Por orden de la Justicia, efectivos de la Gendarmería allanaron más de 20 domicilios desde abril hasta la semana pasada en el marco de una causa iniciada a raíz de diferentes acusaciones telefónicas efectuadas a la Línea 134 habilitada por el gobierno nacional para recibir denuncias vinculadas al proceder de las organizaciones que administran recursos del Estado en materia de asistencia social.
La semana pasada se concretó la detención de la referente del movimiento CubA- MTR a nivel local. El juez le tomó declaración y horas después le denegó la excarcelación, por lo que fue trasladada a la Unidad Penal N°9 “Granja El Potrero” ubicada en la ruta que comunica con Uruguay. “De la investigación llevada adelante por el Juzgado Federal de Gualeguaychú -a cargo del juez Hernán Viri- se constató que en los movimientos sociales denunciados por personas de Gualeguaychú - Cuba MTR, Movimiento Evita y UTEP- se exigía por parte de sus líderes un monto de dinero equivalente a un 10 por ciento de lo que les correspondía a cada beneficiario por el cobre del plan creado por el gobierno de Alberto Fernández “Potenciar Trabajo” (el porcentaje variaba en los diferentes casos). También pudo constatarse la exigencia a los beneficiarios de una entrega de dinero a cambio de otorgarle los bolsones de mercadería que enviaba a la localidad el gobierno nacional”, indicaron fuentes judiciales a LA NACION.
“Por otra parte se exigía que concurrieran a marchas, a
cortes de calle y a acampes -controlando la participación de los beneficiaros a
través de una lista de asistencia- como así también la concurrencia a
actividades proselitistas (entrega de boletas partidadias y venta de rifas)
bajo la amenaza concreta de dar de baja el plan social y no recibir la ayuda
alimentaria si no se cumplía con estos requisitos”, explicaron las fuentes
judiciales.
En paralelo, el juez federal Hernán Viri dispuso abrir una
investigación patrimonial con relación a las personas denunciadas. “En ese
marco se pudo constatar la existencia de una gran cantidad de transferencias
bancarias por parte de los beneficiarios de los planes sociales a las
referentes de los movimientos locales de Gualeguaychú para pagar el porcentaje
exigido”, explicaron desde el Juzgado Federal.
Desde el Juzgado Federal aseguraron que “muchas de esas
transferencias también se les realizaban a los familiares de las referentes
sociales, quienes se encargaban de la administración de dichos fondos”.
“Para tener una real dimensión de la maniobra ilícita,
solamente a uno de los hijos de la principal dirigente investigada en el marco
de la mencionada causa, se le transfirieron desde el año 2020 hasta el año 2024
la suma de $51.000.000 -eso únicamente en una billetera virtual-, con lo cual
si se tienen en cuenta todas las otras modalidades de pago y a la cantidad de
personas que están siendo investigadas, se estima que los montos son muchísimo
mayores”, ejemplificaron.
Por otra parte, explicaron que a la luz de la investigación
“surgió que hubo reiteradas transferencias de parte de las referentes de
Gualeguaychú hacia una importante referente social nacional, con asiento en La
Matanza, en provincia de Buenos Aires, por grandes cantidades de sumas de
dinero”. Según consta en el expediente se trata de Claudia Marcela Martínez,
alias “Mecha”, señalada por los diferentes denunciantes y testigos como
“referente nacional de la organización Social CUBA/MTR”. Esta persona era quien
contaba con un usuario habilitado para la carga de altas y bajas de planes
“Potenciar Trabajo” en el sistema de participación aportada por el Ministerio
de Capital Humano. Su domicilio fue allanado días atrás en el marco de las
últimas pesquisas ordenadas por Viri.
En septiembre pasado, el Juzgado Federal de Gualeguaychú
dispuso que se hicieran 23 allanamientos, ocasión en la que se secuestró una
gran cantidad de celulares y documentación que respaldaron todo lo que se venía
investigando. Producto del análisis de la prueba recabada por Gendarmería
Nacional, Viri dispuso -entre otras cuestiones- la detención de Carina Rocío
Ester Izaguirre, dirigente de la organización CubA- MTR en Gualeguaychú.
“Vale destacar que la principal investigada (Izaguirre) a
pesar de encontrarse registrada únicamente como pensionada, adquirió 3
vehículos 0km entre 2022 y 2023, además de efectuar la compra de terrenos.
También, se demostró que el nivel de vida de las investigadas, como de su
círculo familiar, era muy alto y totalmente incongruente con los ingresos
declarados y que podían demostrar”, señalaron fuentes vinculadas a la
investigación.
El informe patrimonial citado en el expediente judicial
establece que “Carina Rocío Ester Izaguirre, no registraba inscripciones en
impuestos y/o actividades económicas ante la AFIP actual ARCA, y no poseía
trabajo en relación de dependencia según las fuentes de búsquedas consultadas,
por lo que no se podía a priori justificar el origen del dinero que manejaba la
investigada Izaguirre a través de sus cuentas de Mercado Libre. Asimismo, en el
mencionado informe se constató la incorporación a su patrimonio de tres (3)
rodados 0KM registrados bajo su titularidad en los años 2022 y 2023, resultando
destacado además que en dicho periodo la investigada era quien habría tenido
vinculación con la asignación de los planes sociales nacionales denunciados en
esta ciudad, en principio con su denominación “Potenciar Trabajo” desde el año
2020 al 2024 ambos inclusive”.
Desde el Juzgado Federal aseguraron que “pese al avance de
la investigación y los allanamientos producidos, las referentes de las
organizaciones sociales antes mencionadas continuaron cometiendo los mismos
ilícitos, pero cambiando el procedimiento. Ahora cobraban el dinero en efectivo
- como pago compulsivo a condición de no perder el plan-, para que de tal forma
no quedaran registradas las operatorias con las transferencias bancarias (como
sí había sucedido antes)”, señalaron a LA NACION.
Además del secuestro de elementos vinculados a la causa
(teléfonos celulares, planillas, computadoras, documentación) el juez federal
ordenó el secuestro de “una gran cantidad de mercadería que sería para entregar
a los beneficiarios de los planes sociales, todo lo cual fue puesto a
disposición del Ministerio de Capital Humano. El hallazgo de los alimentos se
produjo en varios de los domicilios de las personas allanadas”.
Según pudo constatar LA NACION, son 20 las personas
involucradas en la maniobra. El juez Viri tomó declaración indagatoria como
imputada a Carina Izaguirre, la única persona detenida por el momento. Por más
de dos horas, asistida por su defensor técnico -el abogado Fabián Otarán-
Izaguirre declaró ante el juez, brindó explicaciones sobre su actividad
comercial (repostera) y brindó detalles de las actividades de su núcleo
familiar. Durante la audiencia de este viernes, el abogado defensor solicitó la
excarcelación, la cual fue denegada por el juez a última hora de ese día.
Otarán apelará, aunque el trámite transcurrirá con Izaguirre presa en la Unidad
Penal N°9 “Granja El Potrero” a donde fue traslada luego de declarar.
Izaguirre, además de ser repostera y parte de la conducción
de la organización social CubA- MTR, integró la lista de concejales del PJ
encabezada por el ex intendente de Gualeguaychú Martín Piaggio.
¿Qué dice el expediente judicial?
La investigación profundizó en “el análisis de las distintas
transferencias y cuentas bancarias informadas por las distintas entidades
requeridas, mediante las cuales se logró establecer que Claudia Marcela
Martínez alias “Mecha”, señalada por los diferentes denunciantes y testigos
como referente nacional de la Organización Social CUBA/MTR, era quien contaba
con un usuario habilitado para la carga de altas y bajas de planes “potenciar
trabajo” en el sistema de participación aportada por el Ministerio de Capital
Humano”.
Por otra parte, “a través del análisis de los movimientos de
la cuenta de Mercado Pago perteneciente al aludido Rafael Exequiel Ramírez,
efectuada por personal del Grupo de Delitos Económicos perteneciente a esta
Unidad, se detectaron transferencias efectuadas con destino a la cuenta
perteneciente a la investigada Claudia Marcela Martínez, siendo destacado esta
información toda vez que sería Martínez quien tiene potestad con el usuario
referenciado de dar las altas/bajas de los planes en cuestión en las
circunstancias denunciadas; se podría inferir que dichas transferencias podrían
estar vinculadas con el producto de las ganancias obtenidas por los pagos
exigidos bajo amenaza a los diferentes beneficiarios del plan nacional
“Potenciar Trabajo”, resultando destacado que en un periodo de 12 meses las transferencias
entre Ezequiel Ramírez (hijo de Izaguirre) y Martínez, arrojaron un monto
aproximado a los 2.028.000$ de pesos”.
A su vez se logró establecer que “Ramírez recibió 618
transferencias de las cuales 337 corresponden a personas titulares de programas
sociales y han sido realizadas desde cuentas del Banco Nación habilitadas a tal
fin, registrando un ingreso de dinero por $51.137.620 y egresos durante el
periodo comprendido desde el año 2020 hasta el año 2024 inclusive por
$47.329.370, esto como se mencionó solo de la firma Mercado Pago, habiendo sido
constatado que el nombrado también posee cuentas en otras billeteras virtuales
que están enviando la información requerida para su análisis”.
En el expediente judicial se brinda detalle sobre la
participación familiar en la administración de los recursos antes mencionados:
“Rocío Izaguirre, es decir su esposo y sus restantes hijos quienes fueron
referenciados por distintos denunciantes y por la propia Izaguirre, que en
distintas comunicaciones mencionó, como colaboradores de la nombrada en las
maniobras investigadas y que ostentarían un nivel de vida que no guardaría
relación con sus ingresos registrados”.
También consta que “Carina Izaguirre continúo recaudando las
sumas de dinero exigidas mensualmente a los diferentes beneficiarios bajo
amenaza de dar de baja dichos beneficios sociales, pero ya no por transferencia
bancarias, sino mediante el pago de físico del dinero en cuestión y por
intermedios de otras referentes barriales de la organización social CUBA/MTR
señaladas como Mónica Cecilia Parma, Gabriela Eseyza y Alba Celeste
Horrisberger, siendo además señalado que el contacto de Izaguirre a nivel nacional
para llevar a cabo dichas maniobras era Marcela Martínez alias “Mecha”.
Nuevos " testigos y denunciantes de la Línea 134 -la
cual dio origen a la investigación- ya convocados anteriormente, que además de
realizar los aportes mensuales señalados y referenciados como “fondo de lucha”,
eran obligados a vender rifas y entregar lo recaudado a la organización de
Izaguirre, además de realizar aporte de dinero para acceder al reparto de
alimentos y concurrir a marchas, cortes y acampes, donde se les tomaba
asistencia al ingreso y egreso de cada actividad y en caso de no concurrir a
las mismas se les daba de baja el plan social nacional, o no le eran entregados
alimentos que eran enviados por el gobierno nacional, siendo que incluso uno de
los declarantes refirió que por no poder concurrir y hacer el aporte en
cuestión, en octubre de 2023 le dieron de baja el plan potenciar trabajo”.
Allí también se detalla “el análisis de la documentación
secuestrada en los procedimientos llevados a cabo en su oportunidad, resultando
destacado los diferentes listados de asistencia con los datos de diferentes
beneficiarios que de planes sociales, lo cual fue cotejado con los padrones
remitidos por el Ministerio de Capital Humano y que guardan relación con las
actividades antes mencionadas, listado de entregas de alimentos, cuadernos con
distinciones de las diferentes organizaciones sociales investigadas, números de
cuentas bancarias y alias con montos de dinero, registros de pagos detallados
como “fondo de lucha” con montos que rondan los 3000 pesos, con detalle de
“pagó” y “falta”, “rifa”, formulario de empadronamiento del “frente de lucha
piquetero CUBA MTR”, fotocopias de DNI de diferentes beneficiarios locales y
otros elementos de interés”.
¿Qué dice la defensa de Izaguirre?
“Se trata de una investigación compleja y llena de humo, con
información que no sabemos de dónde la sacaron, pero que no es cierta. No sé
cómo será el caso en Buenos Aires o en otros lugares, pero acá no existe nada
de eso que le imputan, extorsiones, exigencias impropias, suba o baja de
planes, exigencia de plata, nada de nada. Acá en Gualeguaychú estamos hablando
de una luchadora social de las cual puedo llevar cientos de personas a declarar
para demostrar qué clase de persona es”, dijo a LA NACION el abogado defensor
de la dirigente piquetera, Fabián Otarán.
“Izaguirre vive de forma más que modesta y de acuerdo a sus
ingresos, una casa pobre de menos de 80 m2, donde tiene un kiosco, además es
repostera y venta de tortas, y cobra un Plan Madre de 7 hijos. Todo el dinero y
los bienes que dice que tienen, no es cierto, no tiene tres autos, no tiene
fortuna, no tiene inmuebles. La ponés patas arriba y no se le cae un mango”,
aseguró el abogado defensor.
“El único vehículo que tiene es uno con el que visita su
hijo que juega en Colón, y cómo ella iba en remís una vez por mes a llevarle
comida y darle un beso, y le salía 40 mil pesos el viaje, decidió comprar una
camioneta usada por el la que empezó pagando una cuota de 45 mil pesos, y hoy
paga más de 300 mil pesos. Ella y su compañero sacan ese dinero del kiosco los
primeros días y pagan la cuota, así se están arreglando. Además, para eso se
empeñó en una agencia conocida y un vecino le salió de garante, está todo
documentado. Para hacer esta operación vendió otro auto, lo entregó, y el resto
lo financió. No tiene cuentas bancarias, no tiene inmuebles, no extorsionó a
nadie ni le pidió plata a nadie para ir o no ir a una marcha. Ella no tenía
ninguna posibilidad de habilitar o quitar un plan de beneficio social, eso es
incumbencia exclusiva de la nación Además, todos sus ingresos se pueden
rastrear y probar”, aportó Otarán.
“No sabemos por qué ni quién ingresó una información falsa
atribuyéndole bienes y dinero que no son suyos, son de su hijo, que trabajó en
Toyota y que recibió una indemnización laboral y con ello se compró un terreno
y un auto y realizó trabajos de reparto para Mercado Pago y Diario El Día.
Carina Izaguirre es una legendaria y recontra conocida luchadora social,
siempre ayudando gente y nunca se quedó con plata de nadie”, cerró el abogado.