El nivel de desvergüenza de algunos dirigentes políticos resulta irritante. Edgardo Kueider (PJ), hoy exsenador, quedó detenido junto a su pareja, Iara Guinsel, en diciembre último cuando ingresaban a Paraguay. Fueron acusados de intento de contrabando al querer traspasar la frontera con más de 200.000 dólares, 3,9 millones de pesos y 640.000 guaraníes sin declarar en una mochila.

Mientras cumplen detención domiciliaria en Asunción, la jueza Sandra Arroyo Salgado pidió su extradición. Kueider tiene causas pendientes en su provincia, donde la fiscalía investiga presuntas irregularidades en empresas ligadas a él o a sus allegados.

De la reconstrucción de los hechos surge que el senador y su pareja intentaban concretar la compra de departamentos en Paraguay por un monto de 460.000 dólares, operación que se habría iniciado en abril pasado. Pagos efectuados en efectivo condujeron a que se abriera una investigación en aquel país. Aparentemente, los adquirentes no habrían conseguido una sociedad anónima que figurara como broker y la falta de la documentación solicitada terminó frustrando las operaciones.

Esta información motivó una denuncia de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes paraguaya contra su par argentina, la Unidad de Información Financiera (UIF), acusándola de la filtración local de información reservada sobre el caso Kueider.

El episodio impactó sobre el Grupo Egmont, que nuclea a las UIF del mundo, y preocupa una eventual suspensión de nuestro país. Aún no tiene fecha la audiencia de conciliación prevista. A fin de año, tras su detención, Kueider fue expulsado de su banca por “inhabilidad moral”.

En diciembre tramitó un amparo para declarar inválida esa decisión de sus pares citando al propio Presidente, quien había cuestionado la sesión presidida por Victoria Villarruel, en ejercicio de la presidencia por hallarse fuera del país Javier Milei. La presentación fue rechazada in limine por el juzgado de 1ª instancia.

La Cámara en lo Contencioso Administrativo resolvió rechazar la apelación entendiendo que el procedimiento seguido fue reglamentario y constitucional. Recientemente, en su desesperación por que le reintegren sus perdidos fueros, Kueider interpuso un amparo para que Stefania Cora, la camporista que lo reemplaza en el Senado, no se quede con la que considera su banca.

La Justicia volvió a desestimar su planteo y Cora, quien debió primero renunciar como diputada provincial, ya prestó juramento. El futuro de Kueider se debatirá en los tribunales y no en el Congreso, al que algunos pretenden convertir en aguantadero.