El decreto de necesidad y urgencia (DNU) de desregulación de la economía parece encaminarse a convertirse en la primera gran derrota del gobierno de Javier Milei en el Congreso. La mega medida provocó un fuerte rechazo entre las fuerzas con representación parlamentaria, lo que perfila la posibilidad de un escenario inédito e histórico ya que hasta el momento ningún DNU fue declarado inválido por ambas cámaras, única forma que tiene el Poder Legislativo de impugnar este tipo de decisiones.

La mesa nacional del radicalismo, que conduce el senador Martín Lousteau, ya se expresó crítica del decreto. Esta fuerza, con 34 diputados y 13 senadores, será clave a la hora de definir la suerte de la medida; mañana los legisladores se reunirán para evaluar los pasos a seguir.

En la estrategia tallarán fuerte los gobernadores radicales Alfredo Cornejo (Mendoza) y Gustavo Valdés (Corrientes), quienes hasta ahora guardaron silencio. Como se sabe, ambos mandatarios provinciales son más proclives a facilitar la gobernabilidad de la nueva gestión.

Por lo pronto, el sector de Lousteau salió a marcar la cancha. “Ninguna crisis se resuelve avasallando la institucionalidad democrática”, planteó la cúpula de la UCR.

“Frente a la presentación del mega DNU que, con 366 artículos deroga y modifica un sinnúmero de leyes y decretos, la Unión Cívica Radical insta al Presidente a convocar a sesiones extraordinarias con el fin de poder analizar en detalle las distintas propuestas en el ámbito que corresponde, el Parlamento. Esto permitirá debatir todas las iniciativas en profundidad y acompañar aquellas que sean positivas para los argentinos”, reza el comunicado.

También Horacio Rodríguez Larreta, exjefe de gobierno porteño y referente de un sector de legisladores de Pro en ambas cámaras, cuestionó la decisión del Gobierno de imponer estas reformas por decreto.

El kirchnerismo hizo punta en el rechazo absoluto del DNU 70/23 con los pronuciamientos de sus bancadas de diputados y senadores apenas unas horas después de la cadena nacional que encabezó anoche Milei para anunciar la medida. Esta mañana, el jefe de los senadores del Frente de Todos, José Mayans (Formosa), sumó más presión y reclamó la constitución de la comisión bicameral que controla la constitucionalidad de los decretos de necesidad y urgencia.

En las últimas horas se han ido sumando voces críticas al instrumento en bloques como la UCR, Pro y otras fuerzas menores. Entre las fuerzas provinciales, los rionegrinos que responde al gobernador Alberto Weretilneck, anticiparon su rechazo.

“En principio estamos en contra, sobre todo porque no hay urgencia y necesidad de plantear muchos temas que están en el DNU”, dijo el gobernador, que controla a un senador y a un diputado, en diálogo con LA NACION.

También en el bloque de senadores peronistas díscolos de Unidad Federal hay rechazo. “Un mega DNU no es el camino”, dijo el jefe de la bancada, Carlos Espínola (Corrientes). “La reformar que la Argentina necesita se lograrán con diálogo y consenso democrático”, agregó el legislador, que integraría la comisión bicameral que debe analizar el decreto. Una postura similar esgrimió su compañero de bloque, Edgardo Kueider (Entre Ríos). La tercera integrante del sector, la cordobesa Alejandra Vigo, todavía no se manifestó.

De todas maneras, la suma del kirchnerismo con otros sectores de la oposición, como los bloques que integraron Juntos por el Cambio, alcanzarían para reunir la mayoría necesaria para rechazar el DNU en ambas cámaras.

Hasta ahora, solo el Senado ha rechazado un decreto de necesidad y urgencia dictado durante el gobierno de Mauricio Macri. Lo hizo en 2020, durante la presidencia de Alberto Fernández y por impulso de Cristina Kirchner, vicepresidenta y titular de la Cámara alta en ese momento.

El mecanismo para tratar los decretos de necesidad y urgencia el Congreso, que por vía separada también pueden ser objetados y rechazados por el Poder Judicial, establece que el Poder Ejecutivo debe remitirlos en un plazo de diez días a la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, que está integrada por 16 miembros (ocho diputados e igual cantidad de senadores) y es la que tiene la facultad de realizar el control de constitucionalidad de la medida.

Este cuerpo tiene, a su vez, otros diez días para expedirse. De no hacerlo en ese plazo, el DNU queda habilitado para su tratamiento en ambas cámaras sin necesidad de un dictamen que lo habilite. Para declararlo inválido se requiere su repudio tanto en Diputados como en el Senado.

Tanto en la bicameral como en los recintos el oficialismo de La Libertad Avanza está en minoría ante el resto de las fuerzas con representación parlamentaria. En la comisión apenas si contaría con dos de los 16 miembros. En la Cámara baja, tiene 37 diputados sobre un total de 257; mientras que en el Senado cuenta con apenas 7 de los 72 legisladores que lo integran.

Crece el rechazo

“Es una herramienta muy difícil de acompañar, no tanto por el fondo, sino por las formas. Durante el gobierno de Mauricio Macri se dictó un decreto similar para ‘desburocratizar’ el Estado, pero luego el Gobierno lo replicó en tres proyectos de ley que se discutieron luego en el Congreso”, sostuvo el diputado Nicolás Massot, postulado por el bloque Cambio Federal para integrar la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo. En un tono similar se expresó su compañero de bancada Miguel Pichetto.

“Las cuestiones de formas y fondo del DNU podrían ser cuestionadas fuertemente ante la justicia. No está justificada ni la necesidad ni la urgencia, podría haber convocado al Congreso a sesiones extraordinarias”, sentenció.

En términos similares se expresó la senadora Guadalupe Tagliaferri (Pro) que lamentó el método utilizado por el Poder Ejecutivo porque “muchas de las modificaciones que propone avanzarían con un consenso enorme”. “Lamento que sea en un paquete enorme que impide que se apoye lo que estamos de acuerdo porque esto es a todo o nada y en la Argentina el a todo o nada no funciona”, agregó.

El decreto también cosechó el rechazo del senador Edgardo Kueider (Entre Ríos), integrante del bloque Unidad Federal que reúne a peronistas críticos del kirchnerismo. “Todo indica que el DNU es inconstitucional, y que las materias en las que avanza no están respaldadas ni por la necesidad ni por la urgencia que reclama este instrumento”, afirmó. El entrerriano fue más allá en su crítica y aseguró que, con el dictado del decreto, “el Gobierno Nacional vulnera la división de poderes y desconoce abiertamente al Congreso de la Nación”.

La Coalición Cívica, con seis diputados, es otro de los bloques que marca distancia del decreto del Gobierno. El jefe de la bancada, Juan López, advirtió que esta metodología de legislar por decreto podría terminar siendo contraproducente para los fines que se propone el presidente Milei. “No me sorprende tanto que el presidente de la Nación no evalúe la vialidad institucional del DNU, sí me preocupa que no comprenda la precariedad jurídica de las transformaciones que propone- muchas de ellas necesarias- porque de eso depende que el cambio se consolide. Sin seguridad jurídica no habrá confianza".

El bloque de diputados de la UCR, que encabeza el cordobés Rodrigo De Loredo, se reunirá mañana para discutir sobre el asunto. Con 34 legisladores, esta bancada será clave en el derrotero parlamentario que tendrá el megadecreto. A priori, sus legisladores no cuestionan el fondo de la cuestión, esto es, el contenido del decreto, sino más bien la forma: el avasallamiento del Congreso por medio de un decreto presidencial. En el mismo sentido se expresaron los integrantes de la bancada de Cambia Federal.