El despacho del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, era un hervidero. A pesar de que al mismo tiempo se desarrollaba un plenario de comisiones donde organizaciones no gubernamentales exponían sobre la Ley Ómnibus, las negociaciones de la letra chica del proyecto se llevaban adelante en el primer piso del Palacio Legislativo.

El oficialismo hizo explícito que apunta a firmar dictamen esta semana para poder sesionar antes del paro general de la CGT, programado para el miércoles 24 de enero.

Sin embargo, desde la oposición explicaron a Infobae que ven muy difícil que esto ocurra: en primer lugar, porque consideran que el trabajo para incorporar las modificaciones es demasiado extenso y no se puede terminar antes del viernes; por otro lado, alguno sectores de la oposición dialoguista entiende que sacar el proyecto antes del paro general lo terminará potenciando.

“No le tenemos que dar una bandera a la CGT”, resumió una diputada. Desde las 12.30 hasta pasadas las 14, el vicejefe de Gabinete, José Rolandi, y funcionarios de la Secretaría de Energía, como Mariano Palacio, se reunieron con representantes de la oposición para analizar el capítulo energético de la ley, específicamente lo relacionado a la explotación de hidrocarburos.

Juan Manuel López, de la Coalición Cívica; Martín Maquieyra, del PRO; Nicolás Massot, de Hacemos Coalición Federal; Soledad Carrizo, Roxana Reyes, Pablo Cervi y Pamela Verasay, de la UCR, fueron algunos de los legisladores que analizaron artículo por artículo y plantearon al oficialismo principalmente algunos cuestionamientos de los gobernadores de la provincias productoras de hidrocarburos.

“Se trabaja bien pero sin conclusiones”, resumió un diputado de la oposición dialoguista a la salida del encuentro. Según explicó a Infobae, los libertarios se muestran receptivos a las modificaciones planteadas pero no pueden dar el visto bueno final. Aún deben consultar con el Poder Ejecutivo para ver si efectivamente aceptan hacer cambios al texto.

La oposición espera una respuesta rápida del Gobierno sobre este punto, ya que este miércoles se reunirán los gobernadores de las provincias productoras de petróleo en el CFI (Consejo Federal de Inversiones) y allí podrían unificarse criterios para apoyar o rechazar el proyecto.

“Todavía no mandaron la devolución de todo lo que trabajamos el lunes”, explicó una diputada del radicalismo, en referencia a las objeciones a las facultades delegadas, a las declaraciones de emergencia y a tratar las privatizaciones en un solo bloque. En ese sentido, coincidió en que consideraba “imposible” que se firme un dictamen antes de que termine la semana como pretende el oficialismo.

Antes de las 15, mientras salían del despacho de Menem los diputados que analizaron la parte energética, entraban por otra puerta los que discutieron el capítulo de educación, como Maximiliano Ferraro de la Coalición Cívica, y Danya Tavela y Mariela Coletta del radicalismo.

Tanto la UCR como el bloque que conduce Miguel Ángel Pichetto (Hacemos Coalición Federal) le reclamaron al Gobierno que directamente saque del proyecto todo el capítulo de recortes en Cultura. “Es algo que se puede discutir más adelante”, señalaron.

“Están cambiando la lógica, se los ve predispuestos a hacer cambios”, analizó un diputado del PRO. No obstante, también puso en duda que se pueda firmar el dictamen antes del viernes y advirtió que si el oficialismo busca avanzar “a las apuradas” podría llevarse una sorpresa en el recinto.

A las 17.30 llegó el plato fuerte de la jornada. Representantes del PRO, Hacemos Coalición Federal (HCF) y la UCR entraron al despacho de Martín Menem para trabajar con los libertarios sobre los capítulos económico y fiscal del proyecto.

La suba de las retenciones es uno de los puntos más candentes de la negociación, la oposición busca excluir a las economías regionales y evitar que se aumente para los derivados de soja.

El otro es la eliminación de la fórmula de movilidad jubilatoria. El Gobierno pretende manejarse únicamente con aumentos por decreto y se comprometieron a incluir en el texto de la norma una aclaración: que atenderán a proteger el poder adquisitivo de los sectores de menores ingresos.

Tanto el PRO como la UCR manifestaron sus críticas a este punto, no solo por la discrecionalidad que tendría el Ejecutivo sino porque habría riesgo de “achatar la pirámide” al atender sólo a los jubilados que cobran la mínima. “Puede suceder que le den aumentos solo a los que menos ganan y terminen perdiendo los que más años aportaron al sistema, sería injusto y eso no lo vamos a votar”, dijo uno de los alfiles económicos del PRO.

En la última reunión, que terminó cerca de las 21, estuvieron presentes Luciano Laspina, Daiana Fernández Molero, Germana Figueroa Casas y Diego Santilli del PRO; Lisandro Nieri, Soledad Carrizo, Pedro Galimberti y Alejandro Cacace, por el radicalismo; Nicolás Massot y Juan Manuel López del bloque HCF.

Por el oficialismo estuvo el Secretario de Finanzas de la Nación, Pablo Quirno; el vicejefe de Gabinete, José Rolandi; Mariano Palacio y Martin Fariña (del equipo de Federico Sturzenegger), el Secretario de Hacienda, Carlos Guberman. Según pudo saber Infobae, el oficialismo se llevó todos los planteos de la oposición y prometió volver con una respuesta para el miércoles por la tarde o el jueves a la mañana.

“Quedó claro que lo que les importa es el paquete fiscal, las reuniones de ayer (lunes) y hoy (martes) fueron mucho más ágiles. Pero no se mostraron tan abiertos con respecto a lo fiscal y desacreditaron algunas alternativas que propusimos”, explicó uno de los participantes del radicalismo. Ahora la pelota está en la cancha de Gobierno.

La oposición dialoguista ya adelantó que si no hay acuerdo respecto a las retenciones y a la movilidad jubilatoria, no habrá dictamen unificado. Los libertarios podrían arriesgarse a avanzar solo con el acompañamiento del PRO, lo que le dejaría el camino libre al peronismo para quedarse con el dictamen de mayoría en rechazo al proyecto.