Alberto Fernández sabe que es imposible que en la Cámara deDiputados apruebe el pedido de juicio político al presidente de la Corte Suprema,Horacio Rosatti. El oficialismo no cuenta con la mayoría en el recinto paravotarlo. Su objetivo, tal vez, sea más módico pero no menos dañino: someter aRosatti y al máximo tribunal a un ciclo de desgaste permanente con testimoniosy citaciones a la Cámara baja para que se ventilen sus manejos en la Corte.
La Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputadoscuenta con 31 miembros, 16 del oficialismo, 14 de Juntos por el Cambio y 1 delinterbloque Federal. Es presidida por la oficialista Carolina Gaillard,legisladora que responde al gobernador entrerriano Gustavo Bordet, uno de losmandatarios firmantes del comunicado que repudió el fallo de la Corte Supremaque ordenó restituir los fondos coparticipables a la ciudad de Buenos Aires.Fiel a los dictados de la Casa Rosada y de su gobernador, Gaillard ya sepronunció a favor del enjuiciamiento a Rosatti, pese a que aún la Casa Rosadano presentó la iniciativa.
“Estamos viviendo un momento de gravedad institucionalenorme”, sostuvo Gaillard a LA NACION. “Eso es lo que está en cuestión a partirde los chats que se conocieron, los cuales muestran la connivencia de la Cortecon el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. A ello se suman otros factores,como la arbitrariedad del fallo de coparticipación (que le restituye fondos ala Ciudad) y la intromisión del Poder Judicial en el Poder Legislativo ennombramiento de consejeros en la Magistratura. También, la puesta en vigenciade la vieja ley del Consejo de la Magistratura derogada hace 16 años sólo parareponer a Rosatti como presidente de ese cuerpo.”
El oficialismo no descarta que, además del pedido deenjuiciamiento a Rosatti, se traten en simultáneo los pedidos de juiciopolítico que otros miembros del oficialismo presentaron con anterioridad contramiembros de la Corte.
“La Coalición Cívica presentó un pedido de enjuiciamientocontra Ricardo Lorenzetti, muy bien fundado”, acicatean. En el cajón tambiénestá pendiente una solicitud similar contra el juez Carlos Rosenkrantzpresentado por la oficialista Vanesa Siley.
La oposición no se quedará de brazos cruzados. “Si avanzancon el enjuiciamiento a la Corte, nosotros vamos a insistir con el pedido dejuicio político a Fernández”, advierten. Será inútil porque no cuenta con la mayoríapara hacerlo, pero sumará tensión al debate.
El oficialismo, con sus 16 miembros, cuenta con mayoría enla Comisión de Juicio Político (tiene 31 integrantes en total). Para activar deinmediato el enjuiciamiento a Rosatti, el presidente debería convocar asesiones extraordinarias -el Congreso está actualmente en receso- e incluir elproyecto respectivo en el temario. De lo contrario, el trámite recién deberíacomenzar en marzo próximo, con el inicio de las sesiones ordinarias.
Una vez ingresado el pedido de enjuiciamiento en laComisión, sus integrantes deberán evaluar si existen indicios serios ysemiplena prueba de causales graves que hagan a la procedencia del juiciopolítico. Todo indica que la mayoría oficialista votará afirmativamente, con locual se iniciaría el sumario y la investigación correspondiente.
Las facultades de la comisión
Este proceso puede resultar largo y, para quien estásometido a la investigación, a un desgaste costoso en términos de imagenpública. Si bien el oficialismo no diseñó su estrategia todavía -se aguardará ala reunión que mantendrá mañana con los gobernadores del PJ-, se descuenta queconvertirán a la Comisión de Juicio Político en un desfile de testigos ytestimonios para esmerilar a los jueces.
En efecto, entre sus atribuciones, la Comisión de JuicioPolítico podrá, además de citar testigos, pedir informes, realizarinspecciones, labrar actas y tomar cualquier medida que sea pertinente.Asimismo, la Comisión puede pedir a los jueces expedientes judiciales que se encuentranen trámite o copia de los mismos, órdenes de allanamiento o de secuestro,intercepción de correspondencia o comunicaciones telefónicas, el registro decomputadoras y el que se traiga por la fuerza pública a testigos si fueremenester, para llevar a cabo la investigación de los hechos y la producción dela prueba. Estas medidas no podrán atentar en contra del secreto profesional delos abogados defensores.
Una vez concluida la etapa de la investigación, los miembrosde la Comisión deberán emitir un dictamen que recomiende o no la acusación delfuncionario ante el recinto de la Cámara baja. Se descuenta que el oficialismo,con su mayoría, dará su aprobación, pues se necesita solo la mayoría simple.Sin embargo, hasta allí llegará su poder: para que prospere en el plenario delcuerpo se requerirán los dos tercios de los votos, mayoría que no cuenta.Fracasará, pero al menos logrará haber sometido a los jueces a un fuertedesgaste, con el agravante de que los dictámenes perduran tres años.
