“Se viene, se vieneee…”, promete Fabián Constantino, que no deja de sorprender. Dos meses después de haber sido condenado a 14 años y medio de cárcel por abusar sexualmente de tres mujeres, sigue siendo el intendente de la localidad de Gilbert, aun cuando está suspendido, sin goce de sueldo.

Y ahora que le sobra tiempo, utiliza las redes sociales para promocionar su nuevo emprendimiento, que no está vinculado con la política de Entre Ríos: próximamente abrirá Granja de Oro, una pollería, en la casa donde cumple prisión domiciliaria. Constantino vuelve, así, a un rubro que conoce.

De hecho, en 2018, cuando era director de Cultura del municipio del este entrerriano, manejaba una pollería. En el fondo de ese local comercial abusó de Norma Graciela Santos, una de las tres denunciantes que lograron que la Justicia lo condenara el 13 de marzo pasado.

El juez Arturo Dumon, que integró el tribunal que dictó la sentencia junto a los camaristas Alicia Vivian y Mauridio Derudi, resolvió que Constantino, intendente electo por el PJ hasta el 10 de diciembre de este año, esté en prisión domiciliaria -monitoreada a través de una tobillera electrónica- hasta tanto el fallo quede firme.

La Cámara de Casación aún no ha revisado el expediente. Mientras, el Consejo Deliberante de Gilbert resolvió extenderle la licencia.

Fuentes judiciales confirmaron que “no habría impedimento alguno para que Constantino lleve adelante dicho emprendimiento, ya que no está privado del ejercicio del comercio mientras cumpla con la medida de prisión domiciliaria que se le ha impuesto hasta tanto se revise la condena”.

En tanto la causa judicial sigue su curso y el Consejo Deliberante mantiene el statu quo con respecto a la vigencia del cargo del intendente, Constantino reapareció en las redes sociales para promocionar la “reapertura” del emprendimiento comercial, que funcionará en su domicilio.

Se trata de una pollería ubicada en Presbítero Altamirano y Ñandubay, que abrirá al público bajo la denominación Granja de Oro. En las imágenes difundidas por el propio Constantino se lo observa sonriente detrás de una heladera exhibidora, todavía vacía, anunciando un nuevo comienzo a dos meses de su condena.

La sentencia ya fue apelada por los abogados de Constantino. Fabián Otarán, uno de los codefensores del intendente de Gilbert, lo hizo con duros cuestionamientos.

“El tribunal le erró groseramente a la valoración de la prueba; nos pone en estado de indefensión total, de falta de cumplimiento del debido proceso”, sostuvo, y aventuró que si el fallo queda firme “realmente todos los varones mayores de 18 años vamos a estar en libertad condicional ante la posibilidad de la denuncia de alguna mujer”.

Como informó LA NACION, el tribunal de Gualeguaychú consideró que “durante el período de tiempo comprendido entre el mes de febrero del año 2021 y el 4 de junio de 2021, se le atribuye al imputado Fabián Constantino haber efectuado hechos de abuso sexual en perjuicio de la denunciante María Luján Aguirre, todos los cuales se dieron en el interior del Municipio de Gilbert, en donde el imputado es el intendente y la denunciante era empleada”, produciéndose estos hechos “en un claro contexto de violencia de género laboral y abuso coactivo de la relación de poder”.

En otro tramo de la resolución, los jueces detallaron así el segundo hecho imputado al intendente justicialista: “Sin poder precisar la fecha con exactitud, sí que transcurrió durante el año 2020-2021, más específicamente durante el período de restricción de circulación debido a la pandemia, Constantino trasladaba a la denunciante Verónica Roxana Portillo desde su domicilio ubicado en la localidad de Gilbert a su lugar de trabajo ubicado en la localidad de Urdinarrain, en el vehículo particular del imputado (un automóvil de color azul y luego una camioneta blanca)”, momento en que aprovechó y “ejerció conductas que han menoscabado la integridad sexual de la denunciante en reiteradas oportunidades y en el interior de ambos automóviles”.

En ese momento, Portillo era pareja de un familiar de Constantino; en las diez audiencias que conformaron el debate oral se describieron diversos elementos de contexto que permitieron dar por acreditado el permanente acoso de Constantino, la asimetría de poder y la vulnerabilidad de sus víctimas, según las declaraciones de los testigos, como así también por los peritajes oficiales y de parte propuestos por la fiscalía y la querella.

Los jueces también precisaron que el tercer hecho atribuido al intendente justicialista “ocurrió a fines de octubre del año 2018, cuando la denunciante, Norma Graciela Santos, se dirigió al comercio que por ese entonces tenía el imputado”, a la vez que “se desempeñaba como director de Cultura dentro del Municipio de Gilbert”, y que allí él “abusó de ella en la parte posterior de una pollería”. Hoy, Constantino vuelve al mismo rubro comercial, mientras cumple prisión domiciliaria.