El escándalo por la criptomoneda $LIBRA que promocionó el presidente Javier Milei parecía que llegaba más rápido al propio Congreso que al Poder Judicial. Sin embargo, en las últimas 24 horas, el Senado rechazó, por diferencia de un sólo voto, la creación de una comisión que investigara la presunta estafa y el rol de los hermanos Milei, mientras que la jueza Servini delegó la causa en el fiscal Taiano, quien ya elevó los primeros pedidos para comenzar la instrucción.

En ambos casos se trata de una buena señal para el Gobierno y la tensa relación que se mantiene entre el Ejecutivo y el Legislativo desde el comienzo de gestión de La Libertad Avanza, en medio de un año electoral que mete presión sobre los gobernadores. Así es como fuentes del Congreso explicaron cómo se volteó esa comisión por 23 votos en contra y 47 a favor, cuando se necesitaban 48.

Si bien lo más curioso fue el caso del correntino Eduardo Vischi, quien impulsó la idea de crear esta comisión y luego votó en contra, no fue el único sector del bloque radical que experimentó anomalías: Carolina Losada, de Santa Fe, votó a favor, mientras que los senadores que responden directamente al gobernador Pullaro lo hicieron en contra. El punto en común son las acusaciones de presiones de los gobernadores sobre sus legisladores. Asimismo, los mandatarios provinciales convivieron con una presión directa del Gobierno Nacional, preocupado de que el proyecto no se aprobara.

En diálogo con PERFIL, desde el entorno del gobernador Gustavo Valdés aseguraron que "no hubo ningún llamado" a Vischi ni a ningún senador de Corrientes y aclararon que el proyecto no era suyo sino del fueguino Pablo Blanco, aunque contaba efectivamente con la firma del presidente del bloque. "Valdés ya antes había salido a decir que no estaba a favor de la comisión y que el posteo de Milei fue un mal consejo económico y que debía investigar la Justicia", agregaron.

También afirmaron que "no hubo presiones del Gobierno Nacional". Vale recordar que con obras paralizadas y un año electoral, los gobernadores dialoguistas necesitan mantener el vínculo con el Ejecutivo.

Quien salió a denunciar las presiones en el radicalismo fue Rodolfo Suárez, senador nacional y exgobernador de Mendoza: “Le preguntamos —a Vischi—. Nos dijo que 'se comunicaron desde la gobernación porque llamaron desde el gobierno nacional. Pidieron por favor esto, y bueno… Yo creo que no es prudente hacerlo ahora, pero mandémoslo a comisión'”, relató.

Para Suárez, "fue parte del juego de la política y la presión impuesta a los gobernadores desde Nación". Los legisladores radicales que votaron contra la creación de la comisión investigadora fueron: Eduardo Galaretto (Santa Fe), Mariana Juri (Mendoza), Víctor Zimmermann (Chaco), Stella Maris Olalla (Entre Ríos), Mercedes Valenzuela (Corrientes) y el propio Vischi, jefe de bloque y firmante del proyecto. La iniciativa había sido presentada por el senador Blanco, de la UCR y por Guadalupe Tagliaferri, representante del PRO.

Ellos se sumaron los 6 de La Libertad Avanza, 7 del Pro, con la única excepción de la porteña Tagliaferri, quien más tarde solicitó la interpelación del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, algo que tampoco fue aceptado, aunque sí un pedido de informes. También votaron en contra la mayoría de los integrantes del bloque de Las Provincias Unidas, encabezados por Carlos “Camau” Espínola (Corrientes), Juan Carlos Romero (Salta), Lucila Crexell (Neuquén) y Alejandra Vigo (Córdoba).

Suárez, por su parte, votó a favor de la creación de la comisión, y subrayó que no recibió presión alguna de parte del gobernador de Mendoza: "Cornejo no me llamó para votar de ninguna manera", enfatizó, y agregó que le “parece bien la idea de que haya una comisión para investigar qué pasó con esto", refiriéndose al caso $LIBRA.

Otro de los testimonios fue el que dio el senador Zimmermann, quien manifestó que "no fue un cambio de voto" sino que estaba a favor "de que se investigue". Además, culpabilizó al kirchnerismo de proponer mecanismos irregulares para investigar al gobierno nacional. En los hechos, también terminó votando en contra de su propia iniciativa.

Esto se valió de muchas críticas de dirigentes del radicalismo como Ricardo Alfonsín, Agustín Rombolá y hasta el propio Martín Lousteau, quien dijo que fue "inaudito" que se votara en contra a partir de las pruebas evidentes de la estafa cripto.