La reunión de los gobernadores con el presidente Alberto Fernández empezó a marcar el ritmo de la intención del Gobierno nacional de ingresar en el Congreso de la Nación un pedido de juicio político contra el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti y el resto de los miembros del máximo tribunal.
El proyecto de ley, según señaló el gobernador Axel Kicillof al salir del encuentro, se presentará hoy en la Cámara de Diputados y deberá ser girado a la Comisión de Juicio Político quien definirá si le da o no viabilidad al proceso.
Aunque los números en el Congreso son ajustados, fuentes del oficialismo confirmaron a Infobae que la presidenta de la Comisión, la diputada del Frente de Todos por Entre Ríos, Ana Carolina Gaillard, tiene asegurado el dictamen ya que cuenta con el voto positivo de 16 de los 31 miembros de la comisión, lo que le asegura la mitad más uno -Juntos por el Cambio tiene 14 y la otra silla es del presidente de del interbloque Federal Alejandro “el topo” Rodríguez-.
El proceso señala que una vez que la Comisión habilita la denuncia se inicia un sumario que incluye la citación de testigos, la solicitud de información a jueces federales, el pedido a un juez para que ordene interceptar conversaciones telefónicas y la declaración del propio imputado.
La propia Gaillard adelantó en diferentes programas periodísticos que no descartan citar a Rosatti y a los otros miembros de la Corte. Así como también al ahora con licencia ministro de Justicia de la Ciudad, Marcelo D´Alessandro.
Cuando la Comisión considera que concluyó la investigación y que tiene todos los elementos necesarios, al igual que con el resto de los proyectos de ley, necesita la mitad más uno para dictaminar. Y el Frente de Todos tiene el número para que se inicie el juicio político en la Cámara de Diputados.
El problema para el Frente de Todos comenzará en ese momento. El oficialismo tiene un bloque de 118 diputados y se necesita 171 diputados para aprobar un juicio político. Si los obtiene y se aprueba el juicio político con los dos tercios de los presentes en la Cámara, los diputados deberán elegir a uno o dos representantes que serán los encargados de llevar adelante la acusación.
En esta instancia es la Cámara de Senadores actúa como juzgado y será la encargada de dictaminar la inocencia o no de Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti. Si los dos tercios de la Cámara Alta encuentran culpables a los máximos magistrados, será destituidos con la prohibición de volver a ocupar cualquier otro cargo público.
Además de Kicillof, estuvieron presentes en la Casa Rosada los gobernadores Jorge Capitanich (Chaco), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Sergio Ziliotto (La Pampa), Gustavo Melella (Tierra del Fuego), Gildo Insfrán (Formosa), Gustavo Bordet (Entre Ríos) y Ricardo Quintela (La Rioja),. De manera virtual se sumaron la gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner, su par de San Juan, Sergio Uñac y el catamarqueño Raúl Jalil.
Al término del encuentro todos, salvo Uñac y Bordet, el resto de los asistentes firmaron el documento por el cual se anuncia el envío de un proyecto de ley pidiendo el juicio político y el pedido de apoyo a los diputados del Frente de Todos.
Tomando en cuenta las provincias que acompañan, el Frente de Todos hoy cuenta con un piso de 73 diputados que son los legisladores que responden políticamente a esos gobernadores.
Algo similar sucede en el Senado de la Nación en donde el interbloque del Frente de Todos cuenta con 35 legisladores y necesita 48 votos para que avance el juicio político.
Del total de los senadores del Frente de Todos, 18 responden directamente a los gobernadores que apoyaron la demanda contra los miembros del Máximo Tribunal.