El Gobierno tiene listo un decreto de necesidad y urgencia que se publicaría este viernes 2 de enero en el Boletín Oficial y que reformula la Ley de Inteligencia (25.520). El texto incorpora polémicos cambios a esa normativa, que elevan las facultades del organismo encabezado —aunque no figure en su organigrama— por el asesor presidencial Santiago Caputo. Entre las novedades, la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) pasa a ser el órgano principal del Sistema de Inteligencia Nacional y se habilita a la SIDE “proceder a la aprehensión de personas” al tiempo que todas las actividades de inteligencia quedan declaradas “encubiertas” .
Según el texto, el artículo 2 establece que “todas las actividades que se realizan en el ámbito de la Inteligencia Nacional revisten carácter encubierto en virtud de su sensibilidad, con el fin de minimizar el Riesgo Estratégico Nacional”.
Otro pasaje que ya recibió críticas de la oposición —y que podría derivar en presentaciones judiciales— es el artículo 19, que dispone que “los órganos del Sistema Nacional de Inteligencia proporcionarán su propia seguridad y protección de las instalaciones, bienes, personal, operaciones e información, encontrándose habilitados a repeler y/o hacer cesar las agresiones que los pongan en riesgo. Lo podrán hacer en toda instalación, durante el desplazamiento, o en los lugares donde se desarrollen las actividades de inteligencia, ya sea en forma permanente, transitoria o circunstancial”.
Además, precisa que “en el marco del desarrollo de actividades de inteligencia, auxilio o requerimiento judicial y/o comisión de delitos en flagrancia, el personal de inteligencia podrá proceder a la aprehensión de personas, debiendo dar aviso inmediato a las fuerzas policiales y de seguridad competentes”, agrega.
Uno de los cambios que impulsa el DNU es que la Agencia de Seguridad pasará a llamarse Agencia Nacional de Contrainteligencia. La Agencia Federal de Ciberseguridad sería reemplazada por la Agencia Federal de Ciberinteligencia y la División de Asuntos Internos cambiaría a Inspectoria General de Inteligencia.
Otro punto central es la separación entre las áreas de ciberinteligencia y ciberseguridad, que pasará a depender de la Jefatura de Gabinete, a cargo de Manuel Adorni, en fuerte sintonía con Karina Milei. Señalaron que el Centro Nacional de Ciberseguridad, que funcionará en la Secretaría de Innovación dentro de la Jefatura de Gabinete, se ocupará de la protección de redes, sistemas y activos, mientras que la ciberinteligencia estará en la órbita de la SIDE y seguiría bajo el control de Santiago Caputo.
En el DNU se especifica que la Agencia de Seguridad Nacional “se reorienta exclusivamente a la contrainteligencia, evitando superposición con la Policía Federal y dejando la investigación criminal en manos de las fuerzas de seguridad”.
En ese marco, la contrainteligencia se define como una actividad preventiva destinada a detectar y analizar: “espionaje, sabotaje, injerencia, interferencia e influencia extranjera”, con el objetivo de adaptar el marco normativo a “las nuevas formas de amenaza tecnológica, política y cognitiva”.
La reforma mediante DNU habilita formalmente a que los servicios de inteligencia soliciten apoyo técnico o logístico de Fuerzas Armadas, fuerzas federales y policías, “sin confundir funciones, para optimizar recursos y capacidades”. También suprime la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar y asigna la producción de inteligencia estratégica militar al Estado Mayor Conjunto, cuyo comandante en jefe es el presidente de la Nación.
Fuentes del Gobierno afirmaron a NA que la reforma “moderniza, ordena y legitima el Sistema de Inteligencia Nacional: lo integra al Estado, lo separa de funciones policiales, lo adapta a amenazas contemporáneas y lo somete a mayores controles, con el objetivo de mejorar la capacidad estratégica del Poder Ejecutivo”.
Los voceros añadieron que los titulares de los órganos desconcentrados serán designados por el Secretario de Inteligencia, reforzando la conducción jerárquica y el control interno del sistema. Aclararon que “el sistema no cumple tareas policiales ni judiciales, sino que produce inteligencia estratégica para la toma de decisiones del Poder Ejecutivo” y que “brinda respaldo legal al personal, definiendo con precisión qué está permitido y qué está prohibido.
El 2 de diciembre de 2025 el presidente Javier Milei designó a Cristian Auguadra a cargo de la SIDE, tras la salida de Sergio Neiffert. No obstante, el organismo estaría comandado por el asesor del Poder Ejecutivo Nacional Santiago Caputo, por lo que la llegada de Auguadra no habría sido casual: se trataría de un hombre de confianza dentro de su círculo y de estrecha relación con su padre, Claudio Caputo.
El DNU que reformula la Ley de Inteligencia debe pasar por el Congreso: alerta en la oposición
El DNU 941/25 deberá ser tratado en el Congreso por la Comisión Permanente de Tramite Legislativo, que dispone diez días hábiles para analizar el texto luego de que el Gobierno lo envíe al Parlamento. A su vez, el Ejecutivo debe comunicar el DNU en un plazo de 10 días hábiles, conforme a lo establecido por la ley 26122.
En este escenario, el diputado nacional Esteban Paulón afirmó que el “Congreso tiene la obligación moral y legal de rechazar este DNU”, y lo calificó como “un duro golpe para nuestra democracia”. “La inteligencia debe servir para proteger a la Nación de amenazas externas, no para vigilar a los ciudadanos de a pie”, sostuvo.
Paulón detalló que el proyecto podría ser rechazado “después del décimo día por votación mayoritaria en ambas cámaras” y criticó: “La interna entre Karina [Milei] y Santiago Caputo es un riesgo para la seguridad nacional y pone en riesgo la autonomía e independencia de la Inteligencia nacional”.
“El DNU define como ‘riesgos’ a activistas, opositores y periodistas. Es una confesión de parte: quieren usar los recursos del Estado para perseguir a quienes pensamos distinto. El ‘Estado Policial’ en su máxima expresión”, añadió el legislador socialista en sus redes sociales.
En tanto, Jorge Taiana señaló que la iniciativa implica “una ampliación de las funciones y misiones de la inteligencia, dándole marco legal a lo que ya hacen y a lo que pretenden hacer. La consecuencia será un Estado policial que recortará varios derechos y perseguirá y controlará a opositores”.
El diputado peronista y exministro de Defensa advirtió además que el Gobierno busca “convertir a las FFAA en un auxiliar de las fuerzas de seguridad”. “Se avanza así en el objetivo de transformar las fuerzas armadas en una Guardia Nacional, como impulsan desde hace años desde el Comando Sur” de Estados Unidos, afirmó.
Finalmente, el diputado peronista Agustín Rossi, exministro de Defensa y exinterventor de la AFI, advirtió sobre las tareas de contrainteligencia previstas en el DNU y explicó: “Elimina la DNIEM (Dirección de Inteligencia Militar) y la reemplaza por la DGIEMCO, que es el área de inteligencia del Estado Mayor Conjunto. Esto hace que el Ministro de Defensa se quede sin inteligencia propia. Le quitan poder al ministro y se lo trasladan al Jefe del EMCO. Cuando hablamos de la militarización de la defensa, nos referíamos a este tipo de cosas”.
“Este DNU fortalece la idea de una Estado represor, oscuro, con ausencia de derechos y garantías para la ciudadanía argentina. El Congreso debe rechazar este DNU. Exigimos que las modificaciones de la ley de inteligencia se hagan mediante una ley”, concluyó Rossi.
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