El gobierno de Javier Milei y la Casa Rosada siguen explotando al máximo la agenda de seguridad para ganar espacio en la opinión pública y fidelizar al núcleo duro de votantes. La vocera natural de ese eje es la ahora senadora Patricia Bullrich; sin embargo, la reciente revelación del New York Times —según la cual Argentina habría firmado un convenio para recibir deportados de EE.UU.— suma una nueva mácula a la gestión de un área clave para la Casa Rosada, que alterna luces y sombras.
Mientras la nueva ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, exhibe cifras de operativos de deportación (4.987 operativos de control migratorio entre diciembre y enero) y, junto al jefe de Gabinete Manuel Adorni, presenta estadísticas que muestran caídas en robos y homicidios, aparecen datos preocupantes, como las bajas en todas las fuerzas que están bajo la órbita del ministerio: más de 8000 salidas desde el inicio de la gestión.
En el fondo está la precariedad salarial de los uniformados. A eso se suma la deficiente administración del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA), que ha provocado un enorme malestar entre los afiliados. La conducción del IOSFA depende del Ministerio de Defensa, y aumentan las sospechas de desmanejos ante el déficit crónico del organismo que marcó la gestión de Luis Petri.
Otro tema candente es la creación de la nueva Dirección Nacional de Migraciones, que tendrá como titular a Diego Valenzuela, ex referente del PRO de Tres de Febrero. El área, que le fue retirada a la cartera del Interior en el rediseño del organigrama a fines del año pasado, demora en su puesta en marcha y crecen las suspicacias en torno a posibles internas y desacuerdos.
La situación de Nahuel Gallo y la falta de información sobre las condiciones de detención del gendarme también plantean dudas sobre la gestión de Bullrich y Monteoliva. Las negociaciones, en esta etapa, están concentradas en la Cancillería de Pablo Quirno y, en mayor medida, en el Departamento de Estado de EE.UU. Hace escasas semanas Leandro Rizzuto, embajador de EE.UU. ante la Organización de Estados Americanos (OEA), visitó el país, en un llamativo silencio.
En ese marco, Bullrich nunca dejó de proyectar su influencia sobre el ministerio. Participó del acuerdo alcanzado con Karina Milei por el que su paso al Senado no implicaba perder terreno en un ministerio que le es cómodo, tanto por la gestión como por su utilidad política.
La reforma del Código Penal y las modificaciones a la Ley Penal Juvenil que impulsa la Casa Rosada encontrarán en Patricia a una vocera natural en el Congreso. No obstante, resulta elocuente el número de bajas en las Fuerzas de Seguridad (FFSS) desde que Bullrich asumió en diciembre de 2023 y hasta, por lo menos, agosto del 2025: se trata de 7618 bajas. Esa cifra surge de un pedido de información pública realizado por PERFIL.
Según la información, hubo 89 bajas en la Policía Federal Argentina (PFA); 2377 bajas en la Gendarmería Nacional Argentina (GNA); 716 bajas en la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA); 1570 bajas en la Prefectura Naval Argentina (PNA); y una sangría mayúscula con 2866 bajas en el Servicio Penitenciario Federal (SPF).
A las más de 7600 salidas hasta agosto del 2025 se suman en la PFA, a partir de septiembre y hasta la fecha, la salida de 130 oficiales (entre retiros voluntarios y bajas) y la salida de 672 suboficiales (entre retiros voluntarios y bajas).
Solo para tener un parámetro: un comisario general (el escalafón más alto) de la Policía Federal cobró en diciembre pasado $2.955.560,26 brutos. A eso se le debe sumar antigüedad, si posee título o si vive en zona desfavorable. La escala más baja, un Auxiliar de 7°, cobró $749,716,59 brutos. Pero la PFA fue la fuerza en la que hubo menor cantidad de bajas.
En tanto en la Gendarmería, un Comandante General (el escalafón más elevado) cobró $2.635.216 en bruto en noviembre del año pasado, mientras que un Gendarme II (el escalafón más bajo), cobró $711.920,04 en bruto. A dichas cifras, debe realizarse descuentos. La Gendarmería es una fuerza clave por su territorialidad y control de fronteras y porque parte de sus efectivos se destinan a tareas de seguridad interna.
Por la función de “prevención barrial” el escalafón más alto de la Gendarmería cobró un plus de $1.099.756,56 en bruto, mientras que el escalafón más bajo cobró $343.478,67 en bruto. Cifras de noviembre del año pasado.
Si bien la gestión del IOSFA nunca estuvo a cargo de la cartera de Seguridad, ha sido un dolor de cabeza tanto para Bullrich como para Monteoliva. Por ello uno de sus objetivos prioritarios es conformar una obra social propia para las fuerzas de la cartera de Seguridad. Esperan la firma del decreto del Presidente para, a su vez, lanzar licitaciones para trabajar con las prepagas.
El año pasado circularon videos grabados con celulares que mostraban imágenes dramáticas: familiares encadenados en la entrada del Hospital Churruca reclamando la atención de afiliados.
No está claro el número de afiliados que tendría la nueva obra social, pero rondarían los 150.000. A su vez, la creación de la nueva Agencia Nacional de Migraciones viene con ruido aparejado. El organismo tendrá una caja de $181.000 millones, los mismo que estaba contemplada para el viejo organismo migratorio en el Presupuesto 2026.
Valenzuela llega con la idea de conformar un Policía Migratoria, y su rol será mirado con celo por Monteoliva, que elevó el perfil en con la temática migratoria, en línea con el ICE de Trump.
Otro de los puntos flojos de la gestión en Seguridad es la situación del gendarme Gallo, quien permanece detenido en Venezuela. No está claro quien autorizó la partida de Gallo al país caribeño y se sospecha que por lo menos hubo descuido al permitirle al efectivo trasladarse hasta un país adversario políticamente de Milei.
Bullrich realiza gestiones para saber el paradero de Gallo, pero las autoridades argentinas no tienen confirmación al respecto y dependen en buena medida de las negociaciones de otros países como EE.UU.
