Mientras promediaba la primera semana del 2023, sacudida por el pedido de juicio político del Gobierno a la Corte Suprema, un importante funcionario del kirchnerismo que aún no se fue de vacaciones levantó la mano para contar a los principales referentes de su espacio. “Cristina, Máximo, Wado, Larroque”, enumeró. Y señaló: “Ninguno dijo nada del juicio”.

A primera vista, podía esperarse que una embestida de esa magnitud contra la Justicia tuviera apoyo cerrado del ala K del Gobierno. De hecho, así lo esperaban en la Casa Rosada. Pero en la realidad, como remarcó el dirigente desde su alto cargo, ocurre lo contrario. El ala de Cristina Kirchner no preparó marchas, ni vehementes apariciones televisivas o en medios gráficos, ni brindó discursos de peso para respaldar la inciativa del Presidente.

El pleno del kirchnerismo se mantuvo con pies de plomo frente a la jugada de la cabeza del Ejecutivo y las principales espadas K eludieron el tema específico. Cristina Kirchner, desde Santa Cruz, se mantuvo en silencio sobre un tema que naturalmente la interpelaría, de acuerdo a sus preocupación histórica sobre el lawfare. Eligió referirse únicamente, a través de un tuit, a la polémica por la contratación de la jueza María Eugenia Capuchetti, que investiga su intento de asesinato, por parte de la Ciudad de Buenos Aires.

Y antes, a las escuchas que conectan al ministro de Seguridad de Horacio Rodríguez Larreta, Marcelo D’Alessandro, con el presidente de la Corte, Horacio Rossati, que tienen relación directa con el juicio político. Aunque, como explicó el jefe del bloque del FDT en Diputados, Germán Martínez, en una entrevista ayer con CNN Radio, de manera secundaria.

Máximo Kirchner, que se tomó vacaciones con su madre en el Sur, ni siquiera se expresó sobre eso y no tiene programado, que se sepa, iniciar un rally de actos bonaerenses, como los que supo organizar en los últimos meses.

Lo mismo ocurre con Andrés “Cuervo” Larroque, que demostró ser la voz más estridente de La Cámpora en el último año y por ahora no habló del tema.

En la misma línea, el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, voz y mirada de Cristina Kirchner en la Casa Rosada, de rasgos moderados en comparación con el resto de su tropa, tomó debida distancia, en contraste con el período entre las Fiestas.

Entonces no había estado exageradamente activo, pero sí había participado, aunque con bajo perfil, de las dos reuniones con gobernadores para definir cómo actuar.

Sin embargo, tras el anuncio del Presidente, pasó la semana lejos de la Casa de Gobierno, en su casa de la localidad bonaerense de Mercedes, y luego viajó a Mar del Plata para empezar a dar los primeros pasos en modo de campaña con la excusa de los puestos de atención cercana del Renaper.

Al igual que el jefe de Gabinete, Juan Manzur, que tiene la mirada en la batalla en Tucumán, dejó solo al equipo de la Presidencia en su búsqueda a destajo -y finalmente sin éxito-, de apoyo de los gobernadores dubitativos.

Más que en el ataque contra la Corte, De Pedro decidió enfocar sus esfuerzos en la pelea contra la Ciudad de Buenos Aires.

Hizo un paréntesis en su habitual reticencia a hablar con los medios, y usó una entrevista con la señal C5N para destacar su propia participación en las audiencias de mediación por los fondos de CABA; calificó de “vergonzoso, arbitrario, electoralista y antifederal” el fallo a favor del distrito “más rico del país” y denunció la “relación escandalosamente promiscua” entre el ministro de Seguridad de Larreta y el principal asesor de Rosatti. Pero omitió manifestar un posicionamiento fuerte de apoyo al juicio que impulsa el Presidente.

En ese sector del Gobierno explican el motivo del alejamiento con la desconfianza sobre Alberto Fernández. Creen que actuó “tarde” y por los motivos equivocados. “No es convicción, es conveniencia”, resumió un funcionario de peso del espacio, en alusión a la inminencia del cierre de listas del 24 de junio, donde el jefe de Estado quiere habilitar internas para su propia candidatura o de un líder afín al ala moderada.

La postura, de todas formas, es ambivalente, porque los escritos vinculados a la batalla legal por la coparticipación tienen la firma o la participación de las espadas jurídicas K.

Carlos Zannini, procurador del Tesoro y mano derecha de la vicepresidenta, selló la recusación de los jueces, antes de fin de año. Y después del 31, los equipos de Martín Soria, el ministro de Justicia, trabajaron en el documento. Pero, según explican en los más encumbrados despachos K, se trató de ayudas en las sombras, más vinculadas a sus roles institucionales, que a un respaldo político, que prefieren evitar. El procurador, ex candidato a la vicepresidencia y ex secretario de Legal y Técnica de Cristina Kirchner, no dijo una palabra en público ni defendió la medida.

La postura del kirchnerismo tiene puntos de contacto con la que adoptaron los gobernadores disidentes. Alberto Fernández se abalanzó contra el máximo tribunal de Justicia con bríos, nada menos que el primer día del año electoral, con un largo y pomposo escrito. Y dedicó cada día de la semana que siguió a sumar apoyos, en especial del interior del país.

De avanzada, en la Casa Rosada adelantaron que, según diálogos preliminares, el apoyo sería mayoritario. Pero debieron conformarse con once jefes provinciales, que por lo bajo, también manifestaban desconfianza.

El resto de los caciques peronistas directamente esquivaron firmar. Incluido el entrerriano Gustavo Bordet, que figuraba en la primera versión del documento y pataleó para que lo sacaran cuando vio su nombre escrito.

Según el Presidente, había manifestado su conformidad “de palabra”. Como ellos, los dirigentes K eligieron, o bien mantenerse lejos; o bien limitarse a despotricar contra el fallo y denunciar los vínculos políticos con Juntos por el Cambio, omitiendo cualquier mención a la empresa del Presidente, a pesar de que se ajusta con creces a los parámetros de sus pedidos desde 2019 en el terreno judicial.

Ni Zannini, ni Soria, funcionarios del Gobierno vinculados directamente con el tema estuvo en la entrega de la presentación a los diputados encargados de impulsarla en la Cámara baja. El escrito fue extendido en mano por Alberto Fernández a dos de los tres principales líderes en la materia en Diputados -Germán Martínez, presidente del bloque, y Carolina Gaillard, titular de la comisión de juicio político- en Olivos, en una cuidada puesta en escena diseñada para darle volumen político.

Llamativamente, tampoco participó la titular de la Cámara baja, Cecilia Moreau, a pesar de que había sido convocada a la ceremonia política. La diputada integra las filas de Sergio Massa, que mantuvo una frialdad absoluta frente a la medida con aval, aunque a regañadientes, de Alberto Fernández.

El propio Alberto Fernández dijo, en una entrevista, que no había discutido el tema con Cristina Kirchner en privado, para contrargumentar las acusaciones, que tanto le molestan, de que en temas judiciales suele actuar para satisfacer a la vicepresidenta.

Pero con esas aclaraciones dejó al desnudo, al mismo tiempo, la relativa soledad, con excepción de algunos gobernadores, con la que aborda la cruzada. “Nada de lo que haga Alberto va a tener (nuestro) aval total. La relación está rota, no hay vuelta atrás, sólo hay desconfianza”, lanzaron desde el Instituto Patria.

La historia recién empieza y habrá que evaluar la actitud que adoptarán las espadas del kirchnerismo en la Cámara de Diputados, una vez el Presidente decida efectivizar el llamado a sesiones extraordinarias previsto -recién- para el 15 de enero (en Gobierno no quisieron explicar la demora a pesar del pedido de celeridad).

En el fondo, los legisladores K están de acuerdo con la iniciativa. Y según adelantaron fuentes legislativas, no tienen planeado complicar el tratamiento en el recinto si es que llega a esa instancia (según indica el poroteo en comisión del oficialismo, las perspectivas son buenas). Pero puertas afuera, por lo pronto se mantendrán apartados.

En el campamento dialoguista del Gobierno perciben el eco hueco que devuelven sus denuncias en las oficinas K. Esperaban más, lo admiten, porque están convencidos de que tienen real apoyo ideológico. Pero naufragan cuando intentan explicar las omisiones.

“La procesión parece que va por dentro”, es todo lo que pudo diagnosticar un alfil del Presidente. Acostumbrado a los desplantes que reciben los moderados del otro lado de la grieta interna, no manifestó sorpresa.