El sacerdote Javier Olivera Ravasi, que organizó una reunión de diputados libertarios con represores, entre ellos Alfredo Astiz, en la cárcel de Ezeiza, fue echado de la Diócesis de Zárate-Campana, con el argumento de las “numerosas quejas fundadas por sus expresiones y actitudes que se oponían al testimonio cristiano”.

La sanción se tomó luego de que la propia Conferencia Episcopal emitió un comunicado tomando distancia de las gestiones que hizo el cura y de fuertes gestos del papa Francisco que recibió a víctimas de la última dictadura militar.

“Dado que en reiteradas ocasiones se recibieron en este Obispado numerosas quejas fundadas por sus expresiones y actitudes, que se oponían al testimonio cristiano -máxime proviniendo de un sacerdote-, se le pidió un cambio de actitud y comportamiento en su proceder.

Al no observarse hasta el presente el cambio requerido en su actitud, y teniendo en cuenta que el mencionado sacerdote no pertenece a esta Diócesis de Zárate-Campana así como por el bien de la comunidad diocesana, hechas las consultas pertinentes, se le ha comunicado que en adelante no tiene autorización para residir en esta Diócesis”, informó en un comunicado difundido hoy.

Olivera Ravasi es hijo del ex militar Jorge Antonio Olivera, también condenado por violaciones a los derechos humanos, entre ellos el secuestro y desaparición de la modela Marie-Anne Erize. Fue el organizador de la reunión de seis diputados de La Libertad Avanza con una decena de condenados por delitos de lesa humanidad, que reclaman salir de la prisión debido a que tienen más de 70 años, afrontar problemas graves de salud y no tener condena firme.

“El sacerdote, presbítero Javier Olivera Ravasi, está incardinado en la Diócesis de San Rafael, Provincia de Mendoza, y fuera de la misma desde hace varios años. Por razones familiares que aludió, solicitó residir en esta Diócesis de Zárate -Campana, lo que se le concedió por el término de cuatro meses, desde el 20 de agosto de 2019 hasta el 31 de diciembre del mismo año, quien posteriormente dejó el lugar y retornó varias veces sin aviso alguno”, recordó el obispado que es encabezado por Pedro María Laxague.

¿Qué significa la sanción? Olivera Ravasi estudió en el ultraconservador Instituto del Verbo Encarnado, en Mendoza. Es abogado, se doctoró en filosofía e historia, fundó la Orden de San Elías a la que define como “una sociedad de vida apostólica que tiene por fin la misión ad gentes y el apostolado de la contra-revolución cultural” y sus manifestaciones públicas -es muy activo en redes sociales- generaron fuerte malestar en la Iglesia.

De su paso por el Verbo Encarnado, el cura está incardinado o forma parte de la Diócesis de San Rafael, pero tenía permiso para actuar y residir en Zárate-Campana. De hecho, había fundado una capilla en un barrio privado y desde allí daba misa y ofrecía servicios religiosos. Sin embargo, su principal actuación no tiene que ver con el suministro de los sacramentos, sino que desarrolla una actividad que excede por mucho la que se realiza dentro de los templos.

Olivera Ravasi está embarcado en lo que él denomina la “contra revolución cultural”, que va desde el rechazo a las doctrinas de género, a la ley del aborto y la crítica a la cosmovisión progresista, incluso dentro de la propia Iglesia Católica.

Participa en redes sociales, tiene el sitio y el canal de Youtube Que No te la Cuenten, desde donde expone sus ideas de fuerte raíz tradicionalista y conservadora.

En el Episcopado de la Argentina sus posiciones -algunas que confrontan con las del papa Francisco- eran observadas con atención antes de que ocurriera la reunión en la cárcel federal de Ezeiza con los detenidos por delitos de lesa humanidad. El papa Francisco recibió a la hija de una víctima de Astiz, en plena la polémica por la foto en Ezeiza

Tanto que el vocero de los obispos, Máximo Jurcinovic, advirtió en una declaración oficial en medio de la Asamblea que llevaba adelante la cúpula eclesiástica que “lo expresado y actuado por el sacerdote Javier Olivera Ravasi en relación a la visita de un grupo de diputados a la cárcel de Ezeiza no corresponde ni al pensamiento ni a la actitud de la CEA” y agregó que “se trata de una acción particular y personal del mencionado sacerdote”.

“Dicha visita a la cárcel de Ezeiza se encuentra dentro de la investigación que lleva adelante la Justicia Federal de Lomas de Zamora. La mirada de la Iglesia Argentina sobre este tema se encuentra presente en la publicación realizada el año pasado en los 3 tomos de la edición ‘La verdad los hará libres’ que fue encargada por la Conferencia Episcopal Argentina a la Universidad Católica”, afirmó.

Tras tomar estado público que Olivera Ravasi había organizado la reunión con los condenados -la figura de Astiz era la más “famosa” pero había otros con penas más altas- y se difundiera la foto de ese encuentro, el escándalo en la Iglesia subió de tono y también en el ámbito político.

De hecho, hasta en la maratónica sesión que empezó ayer y seguía esta mañana, el tema del cónclave estuvo presente y hubo pedidos concretos de expulsión que no prosperaron. Además, el presidente y el vice de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), Oscar Ojea y Marcelo Colombo, recibieron a organismos de derechos humanos y les manifestaron que la actuación de Olivera Ravasi no representa el pensamiento ni la acción de la Iglesia Católica.

Ambos recibieron a integrantes de la Asociación Permanente por los Derechos Humanos (APDH), la seccional La Matanza de esa entidad, HIJOS Capital, el Movimiento Ecuménico de Derechos Humanos y la Comisión por la Memoria, Verdad y Justicia de Zona Norte.

La foto y los nombres

Mario “El Cura” Marcote: miembro del Servicio de Informaciones y condenado a 17 años de prisión en Rosario.

Alfredo Astiz, conocido como “el Ángel de la muerte” y condenado por infiltrarse en Madres de Plaza de Mayo, así como por desapariciones y torturas en la ESMA.

Miguel Britos, ex miembro de la Superintendencia de Seguridad Federal, condenado por delitos en el circuito represivo ABO (Atlético-Banco-Olimpo).

Honorio Carlos Martínez Ruíz, condenado a perpetua por los crímenes cometidos en el centro clandestino Automotores Orletti.

Raúl Guglielminetti, también condenado por su accionar en Automotores Orletti.

Beltrán Benedit, diputado nacional LLA, sindicado como el organizador de la visita al penal de Ezeiza.

Lourdes Arrieta, diputada nacional LLA. “Fue una reunión que fuimos engañados un grupo de diputados. No puedo decir si todos lo sabían o no, pero en el caso de la diputada Bonacci y como yo, empezamos a hablar de este tema porque en un momento teníamos angustia y entramos en un estado de shock”, sostuvo la semana pasada sobre el encuentro. Y, de manera insólita, agregó: “Nací en 1993, no tenía ni idea de quiénes eran”.

Marcelo Cinto Courtaux, miembro del Destacamento 201 de Inteligencia que actuó en Campo de Mayo.

Julio César Arguello, condenado a perpetua por delitos cometidos en el “Circuito Camps”

María Fernanda Araujo, diputada nacional LLA.

Juan Manuel Cordero, condenado a 25 años de prisión por crímenes cometidos en el marco del Plan Cóndor.

Carlos Guillermo Suárez Mason (hijo), alias “El hijo de Sam”, condenado por delitos de lesa humanidad en la ESMA.

Guillermo Montenegro, diputado nacional LLA. Ex asesor de la vicepresidenta, Victoria Villarruel.

Gerardo Arraez, condenado a 25 años de prisión por delitos en el circuito represivo ABO (Atlético-Banco-Olimpo).

Alida Ferrerya, diputada nacional LLA.

Adolfo Donda, condenado por su accionar en la ESMA y por el secuestro de la exdiputada Victoria Donda.

Antonio Pernías, (alias “Trueno” o “Rata”), condenado a perpetua por delitos de lesa humanidad en la ESMA.

Juan Carlos Vázquez Sarmiento, responsable de secuestros y torturas, prófugo de la Justicia durante casi 20 años.