La denuncia por supuestos movimientos irregulares de dinero negro que involucraban a funcionarios actuales de la Provincia de Buenos Aires radicada en los tribunales de Estados Unidos por un abogado que representa a “fondos buitre” que no acordaron con la administración de Axel Kicillof, pasó de ser una bomba neutrónica por su contenido, a una bomba de humo autoinflamable, por su precariedad.

El escrito presentado días atrás por Dennis Hranitzky, del estudio Quinn Emanuel Urquhart Sullivan, fue rescatado por tramos por la prensa local pero esconde un listado indiscriminado de funcionarios y exfuncionarios argentinos -con serias imprecisiones- que lo vuelven hasta risible de cara a un proceso de “Discovery” como se denominan a la búsqueda de pruebas para iniciar un proceso de cobro que logre poner en aprietos a la administración provincial.

Ámbito accedió, en exclusiva, al listado total de personas físicas y jurídicas sobre las que se solicitó un escrutinio sobre posibles transferencias de dinero offshore: es un compendio genérico del organigrama estatal de la Argentina sumado la totalidad de nombres mencionados en un salpicree de causas judiciales, abogados de renombre, empresarios y organismos públicos tales como la Unidad de información Financiera (UIF) que precisamente es la agencia gubernamental que colabora contra el lavado de activos.

¿Cómo la UIF por sí misma va a transferirse dinero negro? El abogado no lo explica.

No se trata de una demanda que sale a la pesca -como lo fue en su momento el caso que tomó un juez de Nevada respecto a más de 200 sociedades que se mencionaban relacionadas a Lázaro Báez que animaba Paul Singer-, ni tampoco es un medio mundo.

Es directamente una red ballenera que trata de obtener algún rédito a partir de señalar la posible existencia de un ilícito del que puedan tomarse para litigar pero de un compendio indiscriminado de personas sin relación común y del organigrama estatal (personas ideales) sin que medie explicación alguna del modo, tiempo o lugar por el que habrían cometido algún ilícito. Encabezada por Glacial Capital LLC y TRSE Holding LLC contra la Provincia de Buenos Aires, desde su página 9 de 35 se encarga de poner en una lista la propuesta de búsqueda sobre transferencias de dinero, correos o cualquier documentación a ser halladas.

Comienza con el nombre de Kicillof y su esposa pero recorre todo el gabinete provincial hasta terceras líneas. El anexo del documento que exhibe los nombres que se propusieron a búsqueda podrá ser visualizado completo en www.ambito.com.

A partir de la difusión pública de la existencia del documento, no llama la atención su motivación, sino el recorte específico del listado en 4 o 5 funcionarios de la provincia o del Ministro de Producción José Ignacio de Mendiguren, dado que la verdadera lista es tan extensa como vaga y, básicamente, incluye a cualquier persona que haya ocupado un cargo de relevancia en la actual administración del Frente de Todos a nivel nacional y provincial pero también a sus antecesores en el gobierno de Cambiemos y que incluyen en la categoría de acusación de corrupción a personas sobre las que no pesa imputación alguna como Martín Guzmán, el juez de la Cámara Federal Roberto Boico, su colega Alejo Ramos Padilla, Luis Betnaza de Techint o simples abogados de exfuncionarios que están incluidos. A simple vista, sería una suerte de listado genérico de lo que se conoce como Pep’s (Personas Políticamente Expuestas) pero sin ninguna clasificación ordenada o criterio por el que podrían ser sospechosos de alguna acción.

Están los cargos mezclados, acusaciones no sustentadas en expedientes, o bien solo tienen en su espalda haber desempeñado un cargo público alguna vez o ser un empresario mencionado en el marco de la causa “cuadernos”, algo que sucede con Paolo Rocca, Aldo Roggio, Angelo Calcaterra o Eduardo Eurnekian.

En el medio y tamizados en la misma categoría se encuentran el auditor Javier Fernández, el exespía Jaime Stiuso o el abogado consultor en lavado de dinero Juan Félix Marteau. Empresas constructoras, Enarsa, “Gasoducto del Nordeste Argentino” y hasta la Cámara Argentina de la Construcción aparecen nombradas. Obviamente, Hotesur, IECSA , Austral, Indalo y Pescarmona.

Sin solución de continuidad, Hranitzky -que le puso más voluntad que criterio a su escrito- pasa a nombrar a todos los intendentes conocidos de la provincia, activos, históricos, o de la administración anterior de María Eugenia Vidal (anotada también) como algunos fallecidos hace décadas, como el caso de Melchor Posse.

Alguien que avise. No solo aparecen nombrados -lo que sería la noticia- los tres candidatos presidenciales con mayores chances, Sergio Massa, Patricia Bullrich y Javier Milei, sino también Myriam Bregman o los retadores de la provincia por JxC como Néstor Grindetti, el flamante jefe de Gabinete de ese espacio Horacio Rodríguez Larreta y su hermano Augusto, Martín Lousteau o Ignacio Sáenz Valiente.

Jorge Macri tampoco escapó al listado de Hranitzky que no escatimó recursos para anotar a todos los gobernadores de la Argentina pasando por el radical Gerardo Morales, Juan Schiaretti o “Gerardo Montenegro” que no queda claro qué provincia gobierna, porque sería senador.

Obviamente, cayeron en el listado todos los secretarios generales de algún sindicato pero también se sospecha de movimientos irregulares a la AFI, la Autoridad Regulatoria Nuclear Argentina, la SIGEN, la Agencia de Acceso a la Información Pública, el Correo, Parques Nacionales, el Ballet Nacional de Argentina, el Servicio Meteorológico, la CNV, el Tribunal Fiscal, la AFIP, el BCRA, YPF, el INTA, la Agencia Regulatoria de la industria del Cáñamo y del Cannabis medicinal de Argentina, Migraciones, el INADI y los hospitales nacionales. Alfonso Prat Gay, Carolina Stanley, Dante Sica, Daniel Scioli, Esteban Bullrich, Guillermo Dietrich, Gustavo Arribas, Jorge Triaca, “Marcos Pena”, Nicolás Dujovne, Oscar Aguad, “Norberto Ovarbide” (?), Rogelio Frigerio, o Jorge Faurie integran el mismo tramo del listado anotado por el abogado para determinar movimientos SWIFT.

Al atribulado abogado algún bromista le hizo anotar “Julio López”, lo que evitó que José Francisco López quede en el listado que investiga la presunta corrupción en un expediente que fue señalado como de gran valor por su contenido jurídico.

Para rematar, en el requerimiento a tres entidades para que abran sus archivos y revelen cualquier prueba que puedan tener en contra de los nombrados, el letrado finalizó su preciso documento con “ThLAM SE”, lo que forzando la interpretación sería Telam SE, la agencia estatal de noticias pero si se lo redacta tal como aparece en el anexo, la búsqueda sería por más infructosa. Lo más notable de toda la secuencia es que el abogado Hranitzky pretenderá cobrarle honorarios a alguien por esta tarea.