La conversación se complica porque, en el fondo, digan lo que digan, los objetivos no son idénticos: los gobernadores pueden querer, como Javier Milei, que se atenúe la inflación, pero tal vez sin tanta urgencia, porque, en definitiva, con ella sube también lo que las provincias recaudan en Ingresos Brutos.

Para el Presidente, en cambio, cualquier escalada de precios es 100% costo político. Por eso el tironeo por los recursos fiscales se volvió medular: la discusión es quién hace el ajuste.

Y, hasta ahora, si no se llega a un acuerdo y se cumple entonces la advertencia libertaria de dejarlos “sin un peso”, hay ocho jurisdicciones que sufrirán más: La Rioja, Río Negro, Tierra del Fuego, Salta, Catamarca, Tucumán, Chaco y Corrientes.

El elenco surge de un minucioso trabajo de Marcelo Capello, economista jefe del Ieral, de la Fundación Mediterránea, que pondera en la misma cuenta recursos, nivel de endeudamiento, gasto corriente, dependencia del gobierno central y hasta exportaciones de cada provincia, y los contrasta con la situación que hasta ahora parece estar imponiéndose: la semana pasada, al ver que no tenía apoyo para el proyecto original de la ley de Bases, la Casa Rosada decidió sacar la parte fiscal del paquete y se reservó la facultad de llegar al equilibrio fiscal por otra vía, el ajuste.

Y lo haría, anticipan sus voceros, bajando lo que comúnmente se conoce como “transferencias discrecionales”, que son los envíos que van a las provincias por fuera de la coparticipación, para gastos o inversiones. Lo primero que hay que decir es que, más allá de las palabras, ese recorte ya empezó.

En enero, por ejemplo, Axel Kicillof, líder bonaerense, recibió en transferencias apenas 50 millones de pesos que, si se los compara con los 37.510 millones a precios constantes de enero de 2023, representan exactamente un 99,9% menos que hace un año. “No hay plata”. Buenos Aires es, después de La Rioja, la provincia que venía recibiendo mayor porcentaje de estos envíos discrecionales en relación con sus ingresos totales.

Y está novena en el ranking del Ieral de exposición al ajuste, encabezando el lote de “vulnerabilidad media”: le siguen Entre Ríos, Formosa, San Juan, Jujuy, Misiones, Neuquén y Santa Fe.

En el tercer lote, de menor vulnerabilidad, aparecen Chubut, Mendoza, Santa Cruz, Santiago del Estero, San Luis, Córdoba, Ciudad de Buenos Aires y La Pampa. La ubicación de cada provincia puede sorprender en algunos casos a simple vista, y por eso vale detenerse en determinadas variables que influyen.

En Santa Fe, por ejemplo, las exportaciones llegan al 35% de su producto, el máximo de las 24 jurisdicciones, y deberían apuntalarla hacia arriba, pero la provincia tiene al mismo tiempo un elevado nivel de gasto corriente: según los números al primer semestre de 2023, el ahorro sobre gasto fue de apenas 4,7%, de los niveles más bajos del país, sólo por arriba de Tierra del Fuego (0,04%), Río Negro (0,07%), Salta (2,1%) y La Rioja (3,6%).

Tal vez eso explique las advertencias del gobernador Maximiliano Pullaro esta semana: “El equilibrio fiscal de la Nación no puede ser a costa del de las provincias”, advirtió.

La situación parte de un contraste reciente. Gracias a la ley de responsabilidad fiscal impulsada en 2016 por el gobierno de Mauricio Macri, que les exigía inicialmente no subir gastos corrientes en términos reales y empleo por sobre el crecimiento vegetativo de la población, la mayoría de las provincias tenía superávit fiscal primario en 2022.

Nadin Argañaraz, director del Iaraf, recuerda que la única excepción fueron Buenos Aires, San Luis y La Pampa. Pero llegó 2023, la campaña electoral, la inflación desbocada, los reclamos salariales más duros y la mayoría de los gobernadores perdió el equilibrio fiscal.

“Ya el año pasado, el superávit primario consolidado de todas había caído 60%”, dice Argañaraz, que agrega que, hasta septiembre pasado, sólo tenía detectadas cuatro jurisdicciones con superávit fiscal primario: Ciudad de Buenos Aires, Mendoza, Córdoba y Tucumán.

Así llegan todas a esta puja por los recursos con Milei. El listado de las más vulnerables que hace el Ieral deja otra sorpresa, Santiago del Estero, la quinta menos expuesta a un eventual ajuste de la administración central.

Habría que atender en este caso variables fundamentales como su condición de exportadora del 20% de su producto, o su tasa de ahorro corriente sobre gasto, la más alta de todo el país, un 57% explicado en parte porque es también la que menos la destina al personal.

La administración de Gerardo Zamora gasta en sueldos apenas 28,9% de sus ingresos, muy lejos de las que encabezan la lista de esos gastos: Río Negro (65,4%), Tierra del Fuego (64,6%) y Salta (63,2%). El panorama vuelve decisiva la discusión por el impuesto a las ganancias, que fue dejado afuera del paquete legislativo y es coparticipable.

Según el trabajo de Capello, si se fuera a aplicar, cambiaría el ranking de vulnerabilidad. En ese caso, agrega, como no sería tan gravitante la dependencia de la coparticipación, Tierra del Fuego y Río Negro pasarían a los primeros lugares entre las más expuestas, y Buenos Aires y Entre Ríos, a integrar el tercio de más expuestas.

¿Cómo prepararse para lo que viene? ¿Deberían las provincias hacer sus propios ajustes? Dependerá de cada caso, pero no parece tan sencillo desde la óptica política, porque la mitad de los gastos totales de estas jurisdicciones se va en salarios.

Vale aquí un rasgo importante: los gobernadores pagan más sueldos del personal docente, de salud y de seguridad que la Nación. Y, como siempre en estos casos, se hace difícil separar lo necesario de lo excesivo. Jorge Colina, economista de Idesa, recuerda que de todo el universo de empleados públicos (unos 3,5 millones de personas, más de la mitad de los trabajadores privados), el 66% corresponde a las provincias; el 20%, a la Nación, y el 14%, a los municipios.

Es cierto que muchos gobernadores tienen sus plantillas sobredimensionadas. Otro informe del Ieral, elaborado sobre datos del Indec y la Jefatura de Gabinete, indica que al tope del empleo público provincial está Catamarca, con 106 trabajadores cada 1000 habitantes en 2022, seguida por La Rioja (104), Santa Cruz (103), Tierra del Fuego (103) y Neuquén (90). Este dato tampoco debería ser considerado de modo aislado: en una provincia con escasa población, el índice sube.

“Pero lo que hay que tener en cuenta es que una economía con mucho empleo público se vuelve menos competitiva -dice Capello-. A veces mucho empleo público hace subir el salario promedio y eso disuade al sector privado de invertir en la provincia”.

¿La opción de las provincias podría ser ajustar, como pide Milei, sobre la casta política? Probablemente sí, principalmente en las respectivas legislaturas, pero los analistas consideran que esos gastos no representan más del 5% y que en todo caso serán esfuerzos simbólicos. No sería poco, de todos modos, si se tiene en cuenta la crisis que viene: si no llegan a un acuerdo con el Gobierno y no pueden bajar más gastos, los gobernadores deberán elegir entre subir impuestos o endeudarse.

Argañaraz advierte que muchas de las inversiones en rutas dependen de transferencias discrecionales, por lo que probablemente se verán afectadas. Otro golpe inesperado, esta vez para el empleo privado.