Otro 24 de marzo. Una gran manifestación, probablemente más
numerosa que las habituales de todos estos años, lo cual podría entrañar algún
mensaje sobre el presente. Es posible leer esta fecha de distintas maneras.
Puede ser tomada como una advertencia respecto de cómo se llegó a uno de los
golpes más previstos de la historia argentina. También como el punto de partida
de una dictadura atroz que inauguró algo impensable como la desaparición de personas,
mecanismo que se replicó en otros países de América Latina pero no con la misma
intensidad. Podría considerarse incluso un motivo de celebración: fue el último
golpe de Estado de un país que arrastraba una crisis de legitimidad desde 1930.
Si uno se detuviera en la forma en que se llegó a tantos de
esos golpes de Estado, que hacían imposible el establecimiento de una
democracia estable, pensaría que en el 2008, cuando se desató el conflicto con
el campo y la vida pública entró en niveles de estrés muy intensos, tal vez en
otro contexto histórico se hubiera producido un golpe. De 2001 no hay dudas
tampoco. Por su parte, 2023 fue un ciclo de gran desencanto que terminó
desembocando en la presidencia de Javier Milei. Probablemente, en otro momento,
la sociedad argentina lo hubiera resuelto con un golpe.
Nos encontramos frente a encrucijadas similares en las cuales una parte importante de la sociedad se siente asfixiada por la política, pero logramos resolverlo de otra manera: dentro de los canales institucionales. Eso es un motivo de celebración desde la perspectiva histórica. Todo eso supone una construcción colectiva. En su último discurso de apertura de sesiones del Congreso, antes de terminar su gobierno de manera crítica a raíz de la hiperinflación, Raul Alfonsín recordaba lo que significó la construcción de la democracia no como mérito de un partido, líder o presidente, sino como proceso en el que tiene que estar involucrada toda la sociedad.
¿Qué es lo importante de su discurso? Hay que rescatar una idea del inglés John Gray, filósofo y político literal. Se trata de una idea que él formula a partir de unas declaraciones de quien era en aquel momento el vicepresidente de los Estados Unidos Dick Cheney, que reivindicó la tortura mientras hablaba sobre terrorismo. A propósito de sus dichos, Gray dice que la noción de progreso está asociada a la dimensión científico-tecnológica. Allí hay progreso irreversible, constante y permanente. Pero en el orden moral y político, no. No está garantizado el progreso. Puede haber retrocesos, idas y vueltas. Podemos encontrarnos en momentos de la historia donde estemos peor que en el pasado. Da a entender que la democracia, la calidad institucional y vida estable de la república no están garantizadas para siempre aunque uno, como dice Alfonsín en aquel discurso, las considera naturales.
En estos días tenemos varios indicios de los riesgos que
enfrenta la democracia a nivel político-institucional. Apareció un video del ex
senador entrerriano Edgardo Kueider, quien fue destituido porque se lo encontró
en la frontera con Paraguay trasladando US$200.000 que no pudo explicar. Las
imágenes, que pertenecen a una causa por enriquecimiento ilícito que se tramita
en el Juzgado Federal de San Isidro de Sandra Arroyo Salgado, muestran a
Kueider en la Secretaría General de la gobernación de Entre Ríos juntando plata
junto a su secretaria y armando sobres. En otro tramo del video, le traen cajas
con el dinero. La presencia de sobres da a entender que Kuider, cuyo jefe era
el actual diputado nacional Gustavo Bordet, iba a repartir esta plata con esta
gente. Esta escena revela la impunidad con la que operaba. En otros fragmentos
del mismo video puede apreciarse cómo empleados entran y salen de la misma
oficina mientras él está organizando los fondos negros. Eso remite al propio
Kueider con los US$200.000, remite a la “Rosadita” de Federico Elaskar y el
proceso del manejo de dinero ligado a la acumulación de Lázaro Báez. Recuerda a
los bolsos de López. En la democracia de los últimos años existió una
corrupción de otra escala, mucho más sofisticada pero difícil de captar y que
requeriría de gráficos para entender la circulación del dinero. En el caso de
Kueider no. Acá es plata contante y sonante, y por ello tiene un impacto
especial.
¿De dónde venían estas sumas según la investigación del
fiscal Fernando Domínguez y Arroyo Salgado? De la empresa Securitas, que le
prestaba servicios de seguridad a Enersa, empresa de energía de Entre Ríos.
Aparecen una cantidad de empresarios ligados a estos episodios, que generan el
dinero que ensobra el exsenador. Entre ellos, un contador con infinidad de
ingresos al despacho de Kueider en el Senado, que es José Nogueras. Y dos
empresarios, Marcelo y Claudio Tortul, cuyas casas en el barrio cerrado Puerto
Urquiza, Paraná, fueron allanadas. Todas menos una. En una de esas viviendas
residía, hasta ahora, Rogerio Frigerio, el gobernador de Entre Ríos.
Aparentemente los Tortul le prestaban la casa, lo que no quiere decir que
Frigerio mantuviera la misma trama que terminaba en los sobres de Kueider. Y a
raíz de este escándalo, decidió irse a vivir a otro lugar.
Es clave mirar la Cámara Federal de San Martín. Es una
cámara muy controvertida que suele corregir a los jueces de primera instancia
que sancionan casos de corrupción. Arroyo Salgado tuvo un conflicto con la
Cámara Federal de San Martín por el caso Claudio Scapolán, el fiscal destituido
de la Provincia de Buenos Aires que prácticamente comandaba una banda de
policías narcos. Fue acusado y tuvo como abogados a colaboradores de Cristian
Ritondo, el entrañable “Pucho”, que venía de ser ministro de Seguridad
bonaerense con María Eugenia Vidal.
Este es el paisaje que tiende a demostrar que no
necesariamente hay un vector irreversible de progreso moral. Podemos
adelantarnos en el tiempo. Hay un detalle significativo. El gobierno de Javier
Milei, tal vez desinformado porque viene desde afuera de la política, pensó en
Kueider para nada menos que para presidir la Comisión Bicameral de control de
los organismos de inteligencia, como la SIDE, que maneja 1650 millones de pesos
de fondos reservados. Esta afinidad de Kueider con el oficialismo es complicada
y escabrosa. Tanto que algunos piensan que aquellos US$200.000 con los que él
cruzaba la frontera hacia Paraguay eran el pago por un voto en el Senado.
El caso de Carlos Vaudagna es mucho más grave porque nos
hace poner la lupa sobre un problema sistémico y estructural que está radicado
en Santa Fe, más específicamente en Rosario. Entre 2011 y 2020 Vaudagne fue
nada menos que el director regional de la AFIP -hoy ARCA-, el organismo
recaudatorio que tiene que garantizar que no haya lavado de dinero en el mundo
de la contribución impositiva. Vaudagna, que está siendo investigado, aceptó un
acuerdo con los fiscales de la Procelac para convertirse en arrepentido y
explicar algunos de los delitos en los que él estaba en curso con otras figuras
de la vida institucional santafesina y rosarina. Entre otras revelaciones de
Vaudagna, él habría reconocido que estaba asociado al juez federal de Rosario
Marcelo Bailaque, porque ambos realizaban persecuciones arbitrarias contra
distintos empresarios. Los encuentros los hacían en presencia de un empresario
bastante oscuro y conocido que se llama Fernando Whpei, amigo, o cómplice, de
Bailaque en los movimientos financieros de una mutual manejada por Whpei.
Vaudagna era el jefe de la AFIP en Santa Fe, que controla,
entre otras cosas, la Aduana del que probablemente sea el puerto más importante
de la Argentina. Actuaba en combinación con el juez Bailaque, quien es célebre
por ser el juez que tenía que investigar en una causa a uno de los mayores
narcotraficantes de la vida rosarina que hoy está preso en Ezeiza: Esteban
Lindor Alvarado. Es, con Los Monos, uno de los sujetos más importantes en toda
la trama delincuencial ligada al narcotráfico en Rosario, que produjo
asesinatos prácticamente terroristas el año pasado. La vida de Rosario se está
recuperando ahora gracias a un gran golpe de timón en materia de seguridad del
gobernador Maximiliano Pullaro, que en su momento fue ministro de Seguridad.
El juez Bailaque es amigo del contador del narco Alvarado,
Gabriel Mizzau, tanto que el hijo de ese contador fue durante un tiempo
empleado en el juzgado de Bailaque. Estamos hablando de un sistema que nos
explica por qué son tan frecuentes las noticias sobre violencia y narcotráfico
en Rosario y por qué hay tanta disputa alrededor del control de los puertos y
de la hidrovía. Los fiscales que investigan a Alvarado recusaron como juez a
Bailaque diciendo que demoraba determinadas diligencias, como una intervención
sobre los teléfonos de la mujer del narco, facilitando la tarea.
Una curiosidad es que, por impugnaciones, la causa que se
sigue contra Vaudagna y Bailaque hoy no tiene juez, entre otras cosas porque
Bailaque está siendo investigado por una causa en la que él tendría que ser
juez. Entonces, esta causa, de la que nos vamos enterando de cosas cada vez más
escabrosas, sigue adelante gracias a la sistematicidad y la perseverancia de
los fiscales de la provincia de Santa Fe y los de la Procelac. En la Justicia
santafesina rige el sistema acusatorio, que es una novedad que ya se adoptó y
quiere decir que el proceso lo comandan los fiscales y el juez es de garantías.
No es como en Comodoro Py, donde el proceso lo comandan los jueces, lo que el
Gobierno quiere modificar.
La semana pasada hubo una discusión en la Cámara de Casación
sobre si se iba a seguir con el sistema acusatorio, es decir, con que los
fiscales sigan investigando al juez Bailaque, Vaudagna y todo lo que lo rodea.
En este caso, el máximo tribunal penal del país tenía que resolver si se sigue
con el régimen acusatorio, con lo cual los fiscales siguen adelante con su
investigación, o si se pasa al código anterior y se vuelve al proceso donde el
juez es el que reina en la causa y va llevando adelante el procedimiento. Si
fuera así, la causa donde se investiga todo esto quedaría sin juez.
Dos camaristas [Diego Barroetaveña y Juan Carlos Gemignani] votaron para que se mantenga el actual sistema y los fiscales puedan seguir investigando. Pero uno de los camaristas, Carlos Mahiques, conocido como “el boxindanga”, votó a favor de que se vuelva al código anterior, con una consecuencia inmediata: la causa quedaría sin juez y la investigación sobre el juez Bailaque caería. También hay que decir algo: ¿por qué queda sin juez? Porque hay otro juez federal de Santa Fe que tendría que ser el encargado de seguir adelante con la investigación por la impugnación que pesa sobre el juez Bailaque, que también está acusado de combinaciones con Vaudagna. Es decir, no hay ningún juez federal en Santa Fe que no esté complicado en persecuciones arbitrarias con el jefe de la AFIP, que es el que se declaró como arrepentido. Esto quiere decir que el juez Bailaque está complicado con el que era jefe de la AFIP y el juez de Santa Fe, Gastón Salmai, también.
El miércoles pasado se resolvió si esta causa avanza o si pasa a quedar dormida. Un camarista, Mahiques, decidió técnicamente tomar una posición cuya consecuencia concreta es que esta causa quede sin juez. ¿Por qué importa? Porque Mahiques es el mismo juez que insistió, en el caso Angelo Calcaterra, con que las coimas en la causa “Cuadernos” no son tales, sino que eran aportes de campaña. Y de esa manera abrió una puerta para que toda la causa “Cuadernos” cayera como causa de corrupción y de sobornos y pase a estar meramente ligada a la justicia electoral. Lo que vemos es que hay comportamientos de determinados jueces, como Mahiques, que parecen ser estratégicos para que la corrupción siga avanzando y para que siga produciéndose este retroceso del que estamos hablando a raíz de todos estos casos.
Estamos hablando de un sistema judicial que está radicado en el lugar donde funciona el principal puerto de la Argentina, por donde sale la principal corriente de exportaciones agrícolas del país, y donde se articula la hidrovía, que es el gran canal para el comercio exterior de granos. Es decir, estamos hablando de un lugar estratégico desde el punto de vista institucional. Si uno mira todos estos antecedentes y detalles que estamos observando, entiende más claramente por qué durante los últimos diez años casi no ha habido grandes procedimientos por narcotráfico en el puerto de Rosario y en la hidrovía. Con estos jueces, esta AFIP y la SIDE, que también tiene un imputado en esta causa, sumado al comportamiento de la Policía en Rosario, que lentamente se va corrigiendo.
¿Por qué es importante esto? Porque cuando uno piensa en
corrupción judicial, naturalmente y con toda lógica, piensa solo en Comodoro
Py, y hay otros lugares, como por ejemplo Rosario, donde estas miserias son
estratégicas y probablemente más escandalosas.
A propósito de Comodoro Py, en su momento Ariel Lijo organizó un acto de respaldo y de aplauso a la justicia federal, que hoy está siendo investigada en Rosario. Sigue difícil el pliego de Lijo en el Senado, y más ahora, porque la contradicción entre el Gobierno y Cristina Kirchner es mayor. Además, aparece una información interesante que no había aparecido hasta ahora: aparentemente hay un gran conflicto personal entre Lijo y Máximo Kirchner por alguna inconducta del juez en algún requerimiento al hijo de la expresidenta en una causa donde él lo estaba investigando. Esto es lo que se comenta ahora en los tribunales federales y explica también por qué el kirchnerismo es reacio a darle acuerdo junto con Manuel García-Mansilla. Tanto que la semana pasada Oscar Parrilli dijo que no iba a haber votos kirchneristas para ninguno de los dos. Hay que aclarar que para que se volteen los pliegos bastan 25 votos, es decir, para que no se llegue a los dos tercios, y que Cristina Kirchner controla en el Senado 24 votos, o sea, está a un voto para provocar que el Senado rechace a ambos.
Todo este panorama habla de la necesidad de atender a la calidad institucional y de entender que la construcción de la democracia es un ejercicio que requiere atención y políticas deliberadas. Obliga a rescatar esa idea de John Gray de que el progreso no necesariamente es moral o político, y que en el orden institucional podemos estar retrocediendo. Hay que ver si este problema no empieza también a horadar al gobierno de Milei en relación con el caso Libra, con desprolijidades institucionales. Habrá que ver cuál es el costo final que paga el Gobierno avalando a un juez tan criticado por su imagen de corrupto como Lijo. Todo esto está pegando en las encuestas y explica que el éxito en el combate a la inflación pasa a ser un activo cada vez más valioso para el Gobierno, en la medida en que se cuestionan otros aspectos.
¿Qué pasó desde que llegó Milei al gobierno hasta ahora? Si uno mira el trazo grueso de la política, teníamos una inquietud en diciembre, enero, febrero y marzo. Por junio y julio, esa inquietud empezó a disminuir. ¿A qué estaba referida? ¿Qué nos inquietaba? Si en medio de una crisis política tan importante que había llevado a Milei al poder, en la Argentina se iba a constituir un centro de poder. Y se constituyó: es Milei.
En enero y febrero, muchos operadores económicos pensaban que no iba a ocurrir, que esto tambaleaba, que no se sabía hasta dónde el Gobierno se iba a poder afincar. En alguna medida eso explica las remarcaciones de precios, etc. Lo que Luis Caputo, el ministro de Economía, llama precios adelantados, en vez de dólar atrasado. Con el paso del tiempo y sobre todo con el éxito económico, el resultado de este año es que se constituyó ese centro de poder.
Este fin de semana hubo trabajos que, al igual que los que mostramos la semana pasada, reflejan esto de la encuesta de la Universidad de San Andrés: una caída en la satisfacción de la gente respecto del Gobierno, de más o menos 46% a 36%.
Si recordamos, hace dos lunes hablamos de una encuestadora brasileña, Atlas Intel, que también planteaba el mismo deterioro. Pero quiero que podamos ubicar qué significa esa caída en comparación con otros fenómenos similares y vamos a mirar esta comparación que propone la Universidad de San Andrés entre Macri, Alberto Fernández y Milei, sobre cómo estaba cada uno en el mismo momento. Cuando Milei cae del 46% al 36% Macri estaba un poco mejor: un 38% y en ascenso. Estamos hablando de su segundo año, 2017, cuando ganó las elecciones en octubre, donde tuvo 53% del respaldo. Por otro lado, Alberto estaba muchísimo peor con 18% de satisfacción.
Otro apartado de la encuesta realizada por la Universidad de San Andrés exhibe, probablemente causada por el caso LIBRA, una disminución de la aprobación (45%) y un incremento en la desaprobación (52%).
Si lo comparamos con Mauricio Macri en el mismo período,
está igual que el líder del Pro. Por ende, salvo que aparezcan turbulencias
económicas, desde el Gobierno tienen derecho a pensar en una pendiente que se
torne optimista.
Respecto de las palabras que Milei inspira entre quienes lo
aprueban y quienes no lo aprueban, para aquellas personas que lo apoyan
simboliza la esperanza. Es exactamente lo que faltaba entre 2020 y 2023, como
señalaban entonces encuestadores que realizaban trabajos cualitativos. En ese
ciclo, el futuro se había terminado. Milei regeneró la expectativa. Del otro
lado, los ciudadanos que no lo quieren lo identifican con el término “asco”. Es
un sentimiento movilizante y muy agudo de rechazo. Habrá que ver si muchos de
los que fueron este lunes a la manifestación del 24 de marzo no se refieren a
un rechazo al clima ideológico que se ha instalado en el país con el
Presidente.
Los números de Milei y su éxito en niveles de aprobación nos habla de que efectivamente se constituyó un centro de poder en la Argentina y que el barco tiene a alguien que le puede poner un rumbo. Eso está ligado a un logro trascendental que es la problemática de la inflación, que se manifiesta en la recuperación del salario, retracción de la pobreza, etc. ¿Cuál es la incógnita sin embargo que tenemos por delante? Si bien hay un centro de poder, ¿hay un oficialismo? Eso es otra cosa. Un oficialismo es un sujeto medianamente coherente que puede llevar una política articulada entre las distintas áreas, que tiene cierta armonía entre sus operadores y exhibe un juego colectivo. Pero más que nada, es un sujeto político que proyecta su poder sobre el Congreso y tiene allí capacidad para producir determinadas reformas que son indispensables para que el éxito económico se siga manteniendo.
Aquí es donde aparecen algunas dificultades. Una de ellas pasa por el armado de este oficialismo y una discusión dentro del Gobierno respecto de cómo construirlo. ¿Hay que arrasar con todo y convertir a Milei en el único líder de todo lo que no es izquierda y, en especial, kirchnerismo? ¿Debemos someter a las demás fuerzas políticas que ocupan este espacio? ¿Cuál es la relación con el Pro y los Macri? El Gobierno capturó a Cristian “Pucho” Ritondo y Diego Santilli, que asistieron al encuentro con Javier y Karina Milei, Sebastían Pareja y Eduardo “Lule” Menem para entregar al oficialismo el Pro de la provincia de Buenos Aires. ¿Fue todo hablado con Macri? Muy probablemente, pero sólo para avisarle de la reunión. Nadie es tonto. Al subordinar el Pro bonaerense a la estrategia de La Libertad Avanza, quitaron a Mauricio Macri una gran carta de negociación con Milei, que es algo así como “ojo porque si buscás mi derrota en la Capital Federal, con separarme en la Provincia y alcanzar un 7% u 8%, puedo lograr que gane Cristina Kirchner. Y si gana ella, el mensaje de un triunfo kirchnerista en las legislativas es una señal de posible regreso. Y dicha posibilidad cambia el clima económico, o por lo menos posterga determinadas decisiones económicas”.
No solamente hay un conflicto entre La Libertada Avanza y el
Pro. Hay conflictos más o menos solapados dentro del Pro entre gente que se
suponía muy subordinada a Macri: Ritondo es el presidente del bloque de
diputados nacionales. Existen también riñas más evidentes. Horacio Rodríguez
Larreta anunció la semana pasada que se separa del Pro de la Capital Federal,
determinando una gran dificultad para que los Macri puedan ganar aquella elección.
Todo está ligado al programa económico, que requiere
eficacia política. Si desdobla la elección Axel Kicillof, ¿qué pasa con La
Libertad Avanza en la elección provincial? Hay quienes dicen que va a tener
enormes dificultades para ganar ya que no existirían recursos humanos para
constituir las listas seccionales para cubrir la Legislatura.
Hay incógnitas institucionales muy importantes. Se requiere
para este clima moral que domina a sectores muy amplios y complicados de la
Justicia un espíritu de regeneración que no aparece a la vista. Todo eso es, al
final, necesario para que el programa económico se consolide. El problema que
está en el centro de este panorama fue definido a mi juicio magníficamente el
sábado por Natalio Botana, en una columna que firmó en el diario Clarín y que
se titula “El tumulto del segundo año”. Dice en los dos últimos párrafos: “El
Gobierno obtuvo de la Cámara de Diputados lo que quería, aprobando un DNU que
habilita otro acuerdo con el FMI. La economía, hoy sujeta a vaivenes en torno
al tipo de cambio, resulta ser la única trinchera de una gestión que, por
impericia, obcecación y desdén institucional, se desestabiliza en su seno.
Envuelto en la barbarie de la palabra, el ‘círculo de hierro’ instalado en el
palacio transpira ambición y poder. Entre tanto, ese terceto -Javier Milei, su
hermana Karina y Santiago Caputo- ignora que sin inteligencia institucional ese
poder se diluye al paso que crecen los contrarios: son erizos, diría Isaiah
Berlin, a los que le falta la astucia del zorro”.