706 El exgobernador de Entre Ríos Sergio Urribarri fue detenido esta mañana por orden de la Cámara de Casación de la provincia, que dispuso su “inmediata captura” en la causa en la que está condenado a ocho años de prisión e inhabilitado a perpetuidad para ejercer cargos públicos.

Urribarri fue encontrado culpable de los delitos de peculado y negociaciones incompatibles con el cargo de gobernador, pero como la condena todavía no está firme, técnicamente no comenzará a cumplir su pena. Lo dispuesto hoy por la justicia provincial es una prisión preventiva para evitar que el exmandatario, cuya situación judicial es cada vez más complicada, se fugue.

Fuentes oficiales relataron a LA NACION que Urribarri fue detenido este mediodía en Concordia, en su casa, y que cuando le comunicaron que iban a buscarlo, “se descompensó” (tiene diabetes, informaron). Fue trasladado, acompañado por su médico personal, a una cárcel de Paraná, en una camioneta de la Policía custodiada por un patrullero. El viaje demoró unas tres horas. Llegó a la prisión a las 17:23 y fue alojado separado del resto de la población carcelaria “por una cuestión de seguridad”, relató un alto funcionario provincial, que afirmó: “El régimen es el mismo que el del resto de los internos, solo que separado”.

La orden de detención del exgobernador fue dispuesta este martes, minutos después de las 10, y comunicada de inmediato por la presidenta de la Cámara de Casación provincial, Marcela Davite, al jefe de la Policía de Entre Ríos, con la instrucción de que una vez arrestado, Urribarri fuera “alojado” en la Unidad Penal 1, lo que efectivamente se hizo.

La captura se ordenó en el marco de la causa en la que la justicia entrerriana consideró probado que Urribarri dispuso en forma ilegal de fondos públicos para financiar sus campañas electorales; entre otras maniobras, a través de contratos de imprenta y publicidad.

El exgobernador -que era aliado del kirchnerismo y durante el gobierno de Alberto Fernández fue embajador en Israel- fue condenado el 7 de abril de 2022 y esa sentencia fue confirmada por la Casación de Entre Ríos en 2023. Urribarri presentó un recurso extraordinario y tiene todavía la posibilidad de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación revierta su condena.

La fiscalía ya había pedido la detención del exgobernador, pero hasta ahora su planteo había sido rechazado. Esta mañana, finalmente, se ordenó la prisión preventiva “hasta que la sentencia condenatoria recaída en autos adquiera firmeza”.

Urribarri, no obstante, tiene la posibilidad de apelar esta prisión preventiva ante el Superior Tribunal de Entre Ríos, que podría revocar lo ordenado y disponer que el exgobernador espere en libertad la definición de la Corte Suprema. También podría alegar que por su estado de salud necesita cumplir la prisión preventiva en su casa.

El argumento central del fallo de la Casación provincial de hoy fue el peligro de fuga. La Cámara entendió que cambiaron las circunstancias porque ahora Urribarri tiene una condena confirmada. Y eso se suma a la posibilidad de escapar que le dan sus “importantes vínculos”, según el voto de la jueza Marcela Davite, al que adhirieron las otras dos juezas que firmaron el fallo, Marcela Badano y María Evangelina Bruzzo.

Las juezas recordaron que en la causa se probó que, como “la máxima autoridad del Poder Ejecutivo” (fue gobernador entre 2007 y 2015), Urribarri y sus coimputados actuaron “en total impunidad durante ocho años”: recurrieron a “testaferros”, “destinaron el dinero público a fines personales y se sirvieron del aparato estatal y de las facultades legales y constitucionalmente asignadas, y también de las relaciones que entablaron durante el ejercicio de la función pública”.

Otro argumento para disponer la prisión preventiva fue la actitud del exgobernador después de ser condenado, con “acciones concretas y comprobables para no someterse al procedimiento -que aún no ha finalizado- e impedir el cumplimiento de la pena”, dijo la Casación provincial. El fallo de hoy destacó además que Urribarri tiene “recursos económicos” y relaciones con personas que pueden ayudarlo económicamente; “capacidad para trasladarse de un lugar a otro y vínculos en el extranjero”.

La fiscal destituida

Cecilia Goyeneche era la subprocuradora de Entre Ríos y, como tal, coordinó al grupo de fiscales que investigó a Urribarri en esta y otras causas. Por su actuación en uno de esos expedientes, enfrentó un jury por mal desempeño. Ahora, Goyeneche apuesta a que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que tiene su caso a estudio, la restituya en su cargo. En junio pasado, el procurador general interino, Eduardo Casal, dictaminó ante la Corte que hubo una “grave violación a la garantía del debido proceso” en la remoción de la fiscal.

Cuando la Cámara de Casación de la provincia confirmó la condena de Urribarri afirmó que toda la prueba de la causa fue “legítimamente reunida” y que a los acusados se les garantizó el debido ejercicio de su defensa. Según la Casación, esta investigación tuvo pruebas de “un volumen y contenido incriminador pocas veces visto en este tipo de hechos”.

Junto con Urribarri fueron condenados el exministro de Cultura y Comunicación de la provincia, Pedro Báez, y el exfuncionario legislativo Juan Pablo Aguilera, ambos a seis años de prisión y la inhabilitación para ejercer cargos públicos.

Aguilera también fue detenido este martes. Es el cuñado de Urribarri y se lo condenó por haber actuado contra la administración pública, porque era dueño de las imprentas a la que se giraron los trabajos financiados con dinero estatal y, al mismo tiempo, funcionario. Según la condena, fue parte activa de la cartelización de empresas que posibilitó el desvío de fondos.

Una prueba “cinematográfica”

En el fallo del año pasado, que confirmó la condena de Urribarri, la Casación recordó que entre la abundante prueba encontrada una, que resultó clave, apareció de un modo “cinematográfico”: durante un allanamiento en una empresa que resultó ser de un cuñado de Urribarri revolearon a la casa de al lado un disco extraíble que encontró, colgando de una canaleta, la empleada doméstica de la casa vecina. Se lo mostró a la dueña de casa y aunque las dos creyeron que podía ser un juguete, se lo entregaron a la policía que estaba haciendo el allanamiento.

La orden de detención

La sentencia de hoy dispone, en su punto I: “Hacer lugar al recurso de casación interpuesto por el Ministerio Público Fiscal, revocar la resolución de fecha 05/09/2024, dictada por el Tribunal de juicio y apelaciones de Paraná, y en consecuencia, disponer la prisión preventiva efectiva de los imputados Sergio D. Urribarri y Juan Pablo Aguilera, hasta que la sentencia condenatoria recaída en autos adquiera firmeza”. Y en su punto II: “Ordenar la inmediata detención y posterior traslado a la Unidad Penal N°1, a disposición de este Tribunal y causa, de los imputados Sergio D. Urribarri y Juan Pablo Aguilera”.