El lunes pasado, fue un día de despedidas y bienvenidas para los que manejan la Hidrovía que corre sobre el río Paraná. En las oficinas del Ente Nacional de Control y Gestión de la Vía Navegable (Ecovina), ubicadas en el emblemático edificio ferroviario de Ramos Mejía y la Avenida del Libertador, en Retiro, Ariel Sujarchuk se despidió de sus colegas.
El exintendente de Escobar, hombre cercano a Sergio Massa, presidió el inicio de la reunión, agradeció y se marchó a la Secretaría de la Economía del Conocimiento, un cargo que le ofreció el nuevo ministro de Economía. Llegó a la Ecovina, como hicieron varios intendentes, poco antes de cumplir dos años de la actual gestión para esquivar la imposibilidad de reelección que estableció una ley provincial impulsada por la exgobernadora María Eugenia Vidal.
En la mesa estaban sentadas 15 personas y otras tantas seguían la reunión en forma remota. Agradeció, contó que el puesto se lo había ofrecido Máximo Kirchner y que fue él quien le comunicó a Massa su designación, y dejó en funciones a Hernán Darío Orduna, un entrerriano propuesto por Gustavo Bordet.
Ya al mando del órgano que controla la Hidrovía, una suerte de médula por donde circula el 80% del intercambio comercial de la Argentina y gran parte de los casi US$80.000 millones anuales producto de las exportaciones, alguien le propuso tratar el tema más importante: la sede de Ecovina de Rosario, lugar central de operaciones de esta verdadera autopista de agua, tenía los servicios de electricidad y de agua cortados por falta de pago. “Vamos a ver como lo solucionamos”, dijo el flamante funcionario.
Competencia uruguaya
Mientras la improvisación y la falta de certidumbres son la moneda corriente en esta zona central para el ingreso de dólares, en Montevideo, el principal puerto con el que compiten los argentinos, no sólo que tienen electricidad y agua y pagan los servicios, sino que, después de avanzar en una concesión mixta por 50 años, ya se alcanzó una profundidad para operar de 13 metros, un 30% más que los 10 que ofrece la Hidrovía de máximo calado.
La Hidrovía está sobre los ríos Paraguay, Paraná y el Río de la Plata, y abarca los puertos de cinco países: la Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay. Es una de las vías navegables naturales más largas del mundo. Con 3442 kilómetros, va desde Puerto Cáceres, en Brasil, hasta Nueva Palmira, en Uruguay. Por otro lado, la Vía Navegable Troncal (VNT) es un sistema de canales de navegación que funcionan a través del dragado.
Esta autopista fluvial concesionada va desde Confluencia (donde se encuentran los ríos Paraná y Paraguay), en el kilómetro 1238 del Río Paraná, hasta el kilómetro 239 del canal Punta Indio, ya en el Río de la Plata. El dragado se realiza en tramos críticos que juntan sedimentos y que en total suman unos 70 kilómetros. El gran limitante para el comercio exterior es el calado necesario para que por allí naveguen los grandes buques.
La importancia de esa vía de acceso fluvial es determinante para la cadena productiva argentina. Además de las exportaciones del agro, también ingresan el 95% de las importaciones, que son necesarias para que funcione el engranaje de la producción. Sin embargo, la gestión actual ni siquiera tiene terminados los pliegos de la licitación para su dragado y balizamiento, a pesar de que el contrato venció el 30 de abril de 2021.
Licitación anulada
Desde entonces, un juego de marchas y contramarchas se instaló en el proceso. El extremo fue anular el resultado de una licitación corta (hasta que se definiera la larga, por unos 20 años) y contratar de manera directa a quienes habían realizado el dragado y balizamiento de la vía navegable durante 26 años, la compañía belga Jan de Nul, y el consorcio Emepa. No hay nada más definitivo que lo transitorio.
De acuerdo a lo que se desprende de datos oficiales, en junio se facturaron en concepto de un peaje, que cuesta US$3,05 por tonelada transportable, US$19.590.000. En ese tiempo, se gastaron US$14.410.000 y quedaron US$5.180.000. Una recaudación que estaba bajo la órbita de privados pero que a partir de julio del año pasado pasó a manos del Estado.
