La Cámara de Casación de Entre Ríos dispuso este martes la prisión efectiva para el exgobernador de esa provincia y exembajador ante Israel, Sergio Urribarri, en relación a la condena de ochos años de cárcel que recibió en 2022 por distintos hechos de corrupción.

Los camaristas Marcela Davite, Marcela Badano y María Evangelina Bruzzo dieron lugar al pedido de cumplimiento efectivo de la sentencia, que habían solicitado los fiscales Gonzalo Badano, Patricia Yedro y Francisco Ramírez Montrull. También se aplicó la misma medida para Juan Pablo Aguilera, cuñado del exmandatario entrerriano.

La decisión de los jueces se fundamentó particularmente en el riesgo serio de fuga, luego de que el dirigente kirchnerista fuera condenado hace dos años a prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, por los delitos de "peculado" y "negociaciones incompatibles con la función pública".

En 2020, Urribarri había sido nombrado embajador en Israel por el gobierno de Alberto Fernández, gracias a su alianza con la entonces vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Luego del fallo judicial en primera instancia del Tribunal de Juicios y Apelaciones entrerriano, debió renunciar e iba a ser reemplazdo por Cristina Caamaño, quien finalmente rechazó la designación.

El Tribunal también condenó a Aguilera, dueño de una imprenta, a seis años y medio de prisión y al exministro Cultura y Comunicación entrerriano Pedro Báez, a seis años de prisión. Otro de los exfuncionarios de Urribarri, Hugo Marsó, que se desempeñó como ministro de Turismo, fue absuelto.

En ese sentido, la Justicia sostiene que se probó que el exgobernador de Entre Ríos usó de forma ilegal fondos públicos para, en algunos casos, financiar sus campañas electorales, mediante contratos de imprenta y publicidad, entre otras maniobras.

También se juzgaron hechos probados sobre un esquema de retornos en distintas operaciones financiada por el Estado provincial, o las contrataciones por 28,4 millones de pesos para la organización del encuentro de presidentes del Mercosur, que se llevó a cabo en Paraná, capital provincial, en 2014.

Para los representantes del ministerio Público quedaron comprobadas "las facilidades que tienen los imputados para abandonar el país o permanecer ocultos: se trata de personas con recursos económicos, que además se encuentran íntimamente vinculados a personas que pueden ayudarlos económicamente, que tienen capacidad para trasladarse de un lugar a otro y vínculos en el extranjero”.

La orden de Casación provincial ya fue comunicada al jefe de la Policía de Entre Ríos, que una vez que realice la detención de Urribarri deberá “alojarlo” en la Unidad Penal 1 "Dr. Juan José O Connor".