A pesar de que aún no hay una condena firme en su contra, el exgobernador de Entre Ríos Sergio Urribarri fue detenido por delitos contra la administración pública. El exmandatario había sido condenado en 2022 a 8 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, pero estaba en libertad porque en el proceso siguen vigentes apelaciones de su defensa.

La decisión fue concretada luego de que la Cámara de Casación Penal de Entre Ríos ordenara la "inmediata captura" de Urribarri al anular un fallo anterior que le había permitido seguir en libertad hasta que quede firme la condena.

Las camaristas hicieron lugar a una apelación de la Fiscalía basada en el “riesgo de fuga”. Sostuvieron que la libertad del exmandatario comprometía los tratados internacionales en materia de lucha contra la corrupción y por los cuales la Argentina tiene el "deber de investigar, juzgar y castigar" estos delitos con "una mayor intensidad".

Por este motivo, las juezas Marcela Davite, Marcela Badano y Evangelina Bruzzo resolvieron que había “motivos suficientes para anular la resolución” que sostenía la libertad de Urribarri, y por ello dispusieron “la prisión preventiva en unidad carcelaria”.

Según los medios locales, el exgobernador fue detenido esta mañana en su casa de la localidad de Concordia. Agentes de la policía provincial le informaron sobre su detención por los delitos cometidos cuando encabezó el Poder Ejecutivo entrerriano y lo trasladaron al Penal 1 de la ciudad de Paraná.

Urribarri fue gobernador de Entre Ríos entre 2007 y 2015, y durante el gobierno anterior ofició de embajador argentino ante Israel. En 2022, cuando el Tribunal de Apelaciones provincial confirmó la sentencia, el entonces presidente Alberto Fernández le pidió la renuncia a ese cargo.

Las Cámara de Casación Penal de Entre Ríos argumentó que el cumplimiento de la sentencia condenatoria, que aún no está firme, se dilató "con diversas maniobras” por parte de la defensa.

Por los mismos delitos de “peculado” y “negociaciones incompatibles” con la administración pública también están condenados Pedro Báez, exministro de Cultura y Comunicación, y Juan Aguilera, cuñado y exfuncionario de Urribarri.

El juicio se había iniciado en septiembre de 2021. Sobre un total de 13 imputados, fueron absueltos cinco: el exministro de Turismo, Hugo Marsó; los exfuncionarios de la Unidad Operativa Mercosur, Hugo Céspedes (fallecido durante el proceso) y Gustavo Tórtul, Alejandro Almada y Maximiliano Sena.

Al año siguiente, en el fallo condenatorio, el Tribunal de Juicios y Apelaciones de la provincia Entre Ríos consideró que se "echó mano a fondos" provinciales para un "interés netamente particular", en referencia a una "campaña para posicionar la imagen de Urribarri como candidato a presidente" en las elecciones de 2015.

También determinaron que hubo contrataciones de empresas para publicaciones de solicitadas, para la instalación de un parador playero en Mar del Plata, para difundir spots de promoción de la Cumbre del Mercosur realizada en Paraná en 2014, y para publicidad callejera y en diarios y revistas.