En sintonía con la emisión del voto de la jueza Ana María Figueroa en la causa Hotesur-Los Sauces, en la que debe decidir si ratifica el cierre de la causa o si, por el contrario, Cristina Kirchner y sus hijos deben ir a juicio oral; el bloque oficialista convocará este miércoles a sesión en el Senado para tratar el pliego que extiende por cinco años la continuidad en el cargo de la actual presidenta de la Cámara de Casación Penal.

La movida oficialista tiene un segundo objetivo: poder iniciar el tratamiento a un conjunto de pliegos para designar a abogados con fuertes vínculos con el kirchnerismo en juzgados claves, como la sala de Defensa de la Competencia de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial, que se encuentran empantanados porque, al no haber habido sesión desde que los envió el Poder Ejecutivo, no tomaron estado parlamentario.

El tiempo apremia para el kirchnerismo y Figueroa, que cumplirá 75 años el próximo 9 de agosto y que se vería obligada a jubilarse, como lo establece la Constitución Nacional, si para esa fecha no obtiene un nuevo acuerdo del Senado que le permita mantenerse en el tribunal.

Según pudo saber LA NACION, el kirchnerismo tendría cerrado un acuerdo con al menos tres senadores del bloque Unidad Federal, bancada integrada por cinco miembros: cuatro que abandonaron el Frente de Todos y la cordobesa Alejandra Vigo, esposa del gobernador Juan Schiaretti.

El aporte de estos senadores, sumados a los 31 legisladores propios y otros tres de fuerzas aliadas, le permitiría a la bancada que conduce José Mayans (Formosa), alcanzar el quorum y vencer, así, la resistencia de Juntos por el Cambio, que se opone de manera cerrada a que Figueroa pueda continuar en el cargo.

Según confiaron fuentes oficialistas, los senadores que se sumarían a la jugada del kirchnerismo serían Guillermo Snopek (Jujuy), presidente de Unidad Federal; María Eugenia Catalfamo (San Luis) y Edgardo Kueider (Entre Ríos).

Los tres abandonaron el Frente de Todos en febrero, aduciendo diversos malestares con el Gobierno nacional, y con su partida dejaron a Cristina Kirchner sin el control de la Cámara alta. Tanto Vigo como el cuarto senador que dejó la bancada oficialista, el correntino Carlos Espínola, no se prestarían a favorecer la estrategia de la vicepresidenta.

El voto decisivo sería el de Kueider, quien hasta la semana pasada se resistía a sesionar si no le trataban algunos de los proyectos que venía reclamando y que motivaron su alejamiento del oficialismo.

Este escollo podría salvarse este martes, a las 16.30, con la convocatoria a la Comisión de Minería para discutir una serie de iniciativas entre las que figura un proyecto presentado por el senador por Entre Ríos para “disminuir tarifas del servicio eléctrico”.

En realidad, el primer gesto de seducción del kirchnerismo a Kueider fue simplificar el trámite legislativo, mediante la reducción a una de las tres comisiones a las que, inicialmente, había sido girada la iniciativa para su discusión.

“Quiero la ley para bajar tarifas. Necesito la ley; de mínima, dictamen aprobado; las conversaciones no alcanzan”, planteó sus condiciones Kueider en diálogo con LA NACION.

Para convencer a Snopek, en tanto, el oficialismo le permitiría continuar al frente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, que está convocada para este martes a las 14.30, a pesar de que ya no forma parte del Frente de Todos y que se trata de una de las denominadas “comisiones de gobierno”, cuya presidencia siempre detenta un representante del oficialismo. En la oposición, que promete trabajar para que fracase la sesión, ven escaso el premio a Snopek y Kueider.

“Huele a poco que se sienten a votar porque le constituyan la comisión a uno y al otro le aprueben un proyecto que después se lo van a cajonear en Diputados”, afirmó un integrante de Juntos por el Cambio.

“Una de dos: o les prometieron algo más o el kirchnerismo no tiene el quórum”, agregó el legislador.

Los otros pliegos judiciales

El pliego que le permitiría a Figueroa seguir como jueza hasta que cumpla 80 años obtuvo dictamen luego de que la magistrada se presentará ante la Comisión de Acuerdos, el 31 de mayo pasado. Desde entonces, el kirchnerismo viene intentando convocar a una sesión para darle un nuevo acuerdo, pero el ajetreado calendario electoral que mantiene ocupados a los senadores en sus provincias y la cerrada negativa de Juntos por el Cambio le han impedido reunir los 37 senadores para conformar quorum.

Esa parálisis también afectó otros nombramientos judiciales que Cristina Kirchner pretende ver aprobados antes de que concluya su mandato como vicepresidenta y a los que Juntos por el Cambio se opone.

Uno de los más polémicos para la oposición es la postulación de María Laura Manin, funcionaria del Ministerio del Interior de estrecho vínculo con Eduardo de Pedro; y de Humberto Guardia Mendonca como vocales de la Sala de Defensa de la Competencia de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial.

Se trata de un tribunal estratégico en materia económica, ya que tiene poder para intervenir en controversias sobre posiciones dominantes y monopólicas o fusiones y adquisiciones de empresas.

La lista de pliegos deseados por el kirchnerismo se completa con las nominaciones de Juan Rafael Stinco, exasesor de Axel Kicillof en YPF, que está postulado para el juzgado federal 7 en lo Contencioso Administrativo; y de Tomás Rodríguez Ponte, propuesto para el juzgado federal 2 de Lomas de Zamora, que tiene jurisdicción sobre el aeropuerto de Ezeiza.