La enorme complejidad de cualquier entramado de corrupción que involucre a funcionarios públicos en la Argentina ha convertido a las investigaciones en inagotable fuente de datos, documentación y testimonios detrás de procederes delictivos.

Dos disciplinas se destacan en esta ímproba, valiente y valiosa tarea que muchas veces la ciudadanía no valora debidamente y que no siempre conduce a condenar a quienes se sindica como responsables.

Por un lado, el valor del periodismo de investigación ha quedado confirmado en infinidad de casos como una herramienta insustituible para controlar y echar luz sobre actos de gobierno en los distintos niveles.

Por el otro, es tarea de los tribunales receptar denuncias y asignar fiscales que puedan cimentar adecuadamente las pruebas capaces de conducir a una condena cuando corresponda.

En muchas ocasiones, lo judicial y lo periodístico se potencian y retroalimentan mutuamente. Cuanto más sonoras las denuncias y más gravitantes los personajes involucrados, mayores los obstáculos que se interpondrán en cualquier investigación. En estos días, el caso del exgobernador entrerriano Sergio Urribarri ha saltado nuevamente a los portales de noticias.

En 2022, el santafesino Daniel Enz recibía el premio Pluma de Honor, que entrega la Academia Nacional de Periodismo. Una de sus obras, El Nido. Poder, justicia y corrupción en Entre Ríos, había sido reconocido por Fopea como el mejor libro de investigación periodística de 2019.

Quien comenzó como canillita encontró luego su vocación en las noticias. Su sitio web periodístico Análisis Digital fue el primero en Entre Ríos. Enz lleva más de 30 años buscando esclarecer las oscuras relaciones entre el poder político y el narcotráfico, poniendo incluso en juego la propia vida y la de su familia ante innumerables amenazas. Ya no acude a denunciarlas en la Justicia porque se cansó. “El tema es no aflojar, no claudicar”, dijo quien ya ha publicado 17 libros de periodismo de investigación.

Sobre un total de 500 denuncias realizadas sobre distintos temas, en más del 10% de los casos estas fueron disparadoras de causas penales. Algunas fueron motor conductor de la condena a ocho años de cárcel e inhabilitación a perpetuidad para ejercer cargos públicos que recibió Urribarri.

En un país que ve tan seriamente trastocado su sistema de valores, a nadie puede sorprender que Fernando Burlando, abogado del condenado por corrupción Urribarri, acompañara a su defendido a los tribunales porteños para presentar una denuncia contra Enz.

En un último esfuerzo por dar vuelta la taba, sin más instancias recursivas y a poco de confirmarse la sentencia que llevaría finalmente a la cárcel al exmandatario entrerriano, acusan al prestigioso periodista de haber participado en una persecución judicial junto a magistrados de distintas instancias, fiscales y la intendenta de Paraná.

“La denuncia es increíble”, atinó a decir Enz, quien afirma no mantener las relaciones que le endilgan, preocupado solo al ver peligrar el secreto profesional que rodea a su trabajo ante el pedido de registros de sus llamadas entrantes y salientes.

Consultado respecto del caso de la echada Cecilia Goyeneche, número dos de la Procuración de Entre Ríos, integrante del equipo de fiscales que logró la condena de Urribarri, Enz afirmó: “Fue una vendetta contra ella. Un pacto político-judicial para destituirla. Es una fiscal dura, que no negocia con el poder, preparada, comprometida, tenaz”.

Señaló también que la causa de los contratos legislativos truchos que le valió la condena al exgobernador es compleja, “un agujero negro para todo el poder político”, en el que Urribarri y sus familiares directos eran los más comprometidos. Goyeneche recurrió a la Corte Suprema de Justicia de la Nación antes de ser destituida, pero esta ordenó al máximo tribunal entrerriano que analizara el amparo por ella presentado, en el que denunciaba una persecución por haber avanzado contra el poder.

El Superior Tribunal de Entre Ríos lo rechazó con velocidad inusitada. Contra aquella decisión, agotadas las instancias de apelación provinciales, la fiscal había presentado en 2022 un recurso extraordinario. Días atrás, la Corte solicitó al Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos el expediente completo del caso para su análisis.

Una vez más, será la Justicia la encargada de poner las cosas en su lugar. Quienes valientemente desde sus distintas funciones osan enfrentar al poder, en cualquiera de sus manifestaciones, al amparo de la ley, deben contar con las garantías necesarias.

La independencia de los tres poderes que consagra la Constitución encuentra en estas situaciones los mejores ejemplos. Es de esperar que se haga justicia.