El plan de presidente Javier Milei y el ministro de Economía Luis Caputo para inyectar dólares en la economía a través del blanqueo de capitales podría tambalear si las provincias hacen la vista gorda. Hasta ahora, son minoría las gobernaciones que han adherido a la exteriorización que propone el blanqueo. ¿Qué provincias han expresado que se ciñen a la normativa y cuáles aún no lo han hecho?

El artículo 42 del paquete fiscal aprobado meses atrás rezaba: "Invítase a las provincias, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a los municipios a adherir al Régimen de Regularización de Activos, adoptando medidas tendientes a liberar los impuestos y tasas locales que los declarantes hayan omitido ingresar en sus respectivas jurisdicciones". Sin embargo, hasta esta semana son solo siete provincias las que han adherido completamente.

A fin de septiembre finaliza la "Etapa 1" del Régimen de Regularización de Activos, la de la alícuota más baja para montos superiores a u$s 100 mil (5% versus 10% y 15% de las siguientes) y la única que permite exteriorizar dinero en efectivo con la posibilidad de invertirlo y no pagarlo. En palabras del ministro de Economía, Luis Caputo, en medio de la pérdida de reservas del Banco Central de la República Argentina (BCRA) por la "Fase 2" del programa económica, el objetivo no sería sumar recaudación, sino reactivar la economía.

¿Qué provincias adhieren al Blanqueo de Milei en la Argentina?

Las siete provincias que se encuentran en la lista que se alinean al blanqueo de Nación se apuraron a legislar rápidamente antes de que se venza dicho plazo. Neuquén, a cargo de Rolando Figueroa, fue la primera provincia en adherir de manera inmediata al blanqueo de activos.

El 9 de agosto aprobó en la legislatura la Ley 3450 denominada "Régimen especial de regularización impositiva y facilidades de pago". Entre los artículos sancionados se establece una "quita del 70% de los intereses resarcitorios establecidos por la Dirección Provincial de Rentas conforme al artículo 84 del Código Fiscal provincial vigente, debiendo suscribir el plan hasta el 16 de septiembre de 2024, inclusive".

Progresivamente se establece una quita de 50% si es a partir del 17 de septiembre y el 15 de octubre de este año.

En esta misma línea, se condonaran las multas "no firmes" a la fecha de acogimiento del plan y de los recargos "por simple mora" establecidos en el 271 del Código Fiscal vigente. En segundo lugar, apareció la provincia de Córdoba, al mando del gobernador Martín Llaryora, que aprobó la medida el 22 de agosto.

El Legislativo cordobés aprobó a través de la Ley 10980 la adhesión de la provincia a la ley de blanqueo del Gobierno nacional, para adecuar la normativa local a la ley dispuesta por la Nación y permitir que sea efectiva.

En Tucumán, el gobernador aliado de Milei Osvaldo Jaldo consiguió lo mismo el 27 de agosto. El titular de la Comisión de Hacienda y Presupuesto de Tucumán, el diputado Carlos Gallia, aseguró que esta ley tiene "muchas facilidades y oportunidades".

"Hoy, una persona puede depositar en una cuenta especial $1.000 y, a partir del 1 de octubre, ese dinero entra directamente en el sistema económico legal", dijo el legislador en declaraciones para una radio provincial. 

En cuanto a Chubut, el 29 de agosto, la provincia oficializó la adhesión al blanqueo de capitales. La medida fue respaldada por el Ejecutivo provincial, con el argumento de que la adhesión permitirá el ingreso de fondos no declarados al circuito económico, beneficiando tanto a la Nación como a la provincia.

"El impuesto que graba la norma nacional es coparticipable e ingresan fondos a las provincias también", afirmó el subsecretario de Coordinación Financiera Marcos Bensimón.

Por su parte, en la provincia de Chaco aprobaron la medida el 3 de septiembre. "Fue una jornada en la Cámara de Diputados muy intensa, donde nosotros aprobamos proyectos de ley que marcan el cambio de época que nosotros estamos llevando adelante", aseguró en declaraciones televisivas el diputado provincial de Juntos por el Cambio (JxC), Iván Gyoker.

"Somos la primera provincia del país en adherir a la eliminación de retenciones de ingresos brutos a las compras con tarjetas, que es una distorsión tremenda, un costo que lo interiorizaban los comerciantes", aseguró.

El 5 de septiembre, el gobernador de Entre Ríos Rogelio Frigerio consiguió su aprobación en la legislatura. El mandatario propuso adherir a dos artículos de la Ley Nacional 27.743, relativos al denominado blanqueo de capitales. Así, quienes voluntariamente declaren la tenencia de moneda nacional, extranjera, muebles, inmuebles y demás bienes o activos en el país y en el exterior accederán a beneficios.

Entre estos, se cuenta la excepción de pagar el impuesto sobre los Ingresos Brutos (IIB) y cualquier otro impuesto provincial que correspondiera bajo ciertas condiciones. Además, quedarán liberados de toda acción civil por los delitos de la ley penal tributaria y demás sanciones e infracciones que pudieran corresponder por el incumplimiento de las obligaciones vinculadas o que tuvieran origen en los bienes y tenencias que se declaren.

La decisión no vino sin controversia: el exdirector de Aduana Guillermo Michel había solicitado la semana pasada a la Legislatura Provincial la incorporación de una cláusula provincial anti-narcos en la adhesión al RIGI y el blanqueo.

"Nadie puede estar en contra de la promoción de inversiones y la generación de empleo en la provincia. Pero debemos prestar especial atención al origen de los fondos", afirmó Michel en declaraciones radiales.