El presidente Javier Milei firmó este jueves el veto a la ley de Aportes del Tesoro Nacional ( ATN), sancionada por el Congreso con apoyo opositor y reclamada por los gobernadores. La decisión desató un nuevo conflicto con los mandatarios provinciales, incluso con aquellos que buscaban sostener un puente de diálogo con la Casa Rosada.
El veto impactó de lleno en la primera gestión de Lisandro Catalán como ministro del Interior. El funcionario había recibido en la Casa Rosada a Rogelio Frigerio, Alfredo Cornejo y Leandro Zdero, quienes intentaron evitar el bloqueo con una foto conjunta. Sin embargo, el Presidente no cedió y giró el decreto al Senado para frenar la distribución automática de los fondos.
La norma preveía que los ATN se repartan entre las provincias bajo los coeficientes de coparticipación. Los gobernadores defendieron el proyecto al asegurar que no generaba un impacto fiscal relevante: apenas 0,05% del PBI en 2025 y 0,15% en 2026. “El Gobierno usa esos recursos que pertenecen a las provincias para su propio ejercicio fiscal”, cuestionaron en privado.
Desde la Casa Rosada argumentaron lo contrario. El decreto sostuvo que la discrecionalidad en el manejo de los ATN es una herramienta esencial para atender emergencias y desequilibrios financieros. “El esquema aprobado por el Congreso priva al Estado Nacional de una respuesta ágil y eficaz”, remarcó el texto presidencial.
Ahora el Senado deberá decidir si insiste en la sanción original. Si reúne dos tercios de los votos, podrá rechazar el veto y poner en vigencia la ley. Esa instancia ya se dio en otras iniciativas resistidas por el Ejecutivo, como la ley de emergencia en discapacidad.
El conflicto por los fondos provinciales se produjo en paralelo a la convocatoria a la “mesa federal”, espacio con el que el Gobierno busca negociar reformas laborales y tributarias. La tarea de acercar posiciones recayó en el ministro de Economía, Luis Caputo, que mantiene un vínculo más aceitado con los gobernadores.
La tensión por los ATN amenaza con complicar ese diálogo y suma un nuevo capítulo en la disputa entre la Nación y las provincias por el reparto de recursos.
