Santa Fe es una de las trece provincias que reclamó al gobierno nacional por las transferencias para el pago de jubilaciones especiales, una cifra de dimensiones gigantescas cuya financiación enfrentó al Ejecutivo con los gobernadores en los últimos gobiernos. A diferencia de sus antecesores, cuando Javier Milei asumió la presidencia directamente suspendió los giros que realizaba Anses a 13 cajas administradas por las provincias y no transferidas, lo que disparó los reclamos.

La medida quedó plasmada en el DNU publicado en el Boletín Oficial el pasado miércoles, mediante el que se dejó sin efecto los artículos 92 y 93 de la ley de presupuesto 2023.

Las transferencias por las cajas jubilatorias especiales es una de las cartas que se reserva el Ejecutivo para negociar con los gobernadores, dado que es una cifra que asciende a unos 5.600 millones de dólares, siendo una deuda que hasta que no se salde la discusión deberá ser absorbida por los tesoros provinciales.

La normativa, en tanto, abrió un nuevo capítulo de la tensa relación entre el Gobierno y las provincias. Fue tomada en la previa al encuentro entre funcionarios nacionales y los gobernadores previsto para el 4 de abril, en una de las reuniones convocadas para preparar el terreno hacia el encuentro denominado Pacto de Mayo, que tendrá lugar en la ciudad de Córdoba.

"Las jubilaciones no son casta"

La medida impacta en la provincia de Buenos Aires, Chaco, Chubut, Córdoba, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, Misiones, Neuquén, Santa Fe, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Corrientes. Pero fue la provincia del gobernador santafesino Maximiliano Pullaro la primera en pronunciarse al respecto.

El secretario de Seguridad Social de Santa Fe, Jorge Boasso, cuestionó la decisión del presidente Javier Milei y la tildó de "una apropiación indebida de fondos" en una entrevista con el diario La Capital, además de que obliga a las provincias a liquidar esos haberes.

El funcionario planteó que el decreto responde a "otra trastada del presidente" y puntualizó que "mientras Milei convoca al consenso a los gobernadores para que lo acompañen en sus leyes, saca por decreto un recorte de fondos adeudados por ley (no discrecionales) a las cajas jubilatorias de 13 provincias".

Por tanto, indicó que la provincia evalúa judicializar la medida. "Las cajas de jubilaciones no son casta" sino que se trata de "los aportes de los trabajadores durante su vida laboral", apuntó Boasso. "La Nación le debe a Santa Fe alrededor de 700 mil millones de pesos. Imagínense los santafesinos las obras que se podrían encarar con 700 mil millones", agregó.

"Hay que terminar con el unitarismo y construir un país federal en serio", pidió al tiempo que postuló la necesidad de "aprobar urgente una ley de coparticipación inversa, es decir que recauden municipios y provincias y después coparticipen a la Nación".

Claves del recorte a las jubilaciones

En la previa a la reunión del 4 de abril, el Gobierno y las provincias atraviesan otro foco de tensión como consecuencias del freno a las transferencias a las cajas jubilatorias especiales.

La decisión, en tanto, podría derivar en nuevas presentaciones judiciales y ya hay distritos que en otras oportunidades llegaron a la Corte Suprema de Justicia. Las partidas para las cajas no transferidas están previstas por presupuesto nacional desde el gobierno de Mauricio Macri, cuando se alcanzó un acuerdo entre Nación y provincias.

En ese momento se acordó que aquellas provincias que no transfirieron los regímenes previsionales a la Nación recibirían los mismos recursos que le costaría al sistema central si los tuviera bajo su órbita. De esta manera, dejó de exigirse la “armonización” que había sido un punto de conflicto durante la gestión de Cristina Kirchner.

Desde 2023, se estableció que se actualizarían en función de la movilidad jubilatoria, lo que nunca se cumplió. Hasta diciembre pasado, estas provincias venían recibiendo las partidas sin actualizar, lo que iba en contra de la normativa vigente.

Desde enero, la Casa Rosada suspendió la totalidad de las transferencias, que no solo no se actualizaron sino que ni siquiera se mantuvieron a valores históricos, por lo que hay deuda acumulada en favor de las provincias que está respaldada por la legislación.

El pago de la deuda acumulada por falta de actualización era un punto que, en el inicio de la gestión libertaria, los gobernadores pidieron resolver como forma de descomprimir tensiones, pero no fue aceptado. La apuesta de Milei quedó firme el miércoles, cuando eliminó vía DNU varios artículos de la Ley de Presupuesto (27.701) de 2023, prorrogada para este año, que incluía este esquema.

Cuando el cordobés Osvaldo Giordano estuvo a cargo de Anses por 75 días planteó usar una parte de los activos del Fondo de Garantía y Sustentabilidad (FGS) para cancelar esa deuda con los sistemas previsionales en manos de provincias: eran US$ 5.600 millones. Pero la propuesta no fue aceptada.

Según un informe de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP), la relación entre aportantes y beneficios es de 3 a 1 en la Patagonia; de 4 a 1 en Misiones, y menos de dos por cada prestación en Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos y Formosa.