Casi tres meses después de que la Justicia restituyera los poderes del Consejo Directivo del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) mediante fallos judiciales y tras el rechazo del Congreso al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 462, el Gobierno oficializó la designación de cinco nuevos vocales para ese órgano. Las nominaciones, con vigencia retroactiva al 3 de septiembre, comienzan a descomprimir la parálisis institucional que afectó al organismo durante meses, aunque la mesa directiva aún no está completa.
Por medio del Decreto 786/2025, publicado este jueves en el Boletín Oficial y firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, se concretaron cinco de las siete designaciones que buscan “recuperar la gobernanza” del instituto autárquico, un concepto que fue el eje de la discusión entre el Gobierno y la Mesa de Enlace durante la profunda crisis institucional.
Este jueves fueron nombrados Gustavo Tettamanti, en representación de Federación Agraria Argentina (FAA); Juan Manuel Bautista, por la Sociedad Rural Argentina (SRA); Jorge Dutto, por la Asociación Universitaria De Educación Agropecuaria Superior (Audeas) en representación de la Facultad de Agronomía; Martín Tuculet, por la Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (Aacrea); y Juan Patricio Hutak, por Coninagro, todos por un período de cuatro años.
En tanto, en septiembre pasado Nicolás Bronzovich fue designado presidente del INTA, y Carlos Alberto Antonio Vera, médico veterinario, fue nombrado vicepresidente.
Nicolás Bronzovich es el presidente del INTA. Gentileza: INTA
Pese a estos cinco nombramientos clave, el Consejo Directivo del INTA todavía no alcanza el quórum completo para sesionar. Faltan dos definiciones esenciales para conformar plenamente el cuerpo colegiado previsto por la ley que creó el instituto. La vacante más sensible corresponde a Confederaciones Rurales Argentinas (CRA). Según fuentes cercanas a esa entidad, la demora obedece a motivos estrictamente institucionales y no a un conflicto con el Gobierno. Se espera que el consejo de CRA realice la votación interna la semana próxima; una vez consensuado el nombre, será elevado formalmente al INTA y oficializado mediante un nuevo decreto.
Además del representante de CRA, tampoco se ha oficializado aún la designación del vocal correspondiente a la Facultad de Veterinaria de las universidades nacionales, la otra pata académica del Consejo Directivo.
“Que las personas propuestas reúnen las condiciones necesarias para cumplir eficientemente con las responsabilidades y funciones de los cargos vacantes de Vocales del Consejo Directivo del INTA”, cita el decreto.
Cabe recordar que el Gobierno impulsó a mediados de este año, mediante el Decreto 462/2025, una reforma profunda que suprimía la autarquía del INTA y lo convertía en un organismo “desconcentrado” dependiente de la Secretaría de Agricultura. De ese modo, se disolvía el Consejo Directivo y se centralizaban las decisiones en un presidente designado por el Ejecutivo, en este caso Bronzovich.
A lo largo de los meses, los gremios se manifestaron en contra de los ajustes en el INTA. Nicolás Suárez – LA NACION
El objetivo del Gobierno era reducir la estructura del Estado y, con ello, sus gastos. Entre las medidas anunciadas se dispuso una disminución de cargos gerenciales y coordinaciones que implicaría un “ahorro” de $1400 millones para el organismo, equivalente a la baja de 115 agentes. El presupuesto 2025 del INTA fue de $223.000 millones.
El rechazo a la reestructuración llegó hasta el punto de que, tras un revés legislativo y judicial que frenó la reforma, el Gobierno debió dar marcha atrás y restituir el funcionamiento del Consejo Directivo, junto con la vigencia de las normas anteriores.
Con las designaciones, se despeja parte de la incertidumbre que generó el plan fallido, impulsado incluso por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.
Para el sector agropecuario, el desafío ahora es recuperar la operatividad de un organismo que estuvo “casi paralizado” durante meses, con dificultades presupuestarias y sin poder ejecutar tareas de investigación y extensión en ese período.
