Una serie de situaciones, por lo menos sospechosas, sobrevuelan la causa que investiga al senador Edgardo Kueider y a su secretaria Iara Guinsel Costa por haber intentado ingresar más de 200 mil dólares sin declarar a Paraguay. Los teléfonos de los dos detenidos nunca fueron secuestrados y la fianza para acceder al beneficio de la prisión domiciliaria tampoco se abonó.

Mientras tanto, el proceso judicial avanza y el juez del caso anticipó que, si se lo encuentra culpable, el entrerriano podría recibir una condena a dos años y medio de prisión. En el terreno político argentino, el peronismo insiste con expulsar de su banca al aliado del oficialismo y el Gobierno busca embarrar la cancha con una reforma a la ley de Fueros.

De dónde salió el dinero y cuál era su destino es lo que la Justicia busca dilucidar. La coartada de Kueider se reduce a que el dinero no era suyo, sino de Guinsel Costa. En su declaración, la secretaria aseguró que es una empresaria y que los 200 mil dólares que estaban guardados en una mochila se los otorgó la firma paraguaya GOLDSUR SA para realizar compras de cosméticos en Ciudad del Este.

Sin embargo, la mujer de 34 años no brindó precisiones respecto de quién se los entregó, cuándo ni dónde. Simplemente, presentó un documento que, supuestamente, acredita ser la representante de la compañía. La fiscalía, ahora, pondrá la lupa sobre esa compañía.

Hasta el momento, los fiscales paraguayos no requirieron el secuestro de los celulares de los detenidos. Simplemente, investigaron las antenas de los teléfonos para determinar su ubicación geográfica.

La decisión llama la atención porque podrían ser una pieza clave para conocer los movimientos que realizaron las horas previas a ser demorados en el Puente de la Amistad. Por ejemplo, si se encontraron con alguien en el camino. En los próximos días se podría solicitar la incautación de los aparatos, aunque la medida llegaría tarde. Cualquier información comprometedora es probable que ya haya sido borrada.

A partir de una solicitud del abogado Ricardo Preda, Kueider y Guinsel Costa obtuvieron la prisión domiciliaria y se alojaron en un complejo llamado Tierra Alta, ubicado en el barrio Villa Morra, en Asunción. Se trata de dos departamentos de lujo, que cuentan con pileta, solarium, quincho y gimnasio. Para acceder a este beneficio, los detenidos tuvieron que pagar una fianza de 150 mil dólares cada uno. Si bien el dinero fue incautado, el depósito todavía no se concretó.

El juez Humberto Otazú, a cargo de la causa, advirtió que "si se prueba su culpabilidad, (Kueider) podría recibir dos años y medio de privación de la libertad". Sobre el proceso judicial, Otazú explicó que tiene un plazo de seis meses para ser completado, según el Código Procesal paraguayo.

"Para nosotros no es un asunto de tanta notoriedad porque no es funcionario paraguayo", remarcó, aunque admitió que el hecho captó "notoriedad e impacto mediático en ambos países".

Asimismo, el magistrado rechazó la posibilidad de que el senador pueda abandonar el país e indicó que pueden autorizarse videoconferencias para la comunicación judicial en la Argentina.

"La Policía Nacional debe realizar un control permanente sobre las personas, el edificio y las adyacencias. También sobre la puerta de ingreso y de salida del departamento. Son su sombra", sintetizó. Respecto a los espacios comunes del complejo Tierra Alta, Otazú remarcó que no pueden ser utilizados por los detenidos.

Por último, el juez descartó contactos diplomáticos argentinos que hayan pedido la extradición del legislador, a excepción de las comunicaciones formales que se cursan con los consulados cada vez que se detiene a un extranjero.

La intención de Kueider, por el momento, es quedarse en Asunción durante el proceso, mientras espera que la Justicia paraguaya defina si el caso deriva o no en una investigación por supuesto lavado de dinero.

Coletazos en Argentina

El caso del senador entrerriano será tema central de las sesiones extraordinarias. Unión por la Patria insiste en tratar cuanto antes su expulsión del cuerpo. Incómodo por la situación de su aliado, el Gobierno propuso reformar la Ley de Fueros para destituir a todos los legisladores que tengan causas judiciales.

"Son llamativas las reacciones que ha tenido el Poder Ejecutivo intentando desligarse de él. Fue en nuestra boleta, pero en diciembre del año pasado se adhirió con bombos y platillos a las políticas de Milei, transgrediendo o traicionando el voto popular", expresó el senador peronista Oscar Parrilli.

"No solamente le apoyó la Ley Bases, le apoyó todos los pedidos que hizo, sino que además fue funcional a evitar que se deroguen decretos como el que le permite renunciar la deuda al Gobierno. Se sacó fotos con Milei. Claramente, es un senador de ellos", agregó el exsecretario General de la presidencia.

Tras el anuncio de la administración libertaria de promover la remoción de todos los legisladores que tengan procesos judiciales abiertos, Parrilli planteó que se trata de una medida "torpe, burda, y que demuestra la irracionalidad, y que están muy nerviosos y no saben cómo explicarlo".

Pese a que el oficialismo no formalizó la convocatoria para las sesiones extraordinarias, el jueves a las 11, Unión por la Patria intentará llevar adelante una sesión para tratar la remoción del entrerriano.