En los próximos días, cuando arranquen las sesiones extraordinarias del Congreso, todos los focos estarán puestos en la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados y en su presidenta, Carolina Gaillard, devenida en la lugarteniente del presidente Alberto Fernández en su cruzada contra la Corte Suprema. 

Gaillard está convencida, como él, de que sus cuatro jueces merecen ser enjuiciados -”las irregularidades cometidas son graves y escandalosas”, sostiene- e intenta relativizar el rechazo de la mayoría de los gobernadores a acompañar la embestida.

“Los gobernadores cumplen un rol en sus provincias y el presidente, que tiene otro rol, no podía mirar para el costado frente a esta situación. Me parece que lo importante es destacar la decisión del presidente de presentar el pedido de juicio político. No me parece que le quite relevancia al proceso el hecho de que un grupo de gobernadores no lo acompañe”, enfatizó la diputada entrerriana en una entrevista a LA NACION.

-El presidente la recibió a usted y a Germán Martínez (jefe del bloque oficialista) en Olivos para entregarle el pedido de juicio político a la Corte. ¿Les dio alguna indicación sobre cómo debían conducir el proceso, les hizo algún pedido?

-El presidente nos pidió que sea un proceso abierto y transparente, en el que podamos reunir la mayor cantidad de prueba posible para fundar esta denuncia que él ha realizado contra los cuatro jueces (Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti).

-Llamó la atención de que el gobernador de su provincia, Gustavo Bordet, no acompañe el pedido de juicio político mientras que usted está de acuerdo con llevar adelante este proceso. ¿Qué opina sobre la posición de Bordet? ¿Habló con él?

-Con Gustavo tengo una excelente relación, lo respeto muchísimo. En este caso él tiene un rol como gobernador y yo tengo un rol como legisladora de mi provincia y como presidenta de la comisión. Lo conversamos, tenemos posiciones diferentes respecto a este tema, pero ambos nos respetamos. Yo voy a seguir adelante con la presidencia de la comisión llevando adelante todo este proceso su apoyo, si bien el no suscribió el pedido del presidente.

-La oposición asegura que su bloque, como no tiene los dos tercios de los votos en el recinto para acusar a la Corte, usará su mayoría en la Comisión de Juicio Político para convertirla en un circo romano y desgastar a los jueces.

-Nosotros vamos a llevar adelante un proceso ajustado a derecho. Se van a respetar las garantías, el derecho al debido proceso, la defensa en juicio. Será un proceso abierto para que la sociedad sea parte. Aquí no se trata de apurar un trámite para echar a un juez de la Corte; nosotros estamos viendo irregularidades del Poder Judicial y del máximo tribunal que nos preocupan, son escandalosas y no podemos mirar para el costado. Si de entrada la oposición rechaza el pedido de enjuiciamiento estarían avalando esas irregularidades y contradiciéndose con lo que siempre declaran sobre la importancia de la república y de las instituciones. ¿Qué defiende la oposición, los intereses de la sociedad o los intereses de los jueces de la Corte?

-En Juntos por el Cambio reclamarán que también se discutan los pedidos de juicio político a Fernández y a Cristina Kirchner.

-Estos expedientes no van a estar incluidos en el decreto de sesiones extraordinarias del Presidente, por lo que no se pueden tratar. Solo estará habilitado el pedido juicio político a la Corte. Además, estos pedidos no tienen ningún tipo de sustento, no hay causales objetivas para iniciar una investigación. Por eso no se van a tratar.

-En el pedido de juicio político el presidente denuncia la connivencia que existiría entre el presidente de la Corte Suprema (Rosatti) y funcionarios del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta a partir de supuestos chats que mantuvo Silvio Robles, su mano derecha. ¿Hasta qué punto se puede avanzar en esa acusación cuando esos chats se obtuvieron de manera ilegal?

-El presidente no funda su pedido de juicio político en los chats, los chats son un detonador porque dejan de manifiesto irregularidades muy serias cometidas por la Corte y algo que todos sospechábamos, que es la connivencia de la Corte con el poder político.

-¿Cuáles son esas irregularidades?

-Lo que motiva su acusación son dos causales: la sentencia arbitraria sobre la coparticipación que beneficia a la Capital y la intromisión de la Corte en el Consejo de la Magistratura reponiendo una ley que había sido derogada y avasallando facultades propias que son del Congreso. En el primer caso le obliga al Poder Ejecutivo a disponer de fondos nacionales que no estaban previstos en la ley de presupuesto para pagarle a la Ciudad, cuando no había ninguna urgencia en hacerlo porque es un distrito que no tiene déficit. Sobre el Consejo de la Magistratura la Corte presionó al Congreso para que sancione una nueva ley en seis meses y, como ésta no se aprobó, resucitó una ley derogada y le dice al Congreso cómo tiene que nombrar a sus representantes en el Consejo. Estos son hechos objetivos: la Corte violentó la división de poderes.

-¿Pero los chats van a ser considerados como prueba en la eventual acusación contra los jueces?

-Los chats podrán ser un indicio para avanzar en la investigación. Yo estoy en contra del espionaje ilegal, los chats no van a ser la prueba para llevar adelante el juicio político, serán un elemento más a ser considerado, como tantos otros elementos de prueba que vamos a pedir. Además, hay antecedentes de que la Justicia validó el uso de escuchas ilegales para reabrir causas judiciales.

-¿Cómo es eso?

-Claro, durante el gobierno de Mauricio Macri la Justicia utilizó un audio de origen ilegal para reabrir la causa del Memorandum con Irán, que había archivada por inexistencia de delito. Además, la doctrina dice que cuando un hecho toma estado público, aunque el conocimiento de ese hecho tenga un origen ilegal pero resulta relevante para la institucionalidad, sí puede ser utilizado. Aquí estamos frente a chats que revelan que una persona (Robles) de suma confianza del presidente de la Corte habla con el ministro de Justicia y Seguridad del gobierno porteño (Marcelo D’Alessandro), recomendándole la estrategia para obtener un fallo favorable (sobre coparticipación) y después la Corte emite un fallo favorable. Está claro que hay motivo para iniciar el juicio político. Porque la Corte, en definitiva, termina resolviendo sobre la cuestión de fondo y desconoce el planteo de los gobernadores, que se van a ver privados de recursos nacionales para sus provincias por la decisión de girarle más fondos a la ciudad.

-Pero si los gobernadores se sintiesen tan afectados por este fallo, habrían acompañado en masa el pedido de juicio político. Y eso no ocurrió.

-Vuelvo al tema de los roles, los gobernadores cumplen un rol en sus provincias y el presidente, que tiene otro rol, no podía mirar para el costado frente a esta situación. Me parece que lo importante es destacar la decisión del presidente de presentar el pedido de juicio político. No me parece que le quite relevancia al proceso el hecho de que un grupo de gobernadores no lo acompañe.

-Pero insisto, ¿si los gobernadores no acompañan el juicio político, no perdería sustento esta causal? Además, el presidente anunció que se le pagaría con bonos a la Capital, por lo que el presunto daño a las provincias no estaría consumado.

-Para mí, el fallo sobre la coparticipación es arbitrario. En términos institucionales la causal más grave, a mi juicio, fue lo sucedido con el Consejo de la Magistratura. Esto no afecta directamente a los gobiernos provinciales, tal vez por eso los gobernadores no acompañaron de manera unánime el pedido de juicio político.

-¿Cree que los cuatro jueces tienen el mismo nivel de responsabilidad?

-Eso se determinará en el marco del proceso de producción de la prueba que realicemos en la comisión.

-De la lectura de lo que trascendió del pedido de juicio político, la investigación se focalizará en Rosatti.

-En realidad el pedido de juicio es a los cuatro miembros del tribunal porque, salvo en el caso Consejo de la Magistratura -Lorenzetti no lo suscribió-, el fallo sobre la coparticipación fue suscripto por todos. Evidentemente el presidente de la Corte, por estar al frente del tribunal, tiene mayor responsabilidad.

-Cristina Kirchner no se expresó sobre el pedido de juicio político. ¿A qué atribuye su silencio?

-Yo creo que Cristina ve con la misma preocupación que nosotros lo que ocurre en el Poder Judicial. Si no se expresó públicamente será para no interferir en el proceso y que éste se malinterprete porque ella tiene causas judiciales pendientes.