De la redacción de Informe Digital
La Resolución 1049/2025 publicada este jueves en el Boletín Oficial dio inicio formal a la privatización de Belgrano Cargas y Logística S.A., empresa estatal de transporte ferroviario de cargas que opera en varios corredores del país, incluido el ramal Urquiza, que atraviesa de norte a sur el territorio entrerriano.
El plan, que responde al Decreto 67/2025 firmado en febrero, se enmarca en la Ley de Bases sancionada por el Congreso, que habilitó la venta de empresas públicas. En este caso, la privatización será por desintegración vertical: se rematarán los bienes muebles (vagones y locomotoras), se licitarán las vías y talleres, y se disolverá la empresa. El proceso deberá completarse en un plazo máximo de 12 meses.
Lo que se viene: remates, licitaciones y liquidación
El esquema presentado por el Gobierno incluye tres ejes:
- Material rodante: el Banco Nación coordinará el remate de vagones y locomotoras en lotes, vía la plataforma SUBAST.AR. Lo recaudado será depositado en un fideicomiso para financiar obras ferroviarias.
- Corredores ferroviarios: se concesionarán las líneas General Belgrano, General San Martín y General Urquiza. Este último incluye a Entre Ríos, con tramos activos y otros sin uso que podrían quedar en manos privadas.
- Talleres e inmuebles: se inventariará infraestructura, maquinaria y equipamiento para luego licitar su explotación. En Entre Ríos hay talleres en localidades clave como Basavilbaso y Concordia, cuya situación podría modificarse radicalmente.
El proceso será conducido por la Secretaría de Transporte y la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, con intervención de organismos como la AABE, Administración de Infraestructuras Ferroviarias y el Ministerio de Economía.
Entre Ríos, en la vía
El ramal Urquiza, que une Buenos Aires con Misiones y pasa por el centro de Entre Ríos, fue históricamente clave para el movimiento de granos, citrus y madera. Aunque en los últimos años tuvo niveles de actividad limitados, el corredor representa un activo estratégico para productores regionales, cooperativas y puertos como los de Ibicuy y Concepción del Uruguay.
La concesión a empresas privadas podría redefinir el uso, la frecuencia y la tarifa del transporte ferroviario, afectando directamente la competitividad logística del sector productivo entrerriano. Además, el destino de los talleres y empleos ferroviarios locales quedó abierto: no hay garantías de continuidad ni cláusulas de protección laboral en la resolución oficial.
En paralelo, el proceso deja al margen a los gobiernos provinciales y municipales, que no tendrán voz ni voto en la adjudicación ni en la planificación territorial de las líneas.
Críticas y advertencias
Desde sectores gremiales ya se cuestionó la falta de consultas y se teme por la pérdida de soberanía en infraestructura clave. En declaraciones recientes, voceros de la Unión Ferroviaria señalaron que “la privatización fragmentada es un paso hacia la desarticulación del sistema”.
Por su parte, el gobierno nacional sostiene que el proceso busca “optimizar recursos” y “potenciar inversiones privadas”. Sin embargo, ni la resolución ni el decreto contemplan un marco de seguimiento social, laboral o ambiental para las futuras concesiones.
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