevención de la Tortura (SIPRET), desarrollado por el organismo nacional. Esta incorporación facilitará la creación del Registro de Casos de Violencia Institucional, establecido en el “Protocolo de Actuación para Defensores Públicos ante casos de Violencia Institucional”, conforme a la Resolución 042/2019.
Para la puesta en marcha de este sistema, se llevaron a cabo reuniones en las que el CNPT brindó asistencia técnica y se intercambiaron metodologías relacionadas con el Registro Nacional de Tortura y Malos Tratos, el cual se aplicará a nivel provincial.
Además, Benítez y el presidente del Comité Provincial, el senador Juan Pablo Cosso, firmaron un convenio de colaboración destinado a implementar acciones que ayuden a prevenir la tortura y los tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes en Entre Ríos. Esta decisión se enmarca en la Ley Nacional Nº 26.827, la Ley Provincial Nº 10.563 y su modificatoria Nº 11.059, así como en la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos y Degradantes (UNCAT) y su Protocolo Facultativo (OPCAT).
Con este acuerdo, ambas instituciones trabajarán juntas para promover los derechos humanos de las personas privadas de libertad y prevenir la tortura, lo que incluye el intercambio de información, experiencias y el desarrollo de actividades de monitoreo y supervisión, investigación, capacitación y asistencia técnica.
Es relevante recordar que en 2019 el Defensor General aprobó el Protocolo de Actuación para Defensores Públicos ante casos de Violencia Institucional, que estableció pautas de intervención y registro de denuncias de violaciones de derechos en el contexto de restricciones de libertad y autonomía.
En esa misma línea, en 2024, el MPD, junto con otros organismos de los poderes Ejecutivo y Judicial, definió criterios de intervención para situaciones que involucran a personas con crisis de salud mental y/o problemas de consumo de drogas en el espacio público, con un enfoque en la actuación policial.
A la reunión asistieron, además de Benítez, el defensor de Coordinación, Gaspar Reca Ríos, y Lucía Tejera, responsable del Registro de Casos de Violencia Institucional. Por el CNPT, estuvieron presentes las comisionadas Rocío Alconada Alfonsín y Natalia Gabellini, así como el comisionado Kevin Nielsen; mientras que por el Comité Provincial participaron la comisionada Sofía Stamatti y los comisionados Ignacio Journé y Juan Pablo Cosso.
