Emergencia en Obra Pública: “Una adecuación legislativa necesaria y responsable”

Diputados aceptó las modificaciones introducidas por el Senado a la ley que prorroga el régimen de emergencia en obras públicas. Se sancionaron además leyes vinculadas al ordenamiento jurisdiccional de la ciudad de Bovril y de comunas Antelo y Distrito Sauce.

La Cámara de Diputados llevó a cabo este miércoles 21 la Sesión Especial Nº 15 del 146º Periodo Legislativo, bajo la presidencia de Gustavo Hein, durante la cual se sancionó de forma definitiva el restablecimiento de la prórroga en emergencia en obras públicas y viales a partir del 1° de enero y hasta el día 31 de diciembre de 2026. El Expediente Nº 28.925 había sido aprobado por la cámara baja el 23 de diciembre de 2025 para, luego, recibir modificaciones del Senado, por lo que el trámite legislativo obligó a la cámara de origen a tratarlas en sesión especial.

El proyecto venido desde el Poder Ejecutivo se fundamenta en que “posibilitará la negociación en mejores condiciones con empresas contratistas, facilitará el reconocimiento y cancelación de sus créditos, promoverá la rescisión o renegociación contractual cuando resulte necesario”, así como “reducirá de manera significativa la litigiosidad existente o potencial, mediante acuerdos que incluyen el desistimiento de acciones judiciales sin costos para el Estado Provincial”.

Como presidente de la comisión de Obras Públicas y Planeamiento y miembro informante frente al cuerpo, la diputada Noelia Taborda se refirió al trabajo de debate en comisión que demandó el expediente. “Pudimos dar cuenta de las obras paralizadas que encontró esta gestión al asumir, a lo que se sumó el tiempo de negociación con Nación más el período de negociación de acuerdos con empresas”. Y destacó que “en eso se sustenta este proyecto, se pide un poco más de tiempo para que el Estado provincial pueda cumplir con obligaciones asumidas. Esta ley resulta una adecuación legal necesaria y responsable”, afirmó.

Taborda ahondó en detalles sobre los alcances del articulado. “Este proyecto no amplía facultades discrecionales, sino que ratifica herramientas legales ya autorizadas por la Legislatura”, dijo, y, para finalizar, agregó que la ley aporta “seguridad jurídica y responsabilidad fiscal necesario para cuidar el interés general de la provincia”.