De la redacción de Informe Digital
El Gobierno nacional decidió incrementar el gasto previsto para 2025 en más de 31 billones de pesos, en paralelo a la profundización del conflicto con las provincias por la distribución de recursos. Según datos oficiales difundidos esta semana, los ingresos esperados por el Estado crecerán en cerca de 44 billones de pesos por mayores recaudaciones, lo que habilitó la ampliación de partidas en distintas áreas del presupuesto nacional. El refuerzo del gasto, que forma parte de la modificación del presupuesto actual, quedó registrado en la ampliación presupuestaria publicada por el Ministerio de Economía.
La decisión de elevar el gasto público nacional se da en un contexto de tensión creciente con los gobernadores. Un grupo de mandatarios provinciales presentó en el Congreso un proyecto de ley que busca establecer un mecanismo para coparticipar los recursos provenientes del impuesto a los combustibles líquidos y los fondos correspondientes a Aportes del Tesoro Nacional (ATN). La iniciativa tiene el objetivo de que estos fondos sean distribuidos de forma automática y con criterios objetivos entre las provincias, ante la falta de remisión de partidas desde el Gobierno central. Los gobernadores plantearon que el actual esquema les genera un perjuicio y señalaron la necesidad de avanzar en un marco normativo que dé previsibilidad a las finanzas provinciales.
En ese sentido, los mandatarios acusan al Gobierno de la Nación de concentrar los recursos que, según sostienen, corresponden a las jurisdicciones provinciales. La crítica se centró en la administración de los ATN y en el manejo de los impuestos sobre los combustibles, que actualmente no cuentan con un mecanismo de reparto automático. Los gobernadores remarcaron que, en el esquema vigente, los fondos quedan sujetos a la discrecionalidad del Poder Ejecutivo nacional y denunciaron que esa situación los coloca en una posición de debilidad financiera frente al Ejecutivo.
El proyecto de ley impulsado por las provincias incluye un artículo que prevé la distribución de los recursos de los ATN y del impuesto a los combustibles en función de los índices de coparticipación vigentes, con la intención de que estos tributos sean parte del régimen general. Según explicaron legisladores que acompañan la iniciativa, el objetivo es evitar que los fondos queden retenidos o sean utilizados por el Gobierno nacional para cubrir otras necesidades presupuestarias que no incluyen el envío automático a las provincias.
Mientras tanto, en el ámbito del Gobierno nacional, el incremento en la partida de gastos alcanza a distintos rubros y responde, según explicaron desde el Ministerio de Economía, a la necesidad de atender compromisos en áreas como servicios sociales, funcionamiento del Estado, y programas de inversión pública. En el detalle difundido por la cartera económica se incluyen refuerzos en prestaciones sociales y en servicios de la deuda, entre otros ítems.
El aumento del gasto público, en el marco de la ampliación presupuestaria, se suma al debate abierto en el Congreso y en el ámbito interprovincial acerca de la coparticipación y la distribución de recursos federales. Las provincias buscan establecer un nuevo equilibrio en la relación fiscal con el Estado nacional, en un contexto en el que, según los mandatarios, se han profundizado las dificultades para acceder a los fondos que corresponden por derecho o por el marco legal vigente.
Por su parte, los representantes del oficialismo en el Congreso nacional no han acompañado hasta el momento los proyectos impulsados por las provincias. Los gobernadores continúan articulando estrategias conjuntas para avanzar con el tratamiento de las iniciativas y lograr los consensos necesarios para convertirlas en ley. Mientras tanto, el Ejecutivo nacional mantiene la administración de los fondos sin un nuevo marco normativo, en medio de las tensiones políticas y financieras que atraviesan al federalismo fiscal.
