Javier Milei suma ruido en su relación con los gobernadores a solo seis días de reunirse con los mandatarios provinciales de JxC. El Gobierno decidió eliminar a través del DNU 280/24 publicado el jueves- las transferencias que la ANSES realizaba a las cajas de jubilaciones que todavía están en control de 13 provincias, cuatro de ellas cercanas a la Rosada.

La decisión del Ejecutivo se suma a la eliminación del Fondo Nacional Docente y del Fondo Compensandor del Transporte, que ya había dejado de pagar y ejecutó este jueves por DNU y las demoras en el pago del Servicio Alimentario Escolar. En el lote de provincias que no transfirieron sus cajas jubilatorias a la Nación y debían recibir fondos nacionales hay distritos de todos los signos políticos.

Se cuentan peronistas y aliados como Buenos Aires, La Pampa y Tierra del Fuego; oficialismos provinciales como Córdoba, Misiones, Neuquén y Santa Cruz; y los ex JxC que todavía funcionan como una unidad para negociar con la Rosada, Chaco, Chubut, Corrientes y Santa Fe (JxC).

Desde enero, el Gobierno había dejado de transferir las partidas millonarias a las provincias que también habían reclamado a la gestión de Alberto Fernández por la actualización de los montos copartipables con los que se financia la ANSES.

El miércoles, a través del DNU, eliminó los artículos 92, 93 y 94 de la ley de Presupuesto 2023 -que está vigente ante la ausencia de un ley de leyes para 2024- y que obligaba al Gobierno a cubrir esa diferencia antes del día 20 de cada mes, una política establecida durante la administración de Mauricio Macri para saldar una larga discusión judicial entre la Nación y las provincias.

Durante su breve gestión en ANSES, el flamante presidente de la Fundación Mediterránea Osvaldo Giordano ofreció cubrir la deuda nacional con recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), pero la propuesta fracasó.

El ex titular de ANSES responsabilizó al ministro de Economía Luis Caputo por la merma en el envío de fondos, en una entrevista con La Voz del Interior. La esposa del ex funcionario, la diputada Alejandra Torres -que había votado en contra del articulado de la ley ómnibus que signifó la expulsión de Giordano del Gobierno- también cargó contra el nuevo DNU. “El decreto consolida así una grosera e irritante discriminación entre provincias”, escribió en la red X.

En el Gabinete de Martín Llaryora señalan que es una mala noticia, pero sostienen que el decreto les abrió una puerta para avanzar con una solución de fondo en la Justicia Federal. "Antes tenían la Nación tenía una deuda de entre $240 y $400 millones con la provincia. Ahora consolidaron algo que es ilegal y tenemos un marco legal", explicaron cerca del cordobés mientras definen si recurrir a la Corte Suprema o una Cámara Federal.

En la provincia mediterránea, sin embargo, sostienen que su apoyo a la ley ómnibus no corre riesgo a menos que el oficialismo decida utilizar el FGS con otros fines, una alternativa que hoy no figura en el borrador. El gobernador santafesino Maximiliano Pullaro fue el primero en alzar la voz contra el Gobierno a través de su secretario previsional Jorge Boasso.

“Mientras Milei convoca al consenso a los gobernadores para que lo acompañen en sus leyes, saca por decreto un recorte de fondos adeudados por ley”, se quejó el dirigente radical. El funcionario de Pullaro no descartó acudir a la Corte Suprema, que sigue sumando expedientes de las provincias contra el Estado nacional. La administración saliente de Santa Fe, a cargo del peronista Omar Perotti había interpuesto una demanda 45 días antes de dejar el poder por la deuda consolidada hasta el 31 de diciembre.

En el ejecutivo santafesino señalan que la Nación adeuda entre entre $600 mil y $700 millones a las provincias, según el índice del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) del ANSES. El gobierno santafesino teje una estrategia política y legal combinada con Córdoba y Entre Ríos, aunque los distritos accionarían por separado.

La semana pasada, además, Pullaro sumó una foto sugerente con Axel Kicillof con la excusa de un acuerdo de gestión en materia de seguridad en la frontera entre ambas provincias. Córdoba también demandó a la Nación por el mismo motivo. Juan Schiaretti presentó meses atrás dos demandas ante el ANSES por la deuda consolidada que su sucesor Llaryora continuará; además de activar un tercer recurso por el flamante DNU.

Además de Pullaro, el resto de los gobernadores de JxC afectados avisaron que volverían a llevar el reclamo a la Casa Rosada el próximo jueves. El tema les preocupa mucho más que la eliminación del FONID o del Fondo Compensador de Transporte que el Gobierno también oficializó en el mismo DNU.

La convocatoria a una comisión económica para tratar el paquete fiscal sigue paralizada. El impuesto a las Ganancias también divide a los gobernadores. Entre los mandatarios provinciales circula un Excel con las deudas de Nación a las provincias: $248 mil millones de ATN sin distribuir, $2100 millones por Impuestos a las Ganancias; $265 mil millones de impuestos a los combustibles; $285 mil millones por impuestos a los combustibles; $1450 millones de lo proyectado para el consenso fiscal de 2024; lo que da un total de casi 5 mil millones de dólares.

Las deudas nacionales se compensan con las contraídas por las provincias, en especial con la docena que -como Chubut- pusieron los fondos coparticipables que les corresponden como garantía. Dirigentes que trabajan para el armado de algunos gobernadores creen que las últimas decisiones del Ejecutivo podrían aunar voluntades de los gobernadores en la Cámara Baja para rechazar el Mega DNU 70/2023, que ya sufrió un revés en el Senado.

En el ministerio del Interior siguen confiados en que reunirán los votos necesarios para aprobar la nueva versión de la ley ómnibus y el cada vez más acotado paquete fiscal. Guillermo Francos prometió el martes en Salta a los gobernadores del Norte que habilitará las obras paralizadas que cuenten con financiamiento de organismos multilaterales.

El 19 de marzo, el Gobierno logró desactivar la sesión en Diputados en la que bloques opositores y los gobernadores buscaban restablecer el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) por ley. “Levantaron la sesión, pero el Gobierno les fusiló el FONID por DNU”, razonó el ex diputado lavagnista Alejandro “Topo” Rodríguez, del Instituto Consenso Federal.

En efecto, en el mismo DNU 280/24 del jueves -en el que eliminó las transferencias a los cajas jubilatorias de 13 provincias- el Presidente firmó el acta de defunción del FONID. En la página 181 del Anexo I del decreto se eliminan los $276.262 millones que figuraban en el prorrogado Presupuesto 2023.

El FONID se estableció en 1998 para contrarrestar las diferencias entre las paritarias docentes provinciales y nacionales. El Gobierno dejó de pagarlo y el 10 de febrero los ministros de Educación de las 24 provincias reclamaron ante el secretario nacional Carlos Torrendell por la deuda.

Algunas provincias fueron más lejos: Misiones recurrió ante la Corte Suprema para que el Gobierno gire los fondos comprometidos. El gobernador de Río Negro Alberto Weretilneck también presentó un amparo en el Juzgado Federal de Viedma para recuperar fondos educativos. Al igual que con el FONID, el Gobierno también eliminó en el DNU el fondo compensador del Interior, que en 2023 equivalía a $102 mil millones destinados a subsidiar el transporte interurbano fuera del AMBA.

La Pampa presentó una denuncia ante la Corte Suprema por el recorte. Chubut, en tanto consiguió el visto bueno en la Cámara Federal después de presentar una cautelar, que el Gobierno decidió apelar, y Santiago del Estero también había presentado una demanda en el mismo sentido. A las mencionadas, se suman las denuncias ante la Corte que presentaron dos de los opositores más duros, el bonaerense Axel Kicillof y el riojano Ricardo Quintela.

El primero recurrió al máximo Tribunal por la eliminación del Fondo de Fortalecimiento Fiscal (que equivalía a 2 puntos de coparticipación de CABA). El riojano pidió que la Corte declare inconstitucional el Mega-DNU 70. Además, el chubutense Ignacio Torres y el chaqueño Leandro Zdero pidieron que se declare inconstitucional la reforma de Ganancias, mientras que el misionero Passalacqua reclamó también por las reformas en el DNU 70 al Instituto Nacional de la Yerba Mate. Mientras empuja a sus candidatos al máximo Tribunal en el Senado, donde pisan fuerte los gobernadores, el Gobierno suma malhumor entre los mandatarios provinciales.

En las últimas semanas una decena de provincias reclaman al Gobierno por la decisión de transferir el Servicio Alimentario Escolar (SAE) de la secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia a Educación y por las demoras en las transferencias. “Ya se perdieron cuatro meses y esto burocráticamente hace que tardemos dos meses más en que esa asistencia, aunque pobre y escasa, llegue a las provincias”, se quejó el ministro bonaerense Andrés Larroque.