El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio (PRO), se presentó la semana pasada ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para "interponer una acción de inconstitucionalidad" contra el Estado nacional, debido a una deuda de 175,5 millones de dólares por los excedentes de la energía generada por la represa hidroeléctrica binacional Salto Grande.
Aunque es un aliado circunstancial, Frigerio demandó a la Nación, hoy administrada por Javier Milei. Con un escrito de 61 carillas, el fiscal de Estado de la provincia, Julio César Rodríguez Signes, reclamó fondos retroactivos a 2013.
Las autoridades de Entre Ríos entienden que la Nación está incumpliendo el "Pacto Intrafederal" firmado en 1998, que tiene sentido "reparatorio" con las comunidades afectadas por la construcción de la represa sobre el río Uruguay.
Por ejemplo, con la vieja ciudad de Federación, desde donde migraron unos 20.000 trabajadores a Concordia, hoy la localidad más pobre de la Argentina. En aquel momento, se inundaron 78.300 hectáreas productivas, principalmente de la actividad citrícola.
En concreto, el fondo de la cuestión obedece al precio que paga la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa) -una sociedad mixta que maneja la Secretaría de Energía, pero incorpora a todos los actores privados- por la energía de Salto Grande, que entienden en la provincia que es demasiado bajo.
El precio de la energía eléctrica
Décadas atrás, cuando comenzó su construcción, los distintos gobiernos prometieron que la represa generaría electricidad barata para los habitantes de Entre Ríos, pero la energía se conecta al sistema nacional y solo promedia hacia abajo los costos.
Por ser un sistema interconectado nacional, los usuarios de todo el país a través de sus tarifas y el Estado nacional mediante subsidios pagan "costos medios", pese a que en Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Neuquén y Río Negro se genere energía hidroeléctrica muy económica (porque el agua es el "combustible"). Según la demanda, la generación de Salto Grande es dos veces más grande que el consumo eléctrico de todo Entre Ríos.
La represa que la Argentina comparte con Uruguay tiene una potencia instalada de 1.890 megavatios (MW) y cobraba hasta el mes pasado, a partir de las resoluciones oficiales de la Secretaría de Energía de la Nación, un precio de $ 4.019 por cada megavatio-hora (MWh) entregado a la red y $ 3.198.860 por cada MW al mes.
Eso equivale a un precio de unos US$ 8,5 por MWh -el costo promedio en el año fue de US$ 11,5; mientras que el nacional es de hasta 60 dólares en verano y US$ 85 en invierno- y una facturación de unos 12 millones de dólares por mes en total a plena potencia, no siempre alcanzable -depende del agua disponible-.
Entre Ríos se queja de que Yacyretá recibe $ 8.887 por cada MWh generado, más del doble.
Con todo, la provincia sostiene que los cambios en la manera de remunerar su energía a partir de 2013 le provocaron una pérdida de 700 millones de dólares acumulados en 11 años, y que los excedentes para financiar el Fondo Especial de Salto Grande -previsto para reparación social y ejecución de obras complementarias- suman más de US$ 175 millones.
Tras la demanda, la Nación pagó a Entre Ríos $ 4.885,6 millones por los excedentes de la represa.
Intervención a cooperativas en deuda
Por otro lado, el Gobierno decidió el mes pasado avanzar con la intervención de una decena de cooperativas eléctricas a lo largo del país, por deudas que suman más de $ 140.000 millones.
Son las cooperativas de Villa Gesell, Las Flores, 9 de Julio, Olavarría y Tres Arroyos, en Buenos Aires; Gualeguaychú, en Entre Ríos; Río Grande, en Tierra del Fuego; y las empresas de Trelew, Rawson, Puerto Madryn, Esquel y Sarmiento, en Chubut.
