En la última semana los gobernadores Martín Llaryora (Córdoba) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe) reclamaron a la Nación una baja de las retenciones. No es la primera vez que lo hacen e insistirán porque también crece la presión de los productores. Sin embargo, por el momento, no habrá una escalada en sus acciones. Se mueven en el sinuoso terreno de un año electoral, en el que el presidente Javier Milei mantiene altos niveles de apoyo.

El combo de baja de precios internacionales e intenso calor, en un contexto de baja reserva de agua, hace más evidente todavía el impacto de las retenciones en los números de los productores. En la Argentina, alrededor del 70% son alquilados y allí la rentabilidad está más comprometida. La combinación de esos factores aceleraron los planteos, en diferentes tonos, de productores y dirigentes agropecuarios.

Si bien ambos gobernadores mantienen un diálogo fluido, no están diseñando una estrategia común por este tema. Tampoco han pedido, de manera individual, reuniones con funcionarios de la Casa Rosada. Coinciden sí, en que es un planteo “permanente” y que lo sostendrán. Enfatizan que si el dinero que aportan sus provincias a la Nación por ese concepto quedara en sus territorios, podría reinvertirse.

En ambos gobiernos señalan que mantienen la posición desde hace un año, cuando comenzó a debatirse el primer proyecto de la ley Bases, que incluía elevar la alícuota de derechos de exportación a la soja y sus derivados, para maíz y trigo. En ese momento los dos mandatarios y el entrerriano Rogelio Frigerio rechazaron de plano la idea.

“Fue una victoria, porque finalmente no hubo alza, pero en lo político pagamos un costo -dice a LA NACION un funcionario cordobés-. Hasta los propios productores, en ese momento, nos pedían no poner palos en la rueda, porque se quedaban con el debate en general y lo que sostenían los libertarios”.

“Queremos discutir”

En esta nueva pulseada, Pullaro fue claro. “Queremos empezar a discutir; la Argentina no va más con el esquema de retenciones que tiene”, declaró, y añadió que en las provincias “los sectores productivos y más dinámicos no pueden seguir subsidiando al conurbano bonaerense, a ese sector improductivo”. La expresión le valió la respuesta del PJ de ese distrito, comandado por Máximo Kirchner. “Llamativas, más allá de falsas y demagógicas”, las calificaron y recordaron que Axel Kicillof había enviado unos 50 patrulleros en la crisis de seguridad de Rosario.

Por su lado, Llaryora usó sus redes sociales para señalar: “Acompañamos el legítimo reclamo de las entidades agropecuarias, que exigen al gobierno nacional medidas concretas para enfrentar esta difícil situación”. Igual que su colega, insistió en lo que significaría que ese dinero que aportan productores de la provincia quedara allí.

 A diferencia de las reacciones que suele tener el presidente Milei ante otros reclamos o críticas, en el caso del campo la respuesta siempre pasa por la promesa de que, cuando se estabilice la macro, empezará la baja de los impuestos. “No sale a agredir, no dice barbaridades, porque sabe que es lógico lo que se pide”, añaden.

Distribución

Según las proyecciones que hizo la Nación en el proyecto de presupuesto 2025, que finalmente no se trató, se espera que la recaudación por retenciones este año aumente 100,4% y represente el 1,43% del PBI. Los especialistas subrayaron que el incremento esperado no es razonable por la baja de los precios internacionales, pero en el Ministerio de Economía insistieron en que no había errores, porque la base de comparación es baja.

Los ministros del área de las provincias, en encuentros con funcionarios nacionales, sostienen que la baja podría ser escalonada, ya que admiten que una reducción abrupta generaría un costo fiscal imposible de absorber. Entienden que cinco puntos porcentuales por año sería una “buena señal”. También recuerdan que en el Congreso existen proyectos para que el cobro de las retenciones sea a cuenta del impuesto a las ganancias.

Las retenciones no se coparticipan. Lo que sí pretenden los gobernadores (y el reclamo es transversal) es que haya una distribución más equitativa de recursos. Por ejemplo, insistieron con el sobrante de los ATN ($630.000 millones en 2024), con la coparticipación del impuesto a los combustibles líquidos “sin comprometer el financiamiento del sistema de seguridad social y la limitación de la alícuota de la Agencia de Recaudación Federal (Arca). Esos puntos formaron parte, entre otros, de las presentaciones que hicieron en noviembre último. Fueron rechazados por Economía y quedó todo en stand-by.