El Ministerio de Justicia informó que la Subsecretaría de Derechos Humanos “reiteró ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos el pedido de cese de la medida que mantiene a Milagro Sala bajo prisión domiciliaria desde 2017, para que su prisión sea efectiva y termine de cumplir su condena tras las rejas”.
La Subsecretaría de Derechos Humanos está a cargo de Joaquín Mogaburu, quien debió renunciar a su cargo de secretario del Tribunal Oral Federal 7, en la que se tramita la causa “Cuadernos” para asumir como funcionario, en reemplazo de Alberto Baños, quien fue desplazado en diciembre pasado.
Milagro Sala está presa desde enero de 2016, poco después de que Gerardo Morales asumiera como gobernador de Jujuy y Mauricio Macri como presidente. Fue detenida durante un acampe que realizaba junto a su agrupación Tupac Amarú en reclamo por la continuidad de las cooperativas en la provincia. Sala sostiene que está presa por “ser negra y coya”.
En un comunicado, el Ministerio de Justicia a cargo de Mariano Cúneo Libarona, recordó que Sala está “condenada por delitos vinculados a asociación ilícita, fraude a la administración pública, extorsión y amenazas”. “Debería estar cumpliendo su condena en la cárcel, sin privilegios, como ocurre con el resto de los delincuentes”, señalaron desde la cartera, en línea con la narrativa punitivista del Gobierno.
En los diez años que lleva privada de su libertad, Sala perdió a su hijo Sergio en 2023 y a su marido, Raúl Noro, en 2024, y fue internada en varias oportunidades; la última vez fue en diciembre del año pasado en el Hospital de Gonnet, en La Plata, tras una descompensación por problemas crónicos de circulación sanguínea.
Sala reside en La Plata desde 2023, adonde fue autorizada a trasladarse por la Justicia para recibir atención médica especializada. En mayo de 2025, la Corte Suprema de Justicia convalidó la pena unificada de 15 años de prisión e inhabilitación absoluta.
La defensa de Milagro Sala argumentó en reiteradas oportunidades el “hostigamiento judicial” del que es víctima la dirigente social. Para el Ministerio de Justicia “Sala violó las condiciones de la prisión domiciliaria al cambiar de ubicación sin autorización del juez”.
La cartera que encabeza Cuneo Libarona planteó que “esta medida de la Corte Interamericana se transformó en un claro beneficio que mantiene en la comodidad de su hogar a un criminal (SIC) que robó a los pobres, pese a tener una condena firme”. El texto concluye con una frase remanida, que es una de las consignas de La Libertad Avanza: “Hay un solo lugar para los criminales: la cárcel”.
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