A más de 24 horas del fallo de la Corte Suprema que ratificó la condena de seis años de prisión y la inhabilitación para ejercer cargos públicos contra Cristina Kirchner, decenas de militantes se congregan en las afueras de la residencia de la ex presidenta.
Con cánticos y banderas, diversas agrupaciones kirchneristas se manifiestan en la calle San José al 1100, en el barrio porteño de Constitución, para llevar a cabo una nueva vigilia nocturna frente al edificio donde reside la líder del PJ.
Varios grupos marcharon desde distintos puntos del Conurbano para sumarse a la concentración que había comenzado antes de conocerse la decisión del máximo tribunal, cuando la ex mandataria aún se encontraba en la sede del PJ.
Una de las columnas más destacadas que se dirigía hacia la intersección de Humberto Primo y San José era liderada por dos referentes cercanos al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof: Jorge Ferraresi y Mario Secco, lo que envía un claro mensaje en el contexto de la interna del peronismo, que se vivía antes de la ratificación de la condena.
Al grito de “el que no salta votó a Milei,” Cristina Kirchner salió nuevamente al balcón de su departamento y saludó a los militantes agrupados en la vereda.
Este clima se desarrolla en el contexto de la movilización que dio pie a la habitual marcha de los miércoles de jubilados, a la que se unieron los trabajadores del Garrahan. Varias agrupaciones se acercaron a la zona de Plaza de Mayo para respaldar ambas demandas, manifestándose en contra de la decisión de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.
Es importante recordar que el fallo del máximo tribunal estableció una condena de seis años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, colocando a Kirchner en el epicentro de una controversia judicial que ha captado tanto la atención nacional como internacional.
En la actualidad, su defensa ha solicitado que la sentencia sea cumplida bajo arresto domiciliario, argumentando el pedido en su edad, su trayectoria como dirigente nacional y las amenazas a su seguridad, particularmente tras el intento de asesinato que sufrió en 2022.
En medio de un intenso escrutinio hacia la justicia argentina, el juez Jorge Gorini, del Tribunal Oral Federal 2, mantuvo su postura ante las solicitudes de detención inmediata presentadas por los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola. El tribunal ha otorgado un plazo de cinco días para que Kirchner y los otros condenados se presenten en la sede judicial de Comodoro Py.
No obstante, el fiscal continúa insistiendo en la necesidad de medidas más severas ante el volumen de fraude evidenciado en la causa, conocida como “causa Vialidad”.
Simultáneamente, el fallo obliga a Fernández de Kirchner a restituir más de 84.835 millones de pesos al Estado, una cifra considerable que implica una revisión exhaustiva de su patrimonio, que incluye inversiones y acciones societarias. Este aspecto financiero del veredicto ha suscitado un intenso debate sobre la naturaleza e impacto de su estructura patrimonial, especialmente dado que su declaración patrimonial en 2023 asciende a 250 millones de pesos.
Las implicaciones políticas de esta situación son profundas. Dentro del Partido Justicialista (PJ), se abre un panorama de competencia por el liderazgo y la conformación de listas electorales, especialmente porque la condena por inhabilitación afecta la capacidad de Kirchner para continuar ocupando un rol protagónico en la política del partido.
En este contexto, la situación de Cristina Kirchner se ha convertido en un tema crucial en las discusiones internas del peronismo, avivando tanto el debate como las divisiones dentro del PJ.
La respuesta de la militancia, que desde hace días permanece frente a la residencia de la ex mandataria, refleja la levedad de una narrativa política que sigue considerando a CFK una figura central e irremplazable para el movimiento. Este apoyo popular también se traduce en críticas a la judicialización de la política y en acusaciones de persecución judicial, elementos que matizan la percepción pública del caso.
