En medio de la negociación que el Gobierno de Javier Milei intenta establecer con los gobernadores para llegar a la firma del Pacto del 25 de Mayo se sumó estos días un nuevo frente de tormenta, luego de que CAMMESA, la empresa mayorista de energía, comenzara a enviar cartas a las gobernaciones y a las cooperativas provinciales reclamando el pago de importes adeudados, pero también facturas de servicios de febrero que reportan aumentos de hasta 150%.

La polémica comenzó a partir del caso de Chubut, donde el gobierno provincial y cinco de sus principales ciudades, Comodoro Rivadavia, Trelew, Puerto Madryn, Rawson y Esquel, fueron intimadas por la mayorista de electricidad a pagar una deuda total que asciende a $ 58.919 millones. Esto puso en alerta al gobernador Ignacio Torres, que ya viene de varios cortocircuitos con el Gobierno de Javier Milei. Pero lo que ocurre en Chubut no es un caso aislado porque la ofensiva de CAMMESA se extendió a todas las empresas provinciales de electricidad y a las cooperativas.

En Entre Ríos, la cooperativa de Concordia arrastra una deuda de unos $ 1.700 millones y recibe facturas mensuales de unos $ 500 millones. ENERSA, que es la empresa provincial de energía, sólo pudo pagar una parte de su última factura que ascendía a casi $ 4.500 millones y tiene una deuda de $ 3.100 millones. Tras el anuncio del nuevo cuadro tarifario, la compañía estatal resolvió que los usuarios podrán abonar la factura en tres pagos.

Pedidos de embargos a municipios y provincias

Lo llamativo no es que la empresa mayorista haya decidido avanzar con intimaciones judiciales contra las compañías de electricidad, ya que es habitual que se pida el embargo de cuentas o bienes de esas firmas deudoras; lo diferentes es que ahora se pide el embargo de cuentas y bienes de las provincias o los municipios. Un ejemplo es el caso de la Cooperativa 16 de Octubre de Chubut que en 2021 firmó un convenio con CAMMESA para regularizar su deuda y la semana pasada, la mayorista pidió el embargo por incumplimiento en los pagos de los municipios de Esquel y Trevelin, que son los garantes de la contratación.

En el interior, el malestar crece aún más cuando trasciende que las distribuidoras que operan en el AMBA mantienen deudas superiores. EDENOR le adeuda a la mayorista $ 127 mil millones, mientras que el pasivo de EDESUR asciende a $ 72.500 millones. Cuando Sergio Massa estuvo como ministro de Economía quiso incluir en el proyecto de presupuesto de 2023 un artículo que obligaba a las provincias a regularizar las deudas con CAMMESA bajo la amenaza de descontar de otras partidas los importes adeudados.

La iniciativa no prosperó porque los diputados, en ese momento, entendieron que las gobernaciones no podían hacerse cargo de los desmanejos de las cooperativas y la discusión se diluyó en la política.

Sube 150 % el precio mayorista de la electricidad

Pero a las deudas que las empresas provinciales y cooperativas de energía mantienen con la mayorista se sumó un alza del 150%. Por ejemplo, en el caso de la empresa de energía de Formosa, en el período del 1 al 30 de noviembre, CAMMESA le facturó un total de $ 1.516.566.038, con un subsidio de $ 1.524.612.508. Sumando otros cargos, la factura no llegaba a los $ 2.000 millones.

En el mes de febrero, la factura de la empresa, con un pequeño crecimiento de la demanda, se fue a $ 4.622.649.330, que con otros items se elevó el total a $ 5.711.521.261, todo con un subsidio de $ 4.211.374.450, que es para los sectores residenciales de bajos ingresos.

En la provincia que gobierna Gildo Insfrán aún no saben cómo se va a transferir el aumento a los usuarios, sobre todo en un territorio donde casi el 70% de la población es empleado público. Este fenómeno no es exclusivo de Formosa.

El senador de Chubut Carlos Linares publicó el caso de la distribuidora de Comodoro Rivadavia que en enero recibió una factura por un total de $ 700.039.137 mientras que la factura de febrero sufrió una fuerte suba y llegó a $ 1.765.236.775.

En la zona patagónica tiene un alto impacto y de acuerdo a lo apuntado por Gustavo Monesterolo, titular del Ente Regulador de Servicios Públicos de Chubut, se estima que las categorías más bajas, aquellos usuarios que pagan los importes menores, pasarán a abonar un promedio que oscilará entre los $ 30.000 y $ 40.000.

En el caso de Puerto Madryn, por ejemplo, la cooperativa de energía dispuso un aumento de 75% en la tarifa, pero en el precio mayorista hay distintos valores: los residenciales con subsidios tendrán aumentos de entre 30% y 40% en ese ítem, mientras que los residentes con tarifa plena la suba será de 100% como los usuarios industriales. Los más afectados son los comercios que experimentarán variaciones entre un 300 y 400 %.

En Salta, el gobernador Gustavo Sáenz ordenó suspender por 120 días la actualización tarifaria del servicio de electricidad, que había sido aprobada el 31 de enero. La movida puede mover el tablero y generar un precedente en el marco de un proceso de normalización de las deudas que las distribuidoras de electricidad de todo el país mantienen con CAMMESA.

Este nuevo conflicto se suma a otros abiertos con las gobernaciones por fondos millonarios, como los que aportaba Nación para los salarios docentes, o los vinculados al transporte. Y sigue en duda qué ocurrirá con la plata que la Casa Rosada enviaba a cajas jubilatorias de 13 provincias.

Luego de que un decreto informara que se cortarían esos envíos mensuales, desde el Gobierno salieron a aclarar que los fondos estarán, pero luego de auditarlos en ANSeS. Los mandatarios de esos distritos, de todos modos, siguen en guardia e incluso amenazan con ir a la Corte Suprema en caso de que supriman.