El Gobierno incorporará finalmente, dentro de las sesiones extraordinarias, el envío de una nueva Ley de Financiamiento Universitario para responder al reclamo de las principales casas de estudio. El decreto se publicaría en el Boletín Oficial este lunes. Aunque el reglamento de la Cámara de Diputados exige que la ampliación del temario sea votada en el recinto, en la Casa Rosada apelan a antecedentes de incorporación de proyectos por esa vía. Además, antes de encarar los problemas que se esperan en Diputados por la reforma laboral (ver pags. 2 y 3), el oficialismo retomó la iniciativa que PERFIL adelantó el año pasado: relanzar la reforma electoral para implementarla en 2027 con la federalización de la Boleta Única de Papel.
PERFIL también informó la semana pasada que, tras el fallido intento de derogar la Ley de Financiamiento Universitario, el Gobierno nacional avanzaba en negociaciones para impulsar una nueva ley que modifique —y no derogue— el esquema vigente, con la finalidad de hacerlo financieramente viable y aliviar la situación de las universidades públicas. Según fuentes del Ejecutivo, la estrategia oficial busca zanjar en un solo paso la discusión presupuestaria y neutralizar los frentes legales y judiciales abiertos mediante la aprobación en el Congreso de una norma que reemplace a la anterior. El riesgo es que las controversias judiciales podrían ocasionar un revés severo para el Gobierno si no modifica el rumbo a tiempo. Por eso el secretario de Educación, Carlos Torrendel, y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, se reunieron con Carlos Greco y Franco Bartolacci, presidente y vicepresidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). La decisión del Ejecutivo llega después de la presentación de un recurso de amparo ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal para frenar la obligatoriedad de implementar la Ley de Financiamiento Universitario votada en 2024. Tras la sanción en ambas cámaras, el presidente Javier Milei la vetó, pero el Congreso terminó ratificando lo aprobado. El diputado Maximiliano Ferraro consideró que con el proyecto que ingresaría al Congreso, el oficialismo “reconoce lo que venimos señalando desde el primer día: las universidades necesitan financiamiento adecuado y sostenido. Mientras tanto, hay una ley vigente que debe cumplirse. Fue votada en reiteradas oportunidades y los vetos fueron rechazados. Cumplir la ley no es opcional, es una obligación”. En cuanto a la reforma electoral, el gobierno proyecta cambios en tres puntos clave: la suspensión de las PASO, las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias, para el año que viene; la modificación de la Ley sobre el Financiamiento de los Partidos Políticos; y la incorporación en la Boleta Única Papel (BUP) de un casillero que permita votar la lista completa con una sola marca.
