El gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, no acompañará el pedido de juicio político que la Casa Rosada y casi una docena de sus colegas del PJ tienen previsto presentar en las próximas horas en el Congreso contra el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, y los otros tres miembros del tribunal.
Así lo confirmaron a Clarín en la tarde de este martes los voceros de Bordet, que participó de manera virtual del encuentro que se llevó a cabo al mediodía entre Alberto Fernández y los mandatarios provinciales para avanzar con el pedido de juicio político contra los cuatro cortesanos tras el fallo por la coparticipación en favor de la ciudad de Buenos Aires.
Y después de la filtración de una serie de supuestos chats de Telegram que, a última hora, había motivado un pedido de licencia por marte del ministro de Seguridad porteño, Marcelo D'Alessandro.
"No firmó el comunicado ni va a acompañar la petición contra los miembros de la Corte", aseguraron a este diario oficialmente desde Entre Ríos.
Es que, en una jornada repleta de negociaciones y presiones, y después de la reunión en Casa Rosada, el Gobierno difundió un comunicado oficial y los fundamentos del juicio político -que ingresará en la Cámara baja en las próximas horas- con la adhesión de 12 gobernadores.
Entre ellos, la de Bordet, que hasta última hora de este martes mantenía su decisión en medio de versiones encontradas.
El nombre del entrerriano fue incluido junto a los de Axel Kicillof (Buenos Aires), Raúl Jalil (Catamarca), Jorge Capitanich (Chaco), Mariano Arcioni (Chubut), Gildo Insfrán (Formosa), Sergio Ziliotto (La Pampa), Ricardo Quintela (La Rioja), Alicia Kirchner (Santa Cruz), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y Osvaldo Jaldo (Tucumán).
La decisión de Bordet sorprendió entrada la tarde al propio Presidente y a sus colaboradores. Consultados al respecto, en el entorno de Fernández resaltaron no solo que el gobernador participó del encuentro -hasta el final-, si no que incluso le había confirmado telefónicamente al jefe de Estado que acompañaría el proyecto, que formará parte del temario con la convocatoria a sesiones extraordinarias.
Hay otro dato que llama la atención: la presidenta de la comisión de Juicio Político es la diputada Carolina Gaillard, de Entre Ríos y de muy buen vínculo con el gobernador.
Gaillard entró por primera vez a la Cámara baja por el respaldo del ex mandatario Sergio Urribarri, y en los últimos tiempos trabó una buena relación con el Presidente. Lo cierto es que la deserción del jefe entrerriano se da en un contexto particular.
Hasta última hora de este martes, el puntano Alberto Rodríguez Saá, por ejemplo, no se había plegado a la iniciativa. Tampoco Omar Gutiérrez, Arabela Carreras, Oscar Herrera Ahuad y Gustavo Sáenz, que la semana emitieron un comunicado propio mucho menos duro que el de los gobernadores del PJ y del kirchnerismo, y el del Presidente, que instaló el "desacato" a la decisión de la Corte que favoreció a la administración de Horacio Rodríguez Larreta.
Esta vez, el sanjuanino Sergio Uñac tampoco fue de la partida: es uno de los jefes provinciales que busca perfilarse como una opción de centro, menos combativo que colegas como Zamora, Capitanich o Kicillof -los tres se referencian en Cristina Kirchner-, los más vehementes en la defensa del juicio político a la Corte en general, y a Rosatti en particular.
Bordet, según confiaron en su entorno, tenía previsto suscribir una documento vinculado a la discusión por la coparticipación. De hecho, fue lo que hizo en las semanas previas. Pero, según trascendió, no quiso convalidar la utilización de chats reservados que se filtraron por un hackeo.
El gobernador de Entre Ríos forma parte del grupo de mandatarios del centro del país junto a Juan Schiaretti y Omar Perotti, que de entrada se mantuvieron al margen de la avanzada del Gobierno contra el máximo tribunal de Justicia.
Según pudo reconstruir este diario, Perotti fue uno de los que trabajó activamente en contra del pedido de juicio político. Tanto él como su par cordobés tienen un nexo aceitado con un sector de la Corte.