Tras el acuerdo abreviado que en 2025 suscribió el exministro de Trabajo de la gestión Urribarri, Guillermo Smaldone, en el que reconoció haber recibido coimas durante su paso por la función pública, ahora se buscará cerrar convenios similares para otros dos imputados en la megacausa. Se trata de Miguel Ángel Ulrich, exdirector de Ajustes y Liquidaciones del Ministerio de Economía; y Humberto Flores, exsecretario de Hacienda de la Provincia.
En el escrito con el que el Ministerio Público Fiscal remitió la causa a juicio, se solicitó para Ulrich la pena de 4 años y 6 meses de prisión de cumplimiento efectivo, inhabilitación absoluta perpetua y una multa de $360.000, comprensiva de los cuatro hechos imputados, en concurso real.
Para Flores, en tanto, se pidió una pena de 3 años de prisión de ejecución condicional, inhabilitación absoluta perpetua y multa de $90.000.
La audiencia de este miércoles, en la que se presentará el acuerdo de juicio abreviado, se celebrará ante el juez de juicio Juan Francisco Malvasio.
El abecé
La causa investiga el presunto pago de coimas por parte del empresario Diego Armando Cardona Herreros, titular de Relevamientos Catastrales SA, a funcionarios del gobierno de Urribarri.
En una audiencia celebrada en marzo de 2024, los fiscales Patricia Yedro y Gonzalo Badano detallaron cuánto se abonó en dádivas por cada contratación entre el Estado entrerriano y las empresas vinculadas a Diego Cardona Herreros.
Los cálculos se basan en un informe contable elaborado en el marco de la investigación que se busca llevar a juicio oral. A continuación se transcriben parte de los «PLM» registrados en la causa, correspondientes a cada licitación. Cabe recordar que con esa sigla quedaron asentadas las coimas en planillas, documentación y correos electrónicos, según la profusa evidencia analizada por los representantes del Ministerio Público Fiscal (MPF).
Licitación 1/08, la primera. Se pagó un PLM total por $3.062.000 (tres millones sesenta y dos mil pesos). En este caso, esa suma se distribuyó de la siguiente manera:
36,47% para SDU (NdR: se advierte que las siglas corresponden al exgobernador Sergio Daniel Urribarri), lo que arroja una suma de $1.000.007 (un millón siete pesos).
36,47% para equipo, que arroja la misma suma. Como “equipo” se identificó a quienes eran empresarios de Relevamientos Catastrales.
5,46% para JGLapo, iniciales con las cuales se identifica a José Gervasio Laporte, lo que arroja un total de $149.713.
7,29% para una persona no identificada.
7% para Zurdo Ruso (NdR: en distintos pasajes de la investigación, las menciones “Ruso” hacen referencia a Luis Alfonso Erbes), que arrojó $141.940.
Además de estos pagos calculados, existía un PLM fijo de $280.000 “destinados al jefe”. “Según la evidencia que tenemos así se lo sindicaba a Urribarri y un porcentaje adicional de $40.000 otorgados por instrucciones del señor Cardona Herreros”, consignó Yedro.
Ampliación de la Licitación 1/08: se pagó un PLM total de $1.038.000 y se distribuyó del siguiente modo:
$30.000 mensuales para Lemon, que sumaron $240.000.
$106.000 mensuales PLM Entre Ríos, que arrojaron un total de $848.000.
“En el marco de la contratación directa de aquella continuidad de la 1/08, el PLM ascendió a $800.000, $30.000 mensuales destinados a Entre Ríos, $50.000 mensuales para Lemon distribuidos entre tres miembros de la sociedad (Alfonso Campitelli, Diego Cardona Herreros y Jorge Zanabone) que hacen un total de $500.000 distribuidos entre los tres integrantes”, leyó la fiscal ese día.
Y agregó: “La Licitación 48/11 arrojó un PLM total de $3.762.000 distribuidos así:
$7000 PLM uno
$7000 al Ruso que dio un total de $252.000.
PLM dos $50.000 que arroja $1.800.000
PLM tres $10.000 para la Casa de Entre Ríos, lo que arrojó $360.000
“En este PLM hubo una distribución interna entre los integrantes de la sociedad y cada uno cobró $180.000. Hubo otra distribución interna de $45.000 para Cardona Herreros, Campitelli y Zanabone, lo que arrojó un total de $270.000 para cada uno”, acotó la fiscal.
Licitación 84/13 del Ministerio de Trabajo tuvo un PLM total de $6.876.000. La distribución fue entre:
Guillermo Smaldone $50.000 y en total $1.800.000
MU (identificado como Mauro Urribarri) $40.000 y un total de $1.440.000
DAC $40.000 que arrojó $1.440.00
Ruso $20.000 y arrojó un total de $720.000.
Turco (en referencia a Carlos Haidar) $5.000 que arrojó un total de $180.000
También hubo distribución interna.
Licitación 2/15 arrojó un PLM total de $1.836.000
Ruso $7000 arrojó un total de $126.000
Equipo $40.000. “La estimación contable va entre $540.000 y 720.000. la distribución fue reducida por lo cual los PLM dos y tres pudieron haberse visto reducidos”, dijo la fiscal.
Miguel Ulrich $5.000 mensuales que arrojaron un total de $90.000
Y una distribución entre Cardona Herreros y Campitelli de $15.000, lo cual arrojó $270.000 para cada uno.
“Estos PLM refieren concretamente a las licitaciones pero también se corroboraron otros conceptos registrados como PLM Entre Ríos”, diferenció la fiscal.
“Cada vez que se efectuaba el pago de la provincia, se ponían en marcha los PLM”
Así lo subrayó la fiscal Yedro. “Esa era la mecánica: cada vez que se efectuaba el pago de la provincia por una contratación, se ponía en marcha este sistema de distribución de PLM para funcionarios y empresarios”.
En la investigación, los fiscales lograron reconstruir la ruta, los montos y los beneficiarios en base a comunicaciones internas y asientos contables. Las operatorias variaron: se libraron cheques a nombre de empresas asociadas que se registraron como “pagos de contraprestaciones ficticias o servicios simulados, facturados por terceras empresas a Relevamientos Catastrales”; también hubo dinero en efectivo, y las empresas compraron objetos y servicios para funcionarios políticos o para familiares de éstos.
“No solo tomamos en consideración mensajes de correos, anotaciones y registros hallados sino también se cotejó con asientos contables, expedientes de cada licitación, expedientes de pago. A través de la documentación que Fiscalía se ocupó de recabar, la mecánica quedó plasmada ahí”, manifestó Yedro.
La fiscal afirmó que el dinero destinado al exgobernador “era almacenado en las oficinas de Cardona”. “También se hicieron depósitos bancarios para otros funcionarios. Esto surgió de las entrevistas con las secretarias de Cardona Herreros y otros testigos”, añadió.
Pasajes, objetos y un vínculo estrecho
La fiscal mencionó la compra de pasajes aéreos para la familia Urribarri y para Smaldone por parte de las empresas dirigidas por Cardona Herreros u otras vinculadas; también aludió a la adquisición de alfombras que fueron entregadas en un departamento de la calle Lafinur en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (uno de los domicilios del exgobernador) y que recibió Ana Lía Aguilera, esposa de Urribarri. Las alfombras no fueron los únicos objetos: Relevamientos Catastrales compró una heladera y una cinta para correr que también se entregaron en ese domicilio y que recibió la esposa del exgobernador.
Las contrataciones del Estado provincial a las empresas, la existencia de sobreprecios y el pago de coimas, así como la compra de objetos costosos y pasajes aéreos por parte de empresas para funcionarios y sus familiares, quedan enmarcados en el estrechísimo vínculo amistoso entre Urribarri y Cardona Herreros.
Dicha relación se evidencia en cientos de mensajes telefónicos y conversaciones entre los dos principales imputados de la investigación. “Sabido es que el exgobernador usaba líneas registradas a nombres de tercero para comunicarse con algunas personas. Por ejemplo, solía usar utilizar una línea a nombre de Rubén Ángel Martínez”, señaló la fiscal.
El Ministerio Público Fiscal, con la firma de las fiscales Patricia Yedro y Gonzalo Badano, remitió la causa a juicio con un adelanto de las penas que solicitarán durante las audiencias orales y públicas.
. Sergio Daniel Urribarri: la pena de 10 años de prisión de cumplimiento efectivo, inhabilitación absoluta perpetua, multa de $540.000, comprensiva de los seis hechos imputados, en concurso real.
. Diego Armando Cardona Herreros, la pena de 9 años de prisión de cumplimiento efectivo, inhabilitación absoluta perpetua, multa de$540.000, comprensiva de los seis hechos imputados, en concurso real.
. Al exministro de Trabajo, Guillermo Smaldone, la pena de 5 años de prisión efectiva, inhabilitación especial perpetua, multa de $90.000.
. Carlos Marcelo Haidar, la pena de 6 años de prisión de cumplimiento efectivo, inhabilitación absoluta perpetua, multa de $540.000, comprensiva de los seis hechos imputados, en concurso real.
. Luis Alfonso Erbes, a la pena de 5 años de prisión de cumplimiento efectivo, inhabilitación especial perpetua, multa de $360.000 comprensiva de los cuatro hechos imputados, en concurso real.
. Miguel Ángel Ulrich la pena de 4 años y 6 meses de prisión de cumplimiento efectivo, inhabilitación absoluta perpetua, multa de $360.000, comprensiva de los cuatro hechos imputados, en concurso real.
. José Humberto Flores, la pena de 3 años de prisión de ejecución condicional, inhabilitación absoluta perpetua, multa de $90.000.
