La metralla de paliativos con los que Sergio Massa intenta minimizar el fabuloso salto que la inflación tuvo en agosto y volverá a tener este mes puede encontrarse con más escollos que las propias trampas y zonas grises en el diseño de esas medidas: la anunciada eliminación del impuesto a las Ganancias para 900 mil trabajadores y la baja del IVA a los alimentos podrían ser objetados en la Justicia por las provincias con un reciente antecedente clave de la Corte a su favor.

Como Clarín recordó este lunes, luego de su derrota en las PASO de 2019 y el inmediato salto en la inflación y el dólar -déja vu 2023-, Mauricio Macri también acudió al botiquín impositivo para hallar las curitas que aliviaran a a una sociedad internada en terapia intensiva.

Con el decreto 561/2019, encomendó a la AFIP una reducción en la base de cálculo de las retenciones del impuesto a las Ganancias para determinados sujetos y una reducción de un 50% de los anticipos que debían ingresar los trabajadores autónomos por ese impuesto en octubre y diciembre de 2019.

El decreto 567/2019 dispuso una alícuota 0% en el IVA para la venta de ciertos productos de la canasta básica alimentaria hasta el 31 de diciembre de 2019. Casi igual que ahora. Pero como bien se recordó la semana pasada, ambos impuestos son coparticipables, y gran parte de la recaudación por ellos va a las arcas de las provincias.

Por eso, la provincia de Entre Ríos solicitó ante la Corte Suprema el dictado de una medida cautelar para que, hasta el dictado de una sentencia definitiva, el Estado Nacional suspendiera la aplicación de aquellos dos decretos "y de cualquier otra norma o acto que se haya dictado en su consecuencia".

El reclamo de Entre Ríos

En el expediente CSJ 1829/2019/1 “Entre Ríos, Provincia de c/ Estado Nacional s/ acción declarativa de inconstitucionalidad - incidente de medida cautelar”, la provincia gobernada por Gustavo Bordet consideró que hubo una detracción unilateral por parte de la Nación que la terminó perjudicando, "generando una situación de extrema gravedad que le impediría cumplir con todas sus obligaciones y deberes a cargo, dado que en su presupuesto de 2019 se encontraban comprendidos dichos fondos que como consecuencia de la decisión del Estado Nacional, se verían reducidos."

El 1 de octubre de 2019, con la firma de los ministros Juan Carlos Maqueda, Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti, la Corte hizo lugar a la cautelar solicitada por Entre Ríos, considerando que los efectos fiscales producidos por los decretos de Macri debían ser soportados con fondos del Estado Nacional.

El máximo tribunal no declaró inconstitucionales los decretos -lo que hubiera detenido de inmediato los beneficios para los contribuyentes- sino que obligó al gobierno a cubrir con recursos propios los montos que se vieron mermados en los giros a Entre Ríos, por las reducciones dispuestas.

En disidencia, Carlos Rosenkrantz consideró que la provincia actora carecía de legitimación activa, es decir que Bordet no podía reclamar su hipotética parte de una recaudación que la Nación no había tenido.

Según su voto, el régimen de coparticipación no le otorgaba a la provincia "un derecho o expectativa a cierto nivel de recaudación por parte del Estado Nacional".

Como fuere, la cautelar que obtuvo Entre Ríos fue replicada por otras catorce provincias -Catamarca, Chubut, Formosa, La Pampa, La Rioja, Misiones, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Tucumán-, con similares resultados favorables.

En el palacio de Tribunales advertían este lunes que exactamente lo mismo podría ocurrir ahora, también por la vía exprés del amparo: el caso de Entre Ríos aun no se ha resuelto de manera definitiva.

En 2019, el monto total de la pérdida de recaudación para las provincias, según los gobernadores, hubiera sido de 40.000 millones de pesos. Buenos Aires, que bajo el gobierno de María Eugenia Vidal no reclamó ante la Corte, perdió cerca de 6.000 millones.

Pero así como hay similitudes evidentes entre las medidas actuales de Massa con las de Macri hace cuatro años, otras diferencias abren interrogantes. Con altas expectativas de volver a la Casa Rosada luego de la experiencia de Cambiemos, las provincias peronistas plegaron sus elecciones al calendario nacional, pegando las boletas locales a la cara de Alberto Fernández. Lo opuesto ocurrió en este turno, cuando los gobernadores anticiparon los comicios y aún así gran parte de ellos los perdió.

¿Los gobernadores entrantes serán contemplativos con los malabares del Sergio Massa, o reclamarán que el dinero de sus distritos no mengüe? ¿Qué hará, por ejemplo, el gobernador Bordet, que reclamó en 2019 y ahora transita los últimos meses de su mandato, ante una situación exactamente igual?