Después de una jornada de febriles negociaciones y varios traspiés, el Gobierno sigue haciendo esfuerzos por lograr el favor de más gobernadores al pedido de juicio político contra los jueces de la Corte, que hasta acá logró once adherentes.

Lo que tienen en la cabeza Alberto Fernández y algunos funcionarios es intentar convencer a los cuatro mandatarios “aliados” que responden a partidos provinciales -Arabela Carreras (Río Negro), Omar Gutiérrez (Neuquén) Gustavo Sáenz (Salta) y Oscar Herrera Ahuad (Misiones)- de que suscriban solamente el cuestionamiento al fallo que repuso fondos de la coparticipación a la Capital Federal, un asunto que afecta a sus provincias.

Por eso, ahora en la Casa Rosada dicen que el camino para intentar destituir a los jueces de la Corte es “más largo” y estiman que, a diferencia de lo que se anunció oficialmente ayer, el pedido a la comisión de Juicio Político de Diputados se presentará “casi seguro mañana”. Parece muy difícil que el Gobierno sume más adhesiones.

Un estrecho colaborador de uno de los gobernadores que están en la mira del Gobierno dijo a LA NACION: “Todo el tiempo nos tratan de convencer. El interés de los gobernadores que no firmaron es que se respeten las obras comprometidas para este año, porque una de las amenazas es que se suspendan esas obras para pagarle a la Ciudad. Pero es difícil que apoyen”.

Es evidente que la urgencia del Gobierno por avanzar con el pedido de juicio político tensó fuertemente la relación con varios mandatarios provinciales.

Una “adhesión parcial” como la que pretende la Casa Rosada, según un funcionario al tanto del procedimiento, no se podría efectuar en la presentación original del Gobierno, sino que debería ser posterior, mediante una presentación nueva de los interesados ante la comisión de Juicio Político. Trabajaba en la negociación con los gobernadores el propio Fernández -que hoy estuvo en Misiones- con la asistencia del secretario General de la Presidencia, Julio Vitobello.

Las plumas del escrito

El pedido de juicio político que hizo el Gobierno -y que por ahora logró la adhesión de once gobernadores- tiene 35 páginas y apunta a los cuatro ministros de la Corte Suprema, aunque no con la misma intensidad, ni por los mismos hechos.

Según pudo reconstruir LA NACION, aunque Fernández se despachó con el pedido de juicio político contra los jueces en el amanecer del primer día del 2023, el escrito se venía pergeñando desde hacía varios días y en su redacción intervino más de una pluma.

Estuvieron haciendo aportes y correcciones distintas áreas jurídicas del Gobierno, en especial el Ministerio de Justicia, donde tienen ascendencia el ministro Martín Soria y su vice, Juan Martín Mena, un funcionario muy considerado por Cristina Kirchner en materia judicial.

“Participó el Ministerio de Justicia y Alberto, que se puso en modo profesor de Derecho”, dijo una fuente de la Casa Rosada.

La secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra -frecuente guardiana jurídica de Fernández- esta vez no intervino en la confección del escrito y se mantuvo al margen del proceso. Ni ella ni el vicejefe de Gabinete, Juan Manuel Olmos, participaron el martes de la reunión del Presidente con los gobernadores. Ambos se tomaron unos días de descanso. Habían estado, en cambio, en la reunión del 22 de diciembre cuando el jefe de Estado y los gobernadores resolvieron apelar el fallo de la coparticipación.

El Presidente, por su parte, masticó el asunto hasta el 31 de diciembre, cuando finalmente se decidió a avanzar, e hizo pública su decisión al día siguiente, con un comunicado.

El escrito que pide el juicio político de los cuatro miembros de la Corte implica una escalada notoria del Gobierno. El juez más cuestionado es el presidente del tribunal, Horacio Rosatti. El escrito apunta que el titular de la Corte dijo en un encuentro de jueces que cualquier reforma judicial “va a ser la que cuente con el consenso del poder judicial”. Eso, según el Gobierno, fue “un condicionamiento a los otros Poderes” y “un verdadero alzamiento contra el orden constitucional”.

El pedido de juicio político del Gobierno también señala que Rosatti “tomó por asalto el Consejo de la Magistratura” y menciona los presuntos chats que fueron filtrados ilegalmente entre el director de la vocalía de Rosatti, Silvio Robles, y el ministro de seguridad porteño (ahora en uso de licencia) Marcelo D’Alessandro.

“Existe vasta jurisprudencia y doctrina respecto de la utilización de la información que llega a conocimiento de las autoridades públicas sin perjuicio de su origen”, se justifica el texto oficial sobre la fuente de ese material.

Respecto de Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda, el pedido de juicio político los cuestiona por haber votado a favor de declarar la inconstitucionalidad de la Ley N° 26.080-que redujo de 20 a 13 miembros la integración del Consejo de la Magistratura- y haber restituido la ley anterior.

Por último, apunta a los cuatro miembros del tribunal (los tres anteriores más Ricardo Lorenzetti) por el fallo que repuso parte de los fondos de la coparticipación a la administración de Horacio Rodríguez Larreta.

Polémica por las firmas

La dureza y el alcance de las acusaciones hicieron, por ejemplo, que el gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, que participó ayer de forma virtual de la reunión del Presidente y los gobernadores, declinó de apoyar la iniciativa.

De forma insólita, en la Casa Rosada incluyeron su nombre entre los adherentes, pero el mandatario entrerriano no estaba a favor de embestir contra los cuatro jueces y por esa cantidad de hechos. “No le gustó el tono que usaron algunos en la reunión. Quizás estaría de acuerdo en avanzar solo contra Rosatti”, estimó a LA NACION un funcionario que participó del encuentro.

Cerca de Bordet confirmaron que el gobernador de Entre Ríos no se correrá de su postura y no apoyará en absoluto el pedido de Fernández.

Además de Bordet, el Gobierno perdió el apoyo de otros gobernadores peronistas que en diciembre, cuando salió el fallo de la coparticipación, habían respaldado una réplica más moderada contra los jueces.

Al puntano Alberto Rodríguez Saá, que la vez anterior puso la firma para recusar a los jueces, esta vez no lo pudieron persuadir. “Con Alberto nunca se sabe, es muy difícil hacer que venga a Buenos Aires”, soltó un funcionario nacional.

El sanjuanino Sergio Uñac tampoco quiso ser parte de la movida. A diferencia de la vez anterior, ni siquiera se asomó a la reunión. “No está de acuerdo con esto que están haciendo en el Gobierno”, recalcaron en su entorno. Su actitud le valió la crítica del diputado kirchnerista y exgobernador de San Juan, José Luis Gioja, que dijo que Uñac “se dio vuelta como una media”. “Todo sea por una nueva candidatura”, lo chicaneó en alusión al pedido de Uñac de ir por un tercer mandato, un asunto que está judicializado.

El otro caso que generó mucha confusión fue el del gobernador de Chubut, Mariano Arcioni. El mandatario chubutense -que tiene buen vínculo con Sergio Massa- está en uso de licencia, de viaje en el exterior, pero la Casa Rosada incluyó su nombre como uno de los adherentes.

Un funcionario cercano a Fernández aseguró a LA NACION que Arcioni “está de acuerdo con la iniciativa”, pero que firmaría en su lugar su vice, Ricardo Sastre, que participó de la reunión con el Presidente de forma virtual pero no firmó el documento. En Chubut, consultados por este medio, confirmaron esa versión.